Las marrullerías de todo tipo (legales e ilegales), por parte de los gobiernos del PP en la Comunidad de Madrid desde 2003 (Tamayazo), no pillan por sorpresa a trabajadores sanitarios y a la población en general: privatizaciones, derivaciones, externalizaciones, descapitalización, carencia de plantillas, aumento de las listas de espera incompatibles con la salud, promoción indirecta de los seguros privados, …, en definitiva, antes y ahora poniendo el negocio por encima de la salud.
Sin embargo algo está cambiando: a peor, naturalmente.
Hasta ahora el robo quedaba matizado por unas ‘supuestas’ formas. Que el latrocinio llevado a cabo por algún alto cargo salía a la luz, pues se le cesaba. Igual se procedía si lo sucedido ‘no era del todo decente’: se prometía que la cosa no iba a volver a repetirse, se cambiaba al ‘infractor’ por otra persona de la misma cuerda y, por supuesto, cuando se habían olvidado un poco las cosas, se le colocaba en otro puesto, para poder seguir ‘haciendo política’ a mayor gloria personal y del partido (y del sacrosanto negocio, por supuesto). En definitiva, se podía ser ‘indecente’, pero nunca parecerlo.
Pero el pasado 4 de febrero se ha ido un paso más allá. En la línea de la ‘modernidad’ ultraderechista que, siguiendo la estela de personajes como Trump o Bolsonaro, se viene imponiendo en nuestro entorno (y no solo entre quienes nos gobiernan, sino también en grandes capas de la población –no parece que contra esa pandemia estemos inmunizados, como tampoco lo están los estadounidenses-), una gerente de un hospital público madrileño –a esta la han cazado infraganti, a otras todavía no- siguiendo los deseos del gobierno que la ha nombrado, no tiene reparos en ordenar que se quiten los móviles a los pacientes y no se les permita contactar con sus familias para poder ser trasladados ‘sin problemas’ al “mejor hospital del mundo para Covid”, ordenando, incluso, que no se les comunique el traslado hasta que ya están en la ambulancia.
Ya no es solo transgredir la Ley, ahora se trata de una cuestión de falta de ética en la que, desde una postura prepotente, inmoral e indecente, se cometen actos crueles con los enfermos y sus familias.
Estos actos no los comete cualquiera, sino que se hacen desde cargos de la Administración que, en una sociedad democrática, deberían estar al servicio de la ciudadanía, que por otra parte es quien les paga.
Pero en que no solo se trata de quien comete estos delitos/indecencias, es que además quien tiene la última responsabilidad para mantener a ‘personajes’ así en el cargo es la Sra. Presidenta de la Comunidad, y ¡¡vaya si los mantiene!! y ¡¡encima los justifica!!
El 4 de febrero será un día difícil de olvidar que marca un antes y un después.
Un hecho de estas características vale más que millones de palabras. A través de lo sucedido queda patente cómo se trata a los pacientes y queda demostrado qué concepto tienen Isabel Díaz Ayuso y el Partido Popular de la Sanidad Pública.
Pero la SANIDAD (como el resto de servicios públicos) NO ES SUYA, ES NUESTRA.
¡¡DEFENDÁMOSLA!!
EXIGIMOS AL PP EL CESE DE ISABEL DÍAZ AYUSO Y DE DOLORES RUBIO, GERENTE DEL HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS
- Por una Sanidad Pública en manos de la población.
- Fuera las empresas de la Sanidad.
- Fuera políticos corruptos.
- Derogación de la Ley 15/97 y del resto de medidas legales privatizadoras.
- Anulación del artículo 90 de la Ley General de Sanidad.
- Sanidad Pública y de calidad para tod@s, independientemente de sus ingresos y de sus circunstancias administrativas.
SAS-Sindicato Asambleario de Sanidad
