La definición de «zona tensionada» es uno de los motivos que el gobierno de Ayuso esgrime para acudir al Tribunal Constitucional.
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha decidido interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la Ley estatal de Vivienda aprobada por el Gobierno central este año y que entró en vigor en mayo pasado. El Ejecutivo madrileño adopta esta medida de acudir al alto tribunal al considerar que varios de sus artículos invaden competencias recogidas en su Estatuto de Autonomía.
La Comunidad de Madrid, con el respaldo de su Abogacía General, estima también que la nueva Ley de Vivienda se extralimita en la interpretación de las materias sobre las que el Estado, según el artículo 149 de la Constitución Española, tiene competencia.
El Gobierno madrileño defiende que existen argumentos para sostener la inconstitucionalidad de hasta 11 apartados de 8 artículos de dicha norma estatal y también de una de las disposiciones finales relativa a la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El eje de su razonamiento está en el hecho de que la vivienda es una competencia exclusiva de la Comunidad de Madrid.
Los aspectos en los que se fundamenta el recurso ante el TC inciden en la excesiva regulación por parte del Estado en lo que se refiere al derecho a la vivienda, a la normativa en materia sobre protección pública o a la definición de las zonas de mercado residencial tensionado.
Según lo dispuesto en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, los órganos ejecutivos de las Comunidades Autónomas están legitimados para plantear recurso de inconstitucionalidad frente a leyes, disposiciones o actos con fuerza de ley del Estado que afecten a su propio ámbito de autonomía.
Zonas tensionadas
Este recurso, si prospera, podría afectar hasta a 33 municipios de la Comunidad de Madrid, según un estudio de Idealista que recogió Zarabanda hace un mes. Entre ese 18% de municipios se encuentra Rivas, así como los 19 municipios de los 24 de la región con más población. Estos municipios, según Idealista, cumplen los requisitos para ser declarados “zona de mercado residencial tensionado”. La declaración de zona tensionada, que tiene que llevar a cabo la comunidad autónoma, supodría poder aplicar distintas medidas como:
a) Promover fórmulas de colaboración con las administraciones competentes y con el sector privado para estimular la oferta de vivienda asequible en dicho ámbito y en su entorno.
b) El diseño y adopción de medidas de financiación específicas para ese ámbito territorial que pudieran favorecer la contención o reducción de los precios de alquiler o venta.
c) El establecimiento de medidas o ayudas públicas específicas adicionales dentro del plan estatal de vivienda vigente, de acuerdo con las previsiones que en su caso éste establezca.
