El pasado mes de febrero, el Gobierno de España puso en marcha una nueva línea de avales para ayudas a compras de primeras viviendas. Estos avales, de 2.500 millones de euros, se otorgarán a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para ayudar a jóvenes de menos de 35 años y a familias con menores a su cargo. Se trata de una medida que pretende facilitar el acceso a una hipoteca a miles de jóvenes que, a pesar de tener ingresos, no pueden asumir la entrada que requiere comprar una vivienda. Estas cantidades de dinero son prohibitivas para la gente joven, así que los avales cubrirán hasta el 20% del préstamo, pudiendo incrementarse hasta el 25% si la vivienda tiene una buena calificación energética.
Para acceder a estos avales que pone en marcha el Gobierno progresista, es necesario ser mayor de edad, residir legalmente en España durante al menos los últimos dos años y no poseer otra vivienda. Además, se establece como requisito adicional no superar los 37.800 euros de ingresos anuales, es decir, poco más de 3.000 euros brutos mensuales. Teniendo en cuenta que la renta media de la gente joven no supera los 16.000 euros anuales, se puede afirmar que esta medida llegará a la mayoría jóvenes de nuestro país.
Esta es, sin duda, una iniciativa que alivia en gran parte la barrera de financiación que sufre la juventud hoy en día. Sin embargo, queda la otra parte fundamental del problema de acceso a la vivienda en España, que son los precios. Nuestra generación está inmersa en una lucha constante por acceder a una vivienda que permita la construcción de un proyecto de vida digno, todo ello, en medio de un mercado inmobiliario sin control y donde la especulación está a la orden del día.
Siendo sinceros, necesitamos algo más que medidas financieras para garantizar el derecho de la juventud a una vivienda digna. Hay que ir a la raíz del problema: una apuesta decidida por la vivienda pública. Necesitamos que se destinen todos los recursos disponibles a esta cuestión, además de abordar la limitación de los precios y combatir firmemente la especulación. La vivienda no debería ser tratada como un mero bien de mercado, sino como un derecho fundamental que garantice la dignidad y el bienestar de todos los ciudadanos y ciudadanas.
Es hora de que todas las administraciones públicas asuman este reto y actúen con determinación para garantizar que los jóvenes puedan emanciparse y formar un proyecto de vida digno. Únicamente podremos lograrlo con una visión integral que ponga a la juventud en el centro de las políticas de vivienda.
La juventud no puede esperar más. Es hora de actuar.
