El redactor de El Salto presentará el libro ‘El Estado feroz’ el próximo 23 de enero en la Casa de Asociaciones de Rivas “La España feliz no resistió a la crisis global”. Esta es la contundente frase con la que comienza el relato de ‘El Estado Feroz’ (Verso, 2024), el nuevo libro (y primero en solitario) del periodista Pablo Elorduy, redactor y cofundador del diario El Salto. Aunque se licenció en Historia del Arte, lleva desde 2008 diseccionando la actualidad y se ha convertido en un cronista político al que muchos leen, no solo por su lucidez, sino también por ser una voz independiente dentro del ‘establishment’ mediático. Aunque en su libro relata cómo ha operado el llamado “Estado profundo” en la historia reciente de nuestro país, desde el principio deja de manifiesto algo más crudo sobre ese “Estado feroz”: para laminar alternativas políticas, no han hecho falta conspiraciones, ni operaciones secretas, ni la existencia de un “Estado paralelo”. Han bastado algunos políticos, empresarios, jueces y periodistas que han actuado a plena luz del día en la represión del 1 de octubre catalán, en las investigaciones judiciales abiertas (y archivadas) a Podemos o en los editoriales de los grandes medios de comunicación. El próximo 23 de enero a las 19 h., Pablo Elorduy presentará su libro en el Salón de actos de la Casa de Asociaciones de Rivas (Avenida Armando Rodríguez s/n), de la mano del Ateneo Republicano de Rivas. Habrá un coloquio con el autor, preguntas del público y unos minutos para la firma de libros. ¿Qué sucedió para que en la Transición lograra pervivir ese Estado profundo? Estamos hablando de los años 70 y de una concatenación de circunstancias que se dan en todo el mundo, al menos en el mundo occidental, que configuran un modelo social, político y económico que llega al menos hasta el final de la URSS y, en cierta medida hasta hoy. Para concretar, en el caso del reino de España que, pese a que no tuvo rey durante los 39 años de Franquismo funcionó como Reino, debemos tener en cuenta esas circunstancias internacionales. Estados Unidos apostó inequívocamente por un modelo de democracia que privilegiase a dos partidos y que tuviera un Tribunal Constitucional que estableciera cortapisas hasta el punto de poder funcionar como “freno de emergencia”, como hemos visto recientemente con un hecho sin precedentes como la paralización de una votación en el Senado. Ese modelo pretendía dejar fuera de juego al comunismo y tampoco se adaptaba bien a los anhelos soberanistas o federales de otros pueblos y sensibilidades. De este modo, se establecieron unas reglas del juego determinadas que, tanto los sectores llamados aperturistas del régimen franquista como gran parte de las fuerzas opositores, acogieron en algunos casos como “mal menor” para después hacerse fervorosos militantes de aquella idea de la Transición exitosa sin derramamiento de sangre. Sabemos, no obstante, que sí se derramó sangre y que se mantuvo la amenaza militar durante mucho tiempo —al menos hasta el 23 de febrero de 1981— como forma de contrarrestar la potencia de la transformación. Hace poco, entrevisté a Raquel Varela, especialista en la Revolución de los Claveles portuguesa, que me explicó cómo uno de los objetivos de EE UU era impedir un movimiento similar al portugués en España. Con esto no quiero decir que todo fuera absolutamente teledirigido, pero sí que, aunque quienes han escrito la historia subrayan el papel de determinados políticos o del jefe de Estado de aquella época, España nunca ha sido una isla y la Transición fue producto de su época. También en cuanto a la escasa penetración que tuvo la democracia en determinados estamentos. ¿Alguna vez hubo intención real de que desapareciera ese estado profundo franquista? A lo largo de estas cuatro décadas ha habido distintos intentos de extender la democracia hacia aquellas partes del Estado que, en todo espacio y tiempo, vigilan aquello que se llama la “razón de Estado”. El último intento parece ser la propuesta del Plan de Acción por la Democracia anunciado por el Gobierno tras los cinco días de reflexión que Pedro Sánchez se tomó para pensar sobre la “máquina del fango”. Antes, podemos hablar de los procesos para desactivar la guerra sucia en el Ministerio de Interior. En todo caso, una muestra de la insuficiencia de estas medidas es que la Ley de Secretos Oficiales de 1968 sigue viva. Esta establece que nunca se darán a conocer determinados detalles de la actividad de ese Estado que opera entre bambalinas, lo que no es otra cosa que una garantía de impunidad: si alguien que tiene que tomar una decisión ilegal o ilegítima tiene la salvaguarda de que nunca se conocerá su responsabilidad, es más fácil que se salte esas garantías. Creo que las intenciones existen y soy consciente de que hay muchas personas que trabajan para esos ministerios o instituciones que abogan firmemente por la democratización y transparencia de las mismas, pero los distintos gobiernos han preferido no abrir esos debates para no enemistarse con estamentos poderosos como son los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado o los grandes halcones militares a medio camino entre los Ejércitos y la industria armamentística. En mi opinión, es un deber de la ciudadanía informada reclamar mayor transparencia y democracia para hacer que los Gobiernos no tengan más opción que llevar a cabo una verdadera acción en ese sentido. ¿Qué precedentes hay de esa acción represiva contra las fuerzas de izquierda o los nacionalismos? Estamos hablando de prácticas muy arraigadas en la historia reciente, y no tan reciente, del reino de España. En los últimos años hemos visto cómo se ponían en marcha operaciones como las que trataron de desacreditar a los líderes del Procés en Catalunya o contra Podemos. Estas prácticas siguen un libreto que se basa en la persecución del enemigo interno como son los separatistas, por usar sus palabras, o los comunistas. En el caso del independentismo, el precedente más claro es la guerra sucia, el terrorismo de Estado, encarnado en el
