La financiación de las corporaciones locales se rige por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que recoge la base del sistema de financiación local. Continuamente, podemos leer en los medios de comunicación las promesas de los gobiernos nacionales para reformar esta ley con el fin de que los Ayuntamientos puedan tener una mayor capacidad financiera. Sin embargo, tras 15 años y tres presidentes de Gobierno distintos (2 del PSOE y 1 de PP), la anhelada reforma no acaba de hacerse realidad.
El Gobierno Municipal mantiene la senda de aumentar el importe total de los presupuestos. Para 2020 se calcula un total de 100.853.438,11 euros, incrementándose en más de 4,5 millones con respecto al 2019. Este crecimiento se fundamenta básicamente en el aumento de la recaudación de los impuestos directos (más de 2 millones), las subvenciones procedentes del Estado, las CC.AA. y la Unión Europea (1 millón de las corrientes y casi 1,5 de capital) y de la enajenación de parcelas (más de millón y medio). En cambio, se prevé la pérdida de ingresos por tasas (casi 1,8 millones de euros).
Podemos deducir por tanto, que el incremento de los impuestos directos (43,9 % del total de los ingresos) es debido exclusivamente a la recuperación de la construcción de las viviendas en Rivas en los últimos años tanto en el Barrio de La Luna como en el Barrio Centro, porque fundamentalmente provienen de IBI urbano y de las plusvalías. Mínimamente, se registra una mejora en el IAE lo cual resulta muy preocupante por la actividad empresarial existente en nuestra ciudad y que es muy débil, si la comparamos con otros municipios con una población mayor a 50 mil habitantes. Que el IAE suponga el 3,7% de los ingresos directos, claramente significa el nulo interés de este gobierno por trabajar a la hora de fomentar la instalación de grandes empresas que generarían más riqueza al municipio.
Los impuestos indirectos se componen de dos vertientes: la primera, por la participación en los tributos del Estado al contar con más de 75.000 habitantes, con el IVA y con los impuestos especiales sobre alcoholes, hidrocarburos y labores del tabaco (la parte del IRPF queda dentro de los impuestos directos). La segunda, por los impuestos derivados de la construcción. Afortunadamente, la recuperación de este sector ha vuelto a generar ganancias procedentes de este impuesto, pero tiene un recorrido muy corto porque el terreno urbanizable ya es muy reducido. La parte de las tasas, aumentan levemente (con la excepción de la disminución por el uso del parque agrario Soto del Grillo, los precios públicos de las instalaciones deportivas y las licencias de los mercadillos).
Pero la pérdida en la recaudación en las tasas se fundamenta sobre todo, por una única partida de 1,8 millones de ingresos en concepto de aprovechamientos urbanísticos. Mucho dinero es el que se deja de ingresar y que el Gobierno Municipal debería aclarar el motivo por el que tal importante cantidad de euros se pierde. Los ingresos patrimoniales van a comportarse como las tasas, con la única nota a destacar de casi la duplicación de los dividendos obtenido por la participación del Ayuntamiento en el Canal de Isabel II.
Por último, se mantiene la regularidad en la enajenación del suelo público aunque como he expresado con el ICIO, la previsión es que a corto plazo esta recaudación acabará cayendo en gran medida. “La viabilidad de mantener este ritmo presupuestario en Rivas queda en la incertidumbre ante la dependencia de una gran recaudación proveniente del sector de la construcción y por las decisiones de los futuros gobiernos nacionales ante los impuestos gestionados por ellos: la autonomía fiscal, es decir, la suma de los ingresos directos, indirectos y tasas, que son los definidos mediante la ordenanza fiscal y que es del 65%.
Urge la reforma de la legislación sobre financiación local, que el Gobierno Municipal apueste por atraer a grandes y medianas empresas al municipio y por último, un poco de genialidad para buscar otras fuentes de financiación que no sólo sea la subida de impuestos a los vecinos, sino todo lo contrario: hay que reducir la carga fiscal a las familias optimizando los gastos”.
