«Las administraciones deben tener un papel proactivo en todo este proceso y no limitarse a recibir las solicitudes y documentación » reclama Gabilondo.
Ángel Gabilondo, Defensor del Pueblo, ha entregado su Informe de actividad de 2022 a la Presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet. En su Informe, por tercera vez consecutiva, reserva un espacio para denunciar la situación de la Cañada Real y las actuaciones de la institución.
Solución al problema del suministro eléctrico en la Cañada Real
Gabilondo señala en el Informe que las Recomendaciones que emite la institución que encabeza se han centrado «en el carácter humanitario de las actuaciones que procede llevar a cabo». Estas medidas que le corresponde a los poderes públicos, dice el Defensor, están «vinculadas a la salvaguardia de la dignidad humana, fundamento del orden político y de la paz social, en los términos del artículo 10 de la Constitución.
La dignidad del numeroso grupo de personas residentes en la Cañada Real Galiana no puede ser protegida adecuadamente si carece de acceso al suministro eléctrico.
Informe 2022, Defensor del Pueblo
El informe refiere que son «varios» los derechos constitucionales afectados como el derecho a la integridad física, a una vivienda digna, a la salud y a la protección de la familia, los menores y la tercera edad. Ante esta situación, defiende el texto, «para imprescindible procurar un determinado nivel de acceso al suministro eléctrico. Las medidas que se deben poner en marcha «debieran mantenerse en tanto no se produzcan los realojos o no sea posible arbitrar una solución transitoria, como la que el Defensor del Pueblo ha apuntado en sus Recomendaciones».
El Defensor del Pueblo entiende que la «posibilidad de suministro regular y normalizado de energía
eléctrica depende de la situación urbanística de las edificaciones» y, para solucionar esta situación le propone a las administraciones públicas diferentes actuaciones en función de la situación urbanística de las mismoas.
Sin respuesta de las administraciones
«Las administraciones deben tener un papel proactivo en todo este proceso y no limitarse a recibir las solicitudes y documentación que, en su caso, puedan presentar los interesados», recoge el Informe, que señala el Pacto Regional por la Cañada Real Galiana como ejemplo de esa proactividad. Por ello, el Defensor ha dirigido Recomendaciones a las consejerías de Sanidad y de Medio Ambiente, Vivienda y
Agricultura de la Comunidad de Madrid; al Comisionado de la Comunidad de Madrid para
la Cañada Real; y a los ayuntamientos de Madrid, Rivas Vaciamadrid y Coslada. Tal y como se indica en la web del Defensor del Pueblo, ninguna de estas administraciones ha respondido a las Recomendaciones formuladas en noviembre.
A las administraciones locales se han remitido dos recomendaciones: Que se facilite a las personas afectadas la obtención de la información urbanística necesaria para determinar las viviendas que se hallan fuera de ordenación y que no cuentan con suministro eléctrico regular y que se adopten medidas para que las viviendas sitas en la Cañada Real Galiana que se encuentren en situación urbanística de fuera de ordenación, puedan acceder a un suministro eléctrico normalizado.
A las administraciones regionales, por otro lado, se les ha solicitado:
Que se inste a las administraciones públicas a facilitar el acceso al suministro eléctrico a las personas residentes en los sectores V y VI de la Cañada Real Galiana, incluso prestándolo de forma directa con carácter provisional, si fuera necesario. Todo ello por razones humanitarias.
Que coordine la actuación de los ayuntamientos y las consejerías de la Comunidad de Madrid para identificar a las personas electrodependientes residentes en la Cañada Real Galiana, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptando las medidas necesarias para que dispongan de un suministro eléctrico estable.
Que ofrezca su colaboración a las administraciones públicas para adoptar medidas para que las viviendas sitas en la Cañada Real Galiana que se encuentren en situación urbanística de fuera de ordenación, puedan acceder a un suministro eléctrico normalizado.
Garantizar la participación en el proceso de los afectados a través de la Asamblea de la Cañada Real Galiana, manteniéndoles informados en todo momento.
Finalmente, el Defensor del Pueblo ha solicitado al Comisionado Regional información sobre los planes de realojos existentes, pidiéndole que detalle «los criterios de priorización que se hayan establecido y su previsión temporal, así como el número de personas afectadas en cada una de las diferentes fases en que se organicen».
