El Estado es una organización política que tiene el poder y la autoridad para administrar un territorio: dispone de poder administrativo y soberano sobre un área geográfica específica. Se compone de los tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial, cada uno con funciones independientes. La diferencia entre Estado y gobierno reside en que el gobierno es una parte del Estado encargada de administrar sus poderes, y es temporal, el Estado es una entidad permanente.
Los ciudadanos/as votan cada cuatro años (en nuestro país) para elegir el Poder Legislativo, que a su vez nombra el Presidente de Gobierno y este decide el Poder Ejecutivo. El Poder Judicial se constituye, una parte de sus miembros por elección de los propios jueces, y la otra a propuesta del Poder Legislativo.
La función del Estado y del Gobierno elegido, es asegurar la organización y buen funcionamiento del país, todas sus estructuras administrativas, viarias, comunicaciones, relaciones exteriores, etc. Y, prioritariamente, los servicios públicos y derechos de los ciudadanos/as, según determina la Constitución.
Las democracias se dotan de estados fuertes, para asegurar todos sus cometidos. Una herramienta fundamental es el sistema de impuestos, ya que, con la recaudación de los mismos, se mantienen las infraestructuras y se garantizan todos los servicios.
Los partidos de derechas, para obtener votos de los ciudadanos/as, lo primero que prometen es la reducción de los impuestos. Esto convence a muchos ciudadanos/as. Lo justifican diciendo que ‘los gobiernos están sobredimensionados’, ‘que los ministros son unos derrochadores’, ‘que hay estamentos innecesarios’, o que ‘los servicios gestionados por empresas privadas, funcionan mejor’. Muchos de estos argumentos calan en los contribuyentes, que no terminan de entender la dimensión de todos los servicios o lo que supondría no disponer de ellos, y que preferirían pagar menos impuestos. Pero la clave de los argumentos de la derecha está en su argumento final: ‘privatización’. Su pretensión es reducir las competencias del Estado y privatizar todos los servicios públicos. Es lo mismo que decir ‘que todos los impuestos que pagamos los ciudadanos/as, deberán ser entregados a empresas privadas’. Solo que, estas empresas, únicamente nos prestarán los servicios si ésta tarea les es suficientemente rentable y siempre priorizarán el beneficio a la calidad o al buen servicio.
Cuatro ejemplos acontecidos en los últimos cinco años, durante los gobiernos de coalición: la pandemia del Covid19, el fenómeno meteorológico ‘Filomena’, la erupción del ‘volcán de La Palma’ y ‘la Dana’ que están padeciendo algunas regiones de nuestro país (Castilla-La Mancha, Valencia, Cataluña…), en las cuatro ocasiones ha sido el Estado, desde el Gobierno Central, quien ha tenido que intervenir para tratar de solucionar las situaciones de catástrofe. De haber existido un Estado y Gobierno debilitados, sin recursos o sin competencias, las catástrofes hubieran sido aún mayores o imposibles de solucionar.
Las Autonomías, los Gobiernos Autonómicos concretamente, tienen atribuidas una serie de competencias, entendiéndose que son ‘administraciones más cercanas a los ciudadanos y ciudadanas’, como son la Sanidad Pública, la Educación Pública, la administración del suelo…, u otras como ‘la gestión de catástrofes naturales’. En este último caso, la alarma por catástrofes se evalúa por niveles, siendo el uno y el dos, competencias del Gobierno Autonómico (que se supone conoce mejor las condiciones generales en su territorio) y el nivel tres pasa a ser del Estado Central, siempre a solicitud de las autoridades autonómicas.
Se supone que los Gobiernos Autonómicos conocen a la perfección los territorios sobre los que gobiernan, las condiciones de sus infraestructuras y los recursos con los que cuentan en caso de catástrofes. Aunque la cruda realidad nos demuestra que esta premisa parece que no se cumple, además de estar precedida de decisiones erróneas, incapacidades en la gestión, falta de criterio…, incluso se priorizan los intereses políticos, por encima de la seguridad y salvamento de las personas. A pesar de estar aún en plena catástrofe, la cronología de los hechos, así como las decisiones tardías, ineficaces, contradictorias o ilógicas, demuestran la incapacidad del Gobierno de la Generalitat Valenciana para gestionar la crisis.
Cinco días antes de que el agua llegara a los pueblos afectados, hasta en tres ocasiones, la AEMET había alertado al Gobierno valenciano de lo que podría ocurrir. El mismo día veintinueve, a las 11h., a las 12h., y a las 15h., les avisó con una ‘alerta roja’ que el agua iba a llegar. A pesar de esto, el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, a las 18h., informa a sus conciudadanos de que la Dana se está alejando y que no habrá problemas. En ese momento ya había algunos pueblos completamente inundados y, peor aún, en los que aún no había llegado el agua, sus vecinos corrieron a retirar los coches de las zonas inundables. Cuando el agua llegó, les pilló de lleno.
El señor Mazón pidió ayuda a los presidentes de las comunidades del Partido Popular, Moreno Bonilla, le mandó dos helicópteros, que tuvieron que volverse porque nadie les indicó qué hacer; los bomberos de Bilbao se ofrecieron para acudir al rescate con todos sus equipos, pero tres veces fueron rechazados; los equipos ofrecidos por el presidente Salvador Illa de la Generalitat Catalana, se encontraron con el mismo rechazo. A los voluntarios unas veces les indicó que se fueran y otras que volvieran, pero seguía sin existir organización, ni equipos de trabajo suficientes, etc. Mazón pidió unidades del ejército sin orden ni concierto, unas veces dos mil, otras cinco mil o diez mil… Y el colmo, es cuando plantea que cinco ministros se pongan bajo sus órdenes, para hacer equipos de intervención. ¿Cuándo un ministro del Gobierno se tiene que poner bajo las órdenes de un presidente autonómico? Todo esto, porque el Gobierno de la Generalitat, se niega a declarar la ‘alerta tres’, que supondría tener que delegar la gestión de la catástrofe en el Gobierno Central y por tanto reconocer su incapacidad. A pesar de todo, el Gobierno de P. Sánchez ofrece a la Generalitat Valenciana, todo tipo de apoyo y accede a todas las peticiones de Mazón. Pero el caos continúa sin solución a corto plazo.
Todo este caos organizativo, la imagen que ofrece es, como que Mazón del Partido Popular (y quienes están detrás), se hubieran empeñado en demostrar ‘que ellos son el verdadero Gobierno, que se bastan por sí solas las autonomías del PP para resolver la catástrofe, que solo están dispuestos a recibir a miles y miles de soldados de su ejército, y que, en todo caso, los ministros del Gobierno de España, tienen que ponerse bajo sus órdenes’. La verdadera imagen es de una absoluta incapacidad previsiva y resolutiva, un intencionado uso de la catástrofe meteorológica en beneficio propio y en contra del Gobierno de P. Sánchez y un desprecio inhumano de las vidas de sus conciudadanos y su bienestar.
No todo lo que ha hecho el Gobierno de P.Sánchez está bien: programar una visita del rey y los presidentes, a las zonas afectadas en plena vorágine, retrasando trabajos insitu, bloqueando carreteras y ofreciéndose como blanco para la ultraderecha violenta, ha sido una monumental ‘metedura de pata’. Entre otras, pero habrá tiempo también para ese análisis.
Circunstancias de la vida, coincide que, nada más llegar Mazón al Gobierno de la Generalitat, suprimió la Unidad Valenciana de Emergencias, y acaba de anunciar la reducción de la franja de seguridad en costas, a 200 metros, para poder seguir construyendo más viviendas, obviando las advertencias de los científicos, que avisan que el mar continuará subiendo casi tres centímetros y medio por año…
La irresponsabilidad de la derecha causa muertes, destrucción de territorios y pueblos enteros, anula derechos, comercializa con los servicios públicos, enfrenta a unos ciudadanos con otros y precariza la convivencia. Tenemos que aprender y recordar cuales son las prácticas de estos depredadores, antes de confiarles nuestros votos.
