El Partido Socialista se dice republicano. Su modelo territorial, una España Federalista, donde las regiones (comunidades históricas), puedan constituir gobiernos propios, con amplias competencias. El Gobierno Central se reservaría la redistribución de la riqueza (mediante los impuestos), los órganos superiores de la justicia, las relaciones exteriores y la elaboración de algunas leyes comunes (Educación, Sanidad, Legislación Laboral, Pensiones, Cuerpo policial común, Ordenación Hidrográfica y Costas…), aquellos aspectos que nos afectan a todas. Así se gobiernan otras naciones de Europa y del mundo.
Seguramente, el Estado de las Autonomías pretendió ser eso. Aunque, en la práctica, son muchos los gobiernos autonómicos que hacen uso de sus competencias legislativas o de gestión en beneficio propio: económico para sí o para sus afines, ideológico acorde con los postulados su partido, incluso son ‘apisonadora’ con los partidos contrarios.
Conforme a la representación emanada de las urnas, se organiza el Poder Ejecutivo, el Legislativo y Judicial. El problema surge cuando los partidos opositores se niegan a aceptar lo que los electores han decidido e instan a sus afines (reyezuelos) en las autonomías a sabotear la gestión del Gobierno Central. Y si el Poder Judicial, obligado a ser neutral, por el contrario, toma partido y se implica en la contienda política, ya si que se bloquea la necesaria gobernanza.
Este es el caso, el Tribunal Supremo, que lleva seis años incumpliendo la Constitución, negándose a marcharse por fin de mandado y dar paso a otro Tribunal, éste de composición acorde con los resultados de las urnas, se pone al servicio del PP como su ‘frente de choque’.
El Congreso de los Diputados no ha dejado, durante la legislatura anterior y lo que va de esta, de aprobar leyes (más de doscientas). Muchas de ellas incumplidas, o directamente no aplicadas por las Comunidades cuyo Presidente/a es del PP: Vivienda, Bienestar Animal, Contra el acoso de mujeres que quieren abortar, Ley de Eutanasia, Igualdad de las personas Trans y LGTBI, Memoria Democrática, Ley Rider, Ley de Empleo y la de Autónomos, ayudas del bono social, Protección de huérfanos víctimas de violencia de género, Protección Integral de la Infancia, Regulación del Juego, Cambio Climático, Ley de suelos y residuos contaminados, etc. Entre otras de las no aplicadas.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, contraria a la nueva Ley de Educación (diciembre 2020), amplió y mejoró los convenios con los colegios concertados. Gasta a su antojo las partidas dinerarias que el Gobierno Central transfiere, incluso para fines a los que no ha sido concebido. La Ley de Memoria Histórica no se aplica (la mayoría de los pueblos de la CM siguen con la iconografía franquista) o incluso renombran calles con figuras de la dictadura, retiran los versos de poetas destacados de izquierdas, se niegan a reconocer a figuras como Almudena Grande, etc. En cuanto a la fiscalidad, la CM reduce tipos impositivos, favoreciendo a los más ricos y perjudicando al resto, o rebaja impuestos para atraer empresas de otras comunidades.
En la Comunidad Valenciana, Extremeña, Murciana, Andaluza, Gallega, Castellano/Leonesa…, retiran o suprimen todas las ayudas contra la violencia de género, restringen la libertad de expresión artística, imponen el pin parental, coaccionan el derecho al aborto de las mujeres, imponen la educación religiosa en las escuelas, coaccionan los derechos LGTBI, JM Bonilla devuelve 128 millones de euros adjudicados a mejoras en escuelas infantiles públicas, para no perjudicar a las privadas, Aragón deroga la Ley de Memoria Democrática, etc. Y sobre todo se confabulan como oposición desleal contra el ejecutivo.
El Gobierno de Coalición no puede imponer a las comunidades del Partido Popular las leyes que aprueba, a no ser que lo haga por la fuerza. Y eso llevaría a enfrentamientos directos y con mucha probabilidad a una situación de ingobernabilidad desastrosa.
A su vez, la corrupción campa a sus anchas, y los desalmados de algunos partidos, hacen ‘su agosto’ particular. Y seguro que no es casualidad que casi siempre ‘la rapiña’ se mueva en el entorno de los políticos del Partido Popular: Rajoy, todos sus ministros y altos cargos (muchos de ellos en la cárcel), Esperanza Aguirre y su’charco de ranas’ (muchos en la cárcel), la Gurtel, la Púnica, caso Bárcenas, caso Villarejo, caso ministro J. Fernández Díaz, Rita Barberá y su ‘clan’, Zaplana y ‘Terra mítica’, Isabel Díaz Ayuso (mordidas de casi tres millones y medio en su entorno cercano), mientras morían más de 7.000 ancianos en las residencias, o desmantela la sanidad y la educación públicas de toda la Comunidad de Madrid. También los hay en el otro bando: caso Koldo…, caso Pujol y familia, etc. Que no eximen de culpa, pero son menos.
La España de las autonomías cada vez se parece más a los históricos ‘reinos de taifas’. No me gustaría concluir que ‘el gen’ estuviera en el ADN de los de ‘la piel de toro’.
