La Plataforma Rivas por la Sanidad Pública y 7.291 Verdad y Justicia organizan un debate sobre las residencias públicas.
El salón de actos de la Casa de las Asociaciones acogió ayer un debate acerca de las residencias públicas de mayores. Ha sido organizado por la Plataforma Rivas por la Sanidad Pública y 7.291 Verdad y Justicia bajo el título “7.291 muertes en las residencias durante la pandemia, ¿cómo estamos hoy?”
El acto ha comenzado con la presentación de Margarita Barnese, de la Plataforma Rivas con la Sanidad. Barnese ha recordado que el número de 7.291 fallecimientos en las residencias públicas madrileños en los primeros momentos de la pandemia COVID (2020) se trata del número que dió originalmente la propia Comunidad de Madrid. En esta lucha por investigar lo sucedido “todas y todos nos sentimos parte”, ha reivindicado Barnese.
«No fueron éticas, probablemente tampoco legales»
El primero en intervenir ha sido Alberto Reyero. Reyero era consejero consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid en el momento de iniciarse la pandemia. Dimitió en octubre de 2020, después de que se le retirarán sus competencias respecto a las residencias y de que Sanidad aplicara los llamados “protocolos de la vergüenza”. De su experiencia de ese periodo publicó un libro llamado “Morirán de forma indigna”.
Ha explicado que él prefiere no dar cifras totales, dado que los 7.291 fallecimientos fueron las personas que fallecieron sin atención sanitaria, pero otros 2.000 fallecieron en hospitales. «¿Nos olvidamos de esos dos mil?», se pregunta retóricamente el exconsejero. “No”, se responde Reyero, pero añade que los 7.291 fallecieron por decisiones “que no fuero éticas y, probablemente, tampoco legales”. “Hubo una discriminación rampante”, afirma Reyero ante los protocolos que excluyeron de atención hospitalaria a personas que tenían un determinado problema de movilidad o deterioro cognitivo.
Reyero ha analizado el conjunto de la atención sanitaria respecto a las residencias de mayores. Ha criticado que se abandonara el plan de destinar personal sanitario para enviar a este personal a IFEMA. Reyero ha definido como “cuestión de marketing” esta decisión. “A IFEMA se mandaron las personas con un pronóstico leve”, ha detallado. Ha definido como “sangrante” el hecho de que las personas con seguro privado se saltaran este protocolo. “Nos tiene que doler a todos como sociedad, independientemente de la ideología que tengamos”, ha reivindicado. Reyero ha comparado esta situación con el Titanic, en el que las personas de primera clase se salvaron en mayor medida que las de tercera.
«Pérdidas de derechos»
A continuación ha intervenido la portavoz de 7.291 Verdad y Justicia, Carmen Martín. “Antes del COVID las residencias ya estaban en un estado lamentable”, ha comenzado denunciando. La institucionalización del cuidado en residencias, considera Martín, implica una “pérdida de derechos”, al no poder comportarse una persona mayor como lo haría en su casa al verse, por ejemplo, obligado a seguir horario o rutinas. Hoy, denuncia la portavoz, las trabajadoras se siguen encontrando en situación de precariedad laboral y se han producido recortes. “Estamos en una situación igual o peor que antes de la denuncia”. Además, explica que hay residencias en las que se continúa prohibiendo a las familias el acceso a las instalaciones en las que conviven sus familiares.
Por último, Amalia Manso, trabajadora en residencias, ha relatado el día a día en una residencia de mayores, en las que a estas personas se les priva de autonomía, seguridad y se les suprime de su derecho a decidir. ”¿Quién haría eso con sus padres en su casa? Estáis pagando 2.800 € para que se les haga eso”, denuncia con rabia dirigiéndose al público. También denuncia la falta de materiales sanitarios, como respiradores o medicamentos, para que las personas mayores pudieran fallecer con dignidad durante la pandemia. La culpa, dice, “fue de los malditos protocolos”.
Sobre los protocolos de la vergüenza, la Comisión Ciudadana por la Verdad en las residencias de Madrid analizó que la sobremortalidad en las residencias de mayores “pudo y debió hacerse evitado”.
«Sadismo»
Durante el debate junto al público asistente, Reyero ha definido de «sadismo» las decisiones políticas tomadas, por las cuáles fallecieron personas con un perfil determinado que no tendrían que haber muerto.
