El pasado 24 de junio, las vecinas y vecinos ripenses de la calle Rosa Luxemburgo, número 6, se manifestaron contra los abusos que vienen soportando por parte de la empresa propietaria (y arrendadora) de sus viviendas. Bajo el lema #LaRosaPelea, las familias inquilinas de estos sesenta y dos pisos construidos en su momento bajo la modalidad de protección pública para arrendamiento para jóvenes y mayores de la Comunidad de Madrid, vienen denunciando el incremento excesivo de sus rentas (con subidas del 35%) y, en algunos casos, la posibilidad de perder hasta 30.000 euros durante diez años aportados para la opción a compra de sus viviendas alquiladas, así como la extorsión encubierta que supone la falta de mantenimiento de las fincas, con su consecuente pérdida de calidad de vida. Una situación similar a la vivida en otras sesentas viviendas del Plan de Vivienda Joven de la Comunidad de Madrid, en la calle Juan Gris, número 26. En ambos casos, los problemas para las vecinas y vecinos comenzaron cuando sus viviendas de alquiler pasaron de las manos de los promotores iniciales a unos llamados fondos de capital de riesgo –o, como se les conoce popularmente, ‘fondos buitre’-. El Pleno municipal aprobó este mes de junio una moción de apoyo a estas familias y a su lucha, y desde el Gobierno municipal venimos acompañándolas e intentando presionar y mediar ante los ‘fondos buitre’.
No se trata, por desgracia, de excepciones en la política de vivienda desarrollada por el Partido Popular en la Comunidad de Madrid en los últimos años (también en otras instituciones como el Ayuntamiento de Madrid presidido por Ana Botella). Como es sabido, estos gobiernos malvendieron a ‘fondos buitre’ el patrimonio del parque público de vivienda de alquiler y autorizaron operaciones similares en aquellas promociones privadas de alquiler sometidas a la protección pública, poniendo en peligro –como se ha demostrado después- las condiciones garantizadas inicialmente a los y las arrendatarias y vulnerando sus derechos. Es decir, generando procesos especulativos en viviendas que se levantaron sobre suelo protegido y que gozaron para su construcción de los mecanismos reservados por ley para la intervención pública en el mercado de la vivienda. Un negocio redondo para los ‘fondos buitre’, sin duda: aprovecharse de las condiciones de la vivienda protegida para engordar fácilmente sus cuentas de beneficios.
Se trata, en los casos de Rivas que nos ocupan, de los ‘fondos buitre’ Fidere, que adquirió la promoción de Rosa Luxemburgo, 6, y Lazora, en el caso de Juan Gris, 26. Los suelos sobre los que se levantan estas promociones fueron enajenados por el Consorcio Urbanístico Rivas –que cuenta con la Comunidad de Madrid como accionista mayoritaria- en determinadas condiciones definidas por el interés general que ahora podrían estar siendo conculcadas. Este Ayuntamiento, como miembro minoritario del citado Consorcio, exige la máxima transparencia y está valorando iniciar acciones judiciales para hacer valer el interés general. Mientras, acompañaremos a las y los vecinos en su justa reivindicación de que les sean respetados sus contratos y condiciones originales.
Es una vergüenza que el modelo de sociedad propugnado por el PP y por Ciudadanos –que no quisieron apoyar la moción en el Pleno- pase por criticar como ‘intervencionismo’ el intentar evitar estos abusos especulativos pero entienda normal que la administración ‘intervenga’ a favor de los poderosos, en este caso, de ‘fondos buitre’ que ven nuestros derechos como simple carroña en descomposición de la que alimentarse. Pero no vamos a quedarnos de brazos cruzados.
