La sobremortalidad en las residencias de mayores «pudo y debió haberse evitado»

La sobremortalidad "pudo y debió haberse evitado"

La Comisión ciudadana por la verdad en las residencias de Madrid ha presentado su informe sobre lo sucedido durante marzo y abril de 2020.

La Comisión ciudadana por la verdad en las residencias de Madrid presentó el pasado 15 de marzo el Informe acerca de los sucedido en las residencias de mayores madrileñas al comienzo de la pandemia COVID.

En marzo y abril de 2020, murieron 9470 personas que vivían en las residencias de Madrid: 7291 en las
residencias sin atención hospitalaria y 2179 en el hospital. A partir de la información analizada por la Comisión, se alcanza la conclusión de que «en las residencias de la Comunidad de Madrid murieron en marzo y abril de 2020 miles de personas cuya muerte podía haberse evitado con una prevención y una atención sanitaria adecuada».

Tras los trabajos realizados y la revisión de la documentación, la Comisión ha alcanzado diez conclusiones:

  • En los meses de marzo y abril de 2020 se produjo una sobremortalidad en las residencias que pudo y debió haberse evitado.
  • Los recursos sociales y sanitarios eran insuficientes cuando se declaró la pandemia. Desde entonces la situación no se ha corregido.
  • La respuesta del Gobierno de la Comunidad de Madrid al inicio de la pandemia fue inadecuada.
  • La comunicación entre residentes y familiares, así como la información a los familiares, fue inadecuada.
  • El Gobierno de la Comunidad de Madrid no medicalizó las residencias en marzo y abril de 2020.
  • El Gobierno de la Comunidad de Madrid restringió drásticamente las derivaciones de pacientes desde las residencias a los hospitales, utilizando criterios discriminatorios (por lugar de residencia, discapacidad física o deterioro cognitivo).
  • El Gobierno de la Comunidad de Madrid no utilizó los medios alternativos existentes para ofrecer atención sanitaria a los pacientes de las residencias.
  • El sufrimiento y la muerte evitable de miles de personas mayores que vivían en residencias fue consecuencia de unas decisiones planificadas y conscientes de discriminación en la atención.
  • Se han vulnerado gravemente derechos fundamentales de las personas residentes y de sus familiares.
  • Se ha vulnerado el derecho a la verdad. No se ha investigado debidamente lo que ocurrió. No se han establecido ni responsabilidades ni reparaciones justas,

Recomendaciones

Tras las conclusiones, la Comisión realiza una serie de recomendaciones. La primera de ellas reivindica el deber de no olvidad y el establecimiento de reparaciones.

También exigen la reapertura de la Comisión de Investigación en la Asamblea de Madrid. «El ejecutivo autonómico de Madrid tiene la obligación de colaborar con celeridad y de forma transparente y honesta con lo requerido por la Asamblea», dice el informe. En la misma línea indican que el Ministerio Fiscal debe completar una investigación «eficaz y diligente» de los ocurrido.

Finalmente, la Comisión, tras analizar la situación de las residencias, propone un cambio radical en el planteamiento del modelo de cuidados y la mejora del sistema sanitario público. También reivindican la lucha contra el edadismo.

La Comisión

La Comisión nace a petición de familiares de personas fallecidas en las residencias de Madrid, agrupados en las plataformas Marea de Residencia y Verdad y Justicia en las Residencias de Madrid. Ha buscado investigar las muertes de 7.291 personas que fallecieron en dichos centros sin recibir atención hospitalaria durante marzo y abril de 2020.

La decisión de impulsar esta Comisión sobre lo sucedido en las residencias se explica por «dos contundentes realidades»: la excepcionalidad de lo ocurrido en la Comunidad de Madrid y la ausencia de investigación e interés por parte de las autoridades por investigar los hechos, a pesar de la excepcional gravedad de lo sucedido.

Los objetivos de la Comisión han sido:

  • Establecer lo que ocurrió,
  • Dar voz a los familiares de las personas que fallecieron, a las trabajadoras de las residencias y a los supervivientes y,
  • Formular recomendaciones para que se haga justicia, se repare en la medida de lo posible el daño causado y se modifique el sistema de cuidados residenciales para que esta tragedia no pueda volver a ocurrir.
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