La vivienda se ha convertido en el primer refugio para hacer frente a la crisis sanitaria de la COVID-19. Sin embargo, como venían denunciando los colectivos en defensa del derecho a la vivienda, cada día se producen en nuestro país más de 200 desahucios.
Finalmente, este martes el Gobierno de coalición ha aprobado el Real Decreto que pone fin a esta lamentable situación, impulsando la suspensión de los desahucios y la prohibición de los cortes de suministros básicos hasta el final del estado de alarma.
Esta medida está en la línea de las medidas del Escudo Social adoptadas p or el Gobierno durante la emergencia sanitaria para defender a la mayoría social, y en ella ha sido clave el trabajo que desarrollado por los colectivos en defensa de la vivienda. Desde Podemos tenemos claro que el Gobierno debe estar al servicio de la mayoría social para seguir avanzando en garantizar los derechos sociales, y que este Real Decreto debe ser un primer paso para, de una vez por todas, blindar el derecho a la vivienda en nuestro país.
Blindar el derecho a la vivienda
Aunque se trata de una medida fundamental para miles de familias y una victoria para el movimiento popular, hay que recordar que garantizar el derecho a la vivienda no puede venir determinado exclusivamente por una situación excepcional como es una pandemia. Nuestro país ha firmado tratados internacionales de obligado cumplimiento en esta materia, que hoy por hoy se vulneran, como ha denunciado en repetidas ocasiones el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas.
Colectivos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca o los Sindicatos de Inquilinas llevan años luchando por una legislación que garantice el derecho a una vivienda digna por encima de los intereses de entidades financieras y fondos buitre. La vivienda y los suministros básicos no son bienes al servicio de la especulación, son necesidades que deben cubrirse para que los sectores populares en nuestro país tengan garantizado el acceso a una vida digna.
Desde Podemos aplaudimos esta medida como un primer paso para extender la defensa del derecho a la vivienda más allá del estado de alarma. Es necesario blindar este derecho en una Ley de Vivienda estatal en la senda marcada por el movimiento popular, para impedir que la salida de esta crisis la pague nuevamente la gente trabajadora.
A continuación se detallan cuáles son las medidas incluidas en el Real Decreto, que tienen como fin proteger a los hogares vulnerables.
Suspensión de los desahucios
– Se suspenden, durante el estado de alarma, los desahucios sin alternativa habitacional de familias vulnerables con motivo de impago del alquiler.
– Se suspenden los desahucios de las familias vulnerables con menores, dependientes o víctimas de violencia machista que residan en viviendas de grandes tenedores de vivienda, aunque no tengan título habilitante.
– En todos los casos, las Comunidades Autónomas tendrán que ofrec er una alternativa habitacional que sea una vivienda digna antes del fin de la suspensión.
– A partir de los tres meses de la emisión del informe de vulnerabilidad por los servicios sociales, si no se hubiese facilitado una alternativa habitacional, se compensará a los arrendadores desde el momento en el que se acordara la suspensión. En el caso de grandes tenedores, esto solo se aplicará si la vivienda se encontraba en venta o arrendamiento antes de la entrada del inmueble y pueden justificar perjuicio económico. En caso contrario, no recibirán compensación.
Prohibición de los cortes de suministros básicos
– Se prohíben durante el estado de alarma los cortes de suministros de luz, agua y gas natural para consumidores vulnerables, vulnerables severos o en riesgo de exclusión social.
– La medida se aplicará no solo a los titulares del contrato, sino también a aquellas personas que no puedan acreditarlo pero que reúnan dichas condiciones, pudiendo demostrar dicha circunstancia por medio de los servicios sociales o los mediadores sociales (entidades del tercer sector).
La aprobación de este decreto implica, por primera vez, una amplia protección en materia de desahucios y de cortes de suministros, desconocida hasta la fecha en nuestro país; pero, desgraciadamente, tiene fecha de caducidad. Necesitamos que estos avances se conviertan en una realidad no solamente durante el estado de alarma. Por ello, debemos trabajar entre todas las fuerzas políticas y sociales que hemos sido capaces de empujar esta medida, aportando como militantes nuestro granito de arena, para conseguir, así, que mañana el derecho a la vivienda se convierta en una realidad para todos y todas. (Podemos)
