La mayoría de los jueces están aplicando bien las penas por delitos sexuales. Existe en el Código Penal una disposición transitoria que indica que ‘si la pena aplicada es aplicable con la nueva Ley, no cabe rebaja de la pena’. Son algunos jueces los que, pudiendo aplicar la nueva Ley en el espíritu que persigue, ignoran esa disposición para hacer interpretaciones a la baja, situando en mínimos las penas a los violadores. Ante esta forma de actuar, solo caben dos interpretaciones: responde a su propia personalidad machista, o se trata de una campaña orquestada, de ‘acoso y derribo’ contra la ministra Irene Montero o contra el Gobierno de coalición, incluso forzando a que, si consiguen la primera, traiga como consecuencia la segunda.
La ley conocida como del ‘solo sí es sí’, o Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, blinda los derechos de las mujeres, principalmente al no tener que explicar ‘si pusieron suficiente resistencia ante sus agresores’. Y que la cuestión principal para determinar si hubo agresión sexual sea ‘si hubo o no consentimiento’. Solo el 8% de las mujeres denuncian las agresiones sufridas.
Esta es una Ley que fue elaborada por el Ministerio de Igualdad, junto con el Ministerio de Justicia, respaldada por todo el Gobierno y defendida expresamente por el Presidente Pedro Sánchez. Fue aprobada en el Parlamento por 201 votos a favor y solo en contra los diputados del Partido Popular y Vox. Aplaudida por el Parlamento Europeo, y puesta como ejemplo para imitar en los países de la UE.
Irene Montero representa uno de los activos más importantes en Podemos, pero confluyen en la ministra varias características que no gustan a la derecha y ultraderecha: es mujer, no procede de las clases influyentes (han usado como insulto que trabajó en un supermercado) aunque es Psicóloga especializada en Educación, ha conseguido aprobar dos de las leyes más importantes de la legislatura, ha acusado de ‘machistas’ a algunos jueces y es una luchadora irreductible. Es la compañera de Pablo Iglesias, a quien acosaron desde todos los poderes mediáticos hasta conseguir su dimisión. El domicilio familiar de la ministra I. Montero, ha sufrido un escrache, de noche y de día, durante más de veinte meses, sus hijos han sido acosados en el cole y a ella la han insultado en numerosas ocasiones públicamente, hasta en el Congreso de los diputados, pero no han conseguido que dimita, ni que se rompa la coalición de Gobierno.
La carrera judicial en España está copada por los descendientes de los jueces que ejercían durante la dictadura de Franco. Es una carrera cara, larga y de mucha dedicación, tanto, que solo es accesible a aquellas familias que pueden permitirse que sus hijos e hijas, ya bastante mayores, no necesiten trabajar y solo se dediquen a estudiar, primero carrera y después oposiciones. Para los hijos e hijas de familias trabajadoras, eso es muy difícil. Es la razón por la que la mayoría de los jueces y juezas son de ultraderecha y derecha; progresistas unos pocos, y de izquierdas pocos más de los que pueden contarse con una sola mano.
Este es el principal error de la Ministra y del Gobierno que aprobó la Ley: quienes tenían que aplicarla eran estos jueces, con sus ideologías y características personales y en muchos casos alineados con las estrategias de la derecha y ultraderecha, cuyo único objetivo es acabar con el Gobierno, empezando en este caso por la Ministra I. Montero, como antes lo hicieron con P. Iglesias o como lo intentaron con Alberto Garzón. Y la cosa no acabará aquí, seguro que en breve cargarán también contra Yolanda Díaz, todas aquellas ministras que consideran no merecedoras de estar en el Gobierno, porque piensan que gobierno y país son solo suyos, de los que se autodefinen nacionalistas y/o constitucionalistas, aunque sean los primeros que se niegan a acatar la Constitución, como la no renovación de los órganos judiciales, claro, por ser estos quienes les protegen. En la Ley queda bien claro el espíritu que persigue, pero debería haberse acotado a los jueces la posibilidad de libre interpretación. A pesar de la disposición transitoria en el Código Penal, que indica ‘que no cabe rebaja de la pena’, también la propia Ley tendría que incorporar esa advertencia.
La Ley del ‘solo sí es sí’ es una victoria principalmente de las mujeres. La primera sentencia a ‘la manada’ desató una tremenda oleada de protestas, que llevó al Gobierno a plantearse elaborar una nueva ley, en la que se unificaran los delitos de abusos y agresión sexual, en la que, el centro punitivo fuera el consentimiento explícito de la mujer, de no haberlo, cualquier actuación es considerada como agresión sexual.
La realidad es que muchos casos específicos han subido de pena y unos pocos han bajado. Solo una de cada cuatro sentencias revisadas tras el ‘solo sí es sí’ derivó en una rebaja de penas a un agresor sexual. Unos 380 presos han visto reducida su condena, en días, semanas o algunos meses. Y que se haya hecho público, se ha producido una sola excarcelación. Lo que sí es conocido, es que se están poniendo de manifiesto profundas diferencias de criterio entre jueces de las distintas comunidades autónomas. Pero escuchando o leyendo a muchos medios de comunicación, pareciera que se han abierto las puertas de las cárceles para que salgan los violadores. Esta es la manipulación mediática, siempre con el mismo objetivo: acabar con el Gobierno de coalición progresista.
Probablemente se terminará reformando la Ley del ‘solo sí es sí’, ojalá sean valientes y sensatos y no menoscaben esta gran victoria de las mujeres.
JuanM del Castillo
