Los grandes medios de comunicación nos atemorizan con los pequeños “okupas” que se refugian, por pura supervivencia, en algún piso vacío de las entidades financieras. Sin embargo, en realidad son estas las que mayoritariamente okupan miles de viviendas y saquean el derecho a una vivienda digna, amparándose en unas disposiciones jurídicas que han ido vaciando la Constitución de 1978 de sus contenidos más sociales, con la complicidad de los poderes políticos.
Grandes fondos como Blakrock , Blackstone, Lone Star, etc. gestionan ellos solos más de 400.000 viviendas y terminan siendo oligopolios que condicionan las políticas públicas. Sus objetivos obedecen a los de sus accionistas que reclaman altos beneficios a corto plazo. Beneficios que obtienen aprovechándose de la debilidad de los Estados, familias y empresas.
Mecanismos de ocupación-apropiación:
-Compra de vivienda pública a precio de ganga de vivienda: La deuda del Ayuntamiento de Madrid, a consecuencia del despilfarro que había favorecido a las grandes constructoras y bancos, había pasado de 990 millones de euros en el año 2000 a 7.733 millones en 2012. Para amortizar esta deuda la alcaldesa Ana Botella en 2013 vendió pisos de protección oficial a fondos buitre, al adjudicar 1.860 viviendas a Blackstone, a precio de ganga.
Asimismo, la Comunidad de Madrid despojó en 2013 al Instituto autonómico de la vivienda (IVIMA) de 2.935 viviendas del Plan Joven. Las vendió al fondo de inversión Goldman-Sachs Azora por 210 millones de euros. Según un informe de la Cámara de Cuentas, las 32 promociones tenían un valor de 300 millones de euros.
En 2019 el Tribunal Supremo determinó la nulidad de esta operación, porque había quebrado «la protección social» de las personas que vivían en ellas. Señaló que dicha adjudicación no se ajustaba a derecho y no estaba justificada por ningún informe o análisis complementarios de carácter técnico, económico, financiero y legal.
-Apropiación de vivienda privada con financiación pública : Los fondos buitres, favorecidos por la devaluación de activos se han beneficiado también de los préstamos sin intereses que les proporcionaban los bancos centrales. Los bancos, a su vez, pudieron recoger beneficios gestionando estos préstamos .
El gobierno además aprobó las SOCIMIS (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria) cuyo régimen fiscal les exime de pagar el impuesto de sociedades. Por otra parte, no tienen que rendir cuentas ya que, con frecuencia, se les permite operar desde paraísos fiscales.
Así pues, la ocupación de vivienda pública y la apropiación de miles de viviendas privadas, con las generosas subvenciones de papá Estado que financiamos entre todos, son dos mecanismos de transfusión de riqueza pública a manos de los accionistas de las entidades financieras y fondos buitre-oportunistas.
Esta enorme concentración de propiedad inmobiliaria, lógicamente, ha dado lugar a prácticas oligopólicas: control del mercado, distorsión del precio de la vivienda, bloquear toda iniciativa que perjudique su negocio, como la construcción de vivienda pública, o la regulación de alquileres.
Solamente una sociedad civil organizada podrá lograr unas condiciones legales que de verdad protejan los derechos de los ciudadanos. En Dinamarca el gobierno ha frenado a Blackstone endureciendo la regulación del alquiler. Los berlineses el 27 de septiembre pasado respondieron con un amplio SÍ a la consulta que se planteó en referéndum sobre la expropiación de viviendas a los grandes fondos de inversión. Y en nuestro país se presentó en el Congreso una Ley de Vivienda con un amplio apoyo de la sociedad civil, los partidos y sindicatos. Iniciativas como estas demuestran que el futuro no está escrito en las estrellas; que corresponde a las ciudadanas-os escribirlo en la historia de cada día.
-Eubilio Rodríguez-
