La Plataforma Ecologista Madrileña critica el «retroceso» en la protección del territorio
La Comunidad de Madrid ha presentado el Anteproyecto de Ley que modifica la normativa del planeamiento urbanístico en la región. Según la Plataforma Ecologista Madrileña, el texto prioriza la iniciativa privada y reduce el peso del interés público.
Los colectivos ecologistas han pedido su retirada por considerar que supone un retroceso en la protección del territorio. El cambio legislativo busca recuperar el modelo del «todo urbanizable», al que las agrupaciones ambientalistas culpan de la crisis inmobiliaria de 2008.
El suelo rural y el patrimonio histórico, desprotegidos
Uno de los cambios más relevantes del anteproyecto afecta al suelo rural. La nueva normativa introduce categorías como “rural no protegido”, que en la práctica se asemejan al suelo urbanizable. Además, se amplían los llamados «usos excepcionales», permitiendo actividades que hasta ahora estaban limitadas. Los colectivos ecologistas denuncian que esto abre la puerta a la regularización de edificaciones y actividades sin autorización, como grandes fincas destinadas a eventos.
El patrimonio histórico corre igual suerte. La aprobación de qué espacios están o no protegidos pasa de la Comunidad a los ayuntamientos. Algo que, según las asociaciones ambientalistas, supone un ataque a la unificación en los criterios. El texto también deja claro que no podrán imponerse exigencias urbanísticas sobre bienes que no estén catalogados.
La Plataforma Ecologista Madrileña señala que muchos bienes de interés cultural quedarán desprotegidos. Además, les preocupa que los municipios renuncien a proteger nuevos bienes por temor a las compensaciones económicas que ahora se exigen.
Otros «retrocesos» en la protección del suelo
Los ecologistas señalan que el anteproyecto ataca a la vivienda protegida, que puede «desaparecer de los municipios». También denuncian la posibilidad de que se incremente el número de plazas de aparcamiento en plena emergencia climática. Todo en la línea del modelo que, según la plataforma, llevó a la región a la crisis de 2008. Una ley hecha a medida «para interés de los grandes propietarios», critican los ecologistas, «a costa de los derechos de los madrileños».
