Curro Corrales, Portavoz del Grupo Municipal Somos Rivas
De sobra es conocida ya la falta de compromiso y solvencia del Partido Popular en su trabajo municipal. En un pleno extraordinario a principios del pasado noviembre, en el que aprobamos las inversiones a las que destinaríamos 8,8 millones de euros de superávit de 2016, ya vimos al Grupo Municipal Popular proponer que costeásemos obras que legalmente no es viable financiar con ese remanente según los criterios fijados por su compañero de partido Cristóbal Montoro. Unas semanas más tarde, en el pleno de Presupuestos Municipales 2018, presenciamos el bochorno de ver cómo más del 90% de enmiendas presentadas por el PP ni siquiera pudieron debatirse porque estaban mal hechas. Y en el pleno de diciembre, tuvieron que resolverse alegaciones presentadas por los ‘populares’ a las ordenanzas fiscales a sabiendas de que no serían aprobadas y de que ello retrasaba la aprobación definitiva de estas ordenanzas con el consecuente coste extraordinario para el erario público de en torno a 20.000 euros. Esto es a lo que se dedica el Grupo popular cuando está en la oposición en Rivas. Lo peor, sin embargo, es el coste que para los vecinos y vecinas de nuestra ciudad tiene la gestión del PP allá donde sí gobierna, por ejemplo la Comunidad de Madrid. La administración presidida por Cristina Cifuentes ha sido condenada a pagarnos los casi 5 millones de euros (4,9) de todos los vecinos y vecinas que lleva reteniendo desde 2010.
Este dinero corresponde a una ayuda que el entonces Ministerio de la Vivienda concedió a nuestra Empresa Municipal de la Vivienda como apoyo para promover la construcción de vivienda protegida en suelo público en un porcentaje superior al 50%. Fruto de aquella inversión municipal en vivienda pública se puede comprobar en el bulevar del barrio de La Luna, totalmente finalizado.
La EMV cumplió (incluso con un porcentaje mayor de lo establecido) su compromiso y la Comunidad de Madrid ha estado reteniendo –apropiándose- la subvención durante casi ocho años. Una de las primeras decisiones de Pedro Del Cura como alcalde fue la de acudir a la vía judicial en defensa de los intereses municipales–ante la inacción de los anteriores presidente y consejero delegado de la empresa-. El TSJM dictó en septiembre una sentencia en contra de la Comunidad de Madrid exigiéndole que devolviera esa cantidad, al tiempo que le condena el pago de las costas y de unos intereses de demora que pueden alcanzar 400.000 euros. A pesar del carácter firme de dicha sentencia, a fecha de escribir este artículo estamos esperando que la presidenta autonómica mueva un dedo para cumplir con el pago.
Dice la RAE que un ‘pufo’ es “una deuda cuyo pago se elude de forma fraudulenta” o una “estafa, engaño, petardo”. El PP de la Gürtel, la Lezo y la Púnica, el PP que no quiere una residencia pública de mayores en Rivas ni que contemos con un acceso directo con la M-50, nos obsequia con este caso con un nuevo pufo. Dónde ha ido a parar ese dinero es algo sobre lo que Cifuentes está tardando en dar explicaciones.
