La Comunidad de Madrid avanza en la tramitación administrativa con la que se quiere poner en marcha y edificar 15.000 viviendas públicas o de integración social en alquiler con rentas asequibles durante esta legislatura, en el marco del Plan Vive.
La Comunidad de Madrid dispone de suelos de su titularidad integrados en las denominadas redes supramunicipales que se quieren destinar al Plan Vive Madrid. Hasta el momento se ha podido analizar la viabilidad urbanística y económica de 72 parcelas localizadas en 27 municipios, que con la inclusión en este plan conseguirían optimizar y movilizar suelos de titularidad pública en desuso, facilitando que los mismos cumplan con la finalidad prevista.
Esta medida supondrá, además, contribuir al impulso de la recuperación del tejido y el crecimiento económico de nuestra región, en cuanto a creación de riqueza, y empleo con más de 25.000 empleos directos, generación de actividad económica, incremento de la recaudación de impuestos y, finalmente, la potencial reducción de precios en el mercado del alquiler, especialmente tras el parón que ha supuesto la pandemia del COVID-19.
Con el Plan Vive, se conseguirá, además, un aumento significativo de la oferta de viviendas asequibles destinadas fundamentalmente a la población más sensible y que por razón de sus ingresos, circunstancias personales o capacidad de ahorro, quedan fuera de la posibilidad tanto de acceder a viviendas de tipo social de titularidad de la Comunidad de Madrid como de la posibilidad de acceder a viviendas libres, bien sea en régimen de compraventa, o de alquiler.
La Comunidad de Madrid otorgará concesiones demaniales sobre suelos que fueron objeto de cesión en concepto de red supramunicipal, pero corresponderá al concesionario asumir la obligación de ejecutar las obras de construcción de las viviendas para su posterior explotación mediante la formalización de los correspondientes arrendamientos.
La retribución del concesionario estará constituida por las rentas que obtenga de los inquilinos, sujeta a los términos concretos que establezca cada pliego regulador, con un precio significativamente inferior, hasta un 40% menos que los precios del mercado libre.
En definitiva, sobre suelo público, empresas privadas construirán viviendas y las alquilarán en régimen de explotación durante un número determinado de años. Se supone (aunque en lo expuesto no lo dice) que con clausulas compensatorias a dichas empresas, por parte de las instituciones públicas, si no ganan lo suficiente. Ni más ni menos que lo que se está haciendo con los hospitales públicos de gestión privada: se construyen sobre suelo público, los explota una determinada empresa y nos cuestan a los contribuyentes hasta treinta veces más de su inversión.
