De nuevo, miles de taxistas se manifiestan contra el gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso. Y lo hacen contra una forma de gobernar en la que el PP y su presidenta, al frente, están utilizando las instituciones para privatizar el sector público del taxi, creando un grave perjuicio para los trabajadores y trabajadoras y, sobre todo, un daño irreparable a miles de usuarios y usuarias, ya que todas estas modificaciones de la ley que pretenden implementar desde el gobierno del PP en la Comunidad de Madrid van destinadas a la desaparición de un sector esencial como es el taxi.
Desde permitir la propiedad de 50 licencias de taxi a una sola persona jurídica (como sucede con los vehículos VTC) para que estas empresas tengan el control del mercado, la implementación de precios por demanda según la necesidad del servicio (pudiéndose incrementar el precio en el taxi en función de la alta demanda como sucede con Uber o Cabify) o la eliminación de los requisitos para conductores con el fin de acabar la profesionalización del servicio.
Sin olvidar, además, su medida estrella, que es la liberalización completa de horarios, permitiendo trabajar las 24 horas los 7 días de la semana, lo que significaría la precarización del sector y una estocada en el corazón del taxista autónomo y del asalariado en favor de los grandes empresarios y las multinacionales como Uber, Cabify o Free Now, y afectando gravemente a la conciliación familiar o incluso a su salud tanto física como mental.
Todo ello sin contar con las adjudicaciones de contratos sanitarios a Uber en estado de alarma por unas cantidades desorbitadas de dinero público y de otras licitaciones recientes a varias empresas de VTC por un millón y medio de euros, unos servicios que el taxi estaba haciendo por cincuenta mil.
Por otra parte, la denominada «ley Uber de Ayuso» está en los juzgados después de que el Constitucional admitiera a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado desde Taxi Project (con el apoyo de Unidas Podemos y 54 diputados) por vulnerar las competencias de la autonomía local.
En Rivas, el pasado 27 de octubre, a través del grupo municipal Podemos Rivas, presentamos una moción (a la que se opuso el PP de Rivas) contra esta ley que atenta contra los derechos y la libertad de todas y todos los vecinos y vecinas de Rivas, ya que Ayuso ha vulnerado la autonomía local quitándole competencias a los Ayuntamientos. Es decir, el PP y su Presidenta al frente, con la complicidad del PP de Rivas, han quitado a los y las ripenses la libertad de decidir.
Con estos mimbres, ¿qué podemos hacer? ¿Van a legislar para favorecer a las grandes constructoras en detrimento de nuestros vecinos? ¿Van a continuar lapidando la educación pública mientras destinan recursos públicos a la privada? ¿Van a denigrar a la empresa púbica para su desmantelamiento? Del PP esto es lo que nos podemos esperar.
A nosotras nos toca seguir trabajando y actuar, porque la Rivas del presente se juega los servicios públicos del futuro, con unas infraestructuras educativas y sanitarias que no pueden esperar más y con la garantía de frenar las desigualdades generadas por el modelo liberal de la Comunidad de Madrid, el modelo del desastre de 25 años del Partido Popular. Toca salir a defender nuestra principal seña de identidad.
Nos vemos en las calles por la defensa del taxi.
Carlos Rodríguez Expósito (Vicepresidente de Taxi Project) y Vanessa Millán Buitrago (Portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Rivas y Concejala de Transición ecológica.
