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El Defensor del Pueblo pide que vuelva la luz a la Cañada Real. Ángel Gabilondo también ha criticado la “opacidad” de la tarifa PVPC y la falta de vivienda pública.   Este jueves, 7 de abril, el Congreso de los Diputados ha escuchado al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, en la presentación del Informe anual (2021) de la institución. En su comparecencia, la vivienda, los refugiados y la luz han sido temas estrella. Además, en el informe se hace una firme exigencia de soluciones para la Cañada Real. El Defensor del Pueblo ha afirmado en la Cámara Baja que «el parque público de viviendas sociales es exiguo y no da respuesta a todas las demandas que reúnen los requisitos». Esta reclamación viene a responder a la multitud de quejas recibidas relacionadas con el acceso a la vivienda. La ciudadanía ha encontrado problemas tanto en las listas de espera de adjudicación de viviendas como en los retrasos con las ayudas al alquiler. El precio de la luz y los refugiados. Otro elemento de actualidad que ha sido el precio de la luz. Gabilondo ha denunciado la “opacidad” de la tarifa PVPC, tarifa regulada a la que se acogen los consumidores más vulnerables. Ante esta situación, el Defensor del Pueblo ha informado de que abrieron una actuación que aún se encuentra “en trámite”. Por otro lado, destacan las quejas relativas a «la insuficiencia de los servicios de reclamaciones» para los clientes de bancos y servicios financieros. Tradicionalmente, las reclamaciones se realizaban en el Banco de España o en la Dirección General de Seguros. Sin embargo, justo esta semana, el Gobierno estatal anunció la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero. Esta figura impulsada desde el Ministerio de Consumo podría contribuir a paliar la indefensión de este tipo de consumidores. También se ha referido a la llegada de personas refugiadas procedentes de Ucrania, con una importante presencia de menores que cifra en el 40%. Gabilondo ha reclamado a la ciudadanía una “solidaridad responsable” y una “acogida organizada”. Y ha advertido a las instituciones de que la acogida de estas personas puede retrasar y perjudicar la resolución de otras demandas de asilo y refugio de personas migrantes que llevan tiempo esperando la resolución de sus casos. Luz para la Cañada Real. Además, el citado informe se ha referido a la dramática situación que vive la población que reside en la Cañada Real. Según el Defensor del Pueblo, las recomendaciones del informe del año 2020 se han cumplido para el sector 5, pero no para el sector 6. La institución se muestra escéptica con la política de realojos, desarrollada a través de una subvención a los Ayuntamientos de Madrid y de Rivas-Vaciamadrid. Gabilondo afirma que estos “no debieran servir de excusa para pensar que el problema se resolverá a través de la eliminación de los viviendas existentes en la zona en un plazo de tiempo aceptable”. Estas políticas harían ver sus efectos en el largo plazo, por lo que constituirían una respuesta insuficiente a corto plazo. Es por eso que reclama de forma clara y contundente que las familias de la Cañada Real vuelvan a tener acceso a la luz, que califica de “suministro esencial”. Por tanto, el Defensor del Pueblo ha reafirmado las declaraciones que ya hizo el pasado 29 de marzo: en ellas, declaró que “la situación tiene ya dimensiones de urgencia humanitaria y se ha reiterado la solicitud de abordar una solución con celeridad”.