La Constitución española de 1978 proclama: “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho” (Art.1) Proclama también derechos sociales, laborales y ambientales: “Derecho a una vivienda digna y adecuada”. (Art. 47), “a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona” (Art.45), etc.. Para conseguir los recursos preciso sanciona: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad” (Art.31) . “Toda la riqueza del país en sus distintas formas, y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general.”(Art.128)
Pero, en un mundo globalizado, no es el “interés general” de los ciudadanos sino los intereses de los grandes monopolios corporativos y financieros los que de hecho marcan el paso a los gobiernos. Los directivos de las diez principales empresas de gestión de inversiones controlan casi 50 billones de dólares en activos en todo tipo de sectores, que deciden sobre la vida de miles de millones de personas, ya que el poder económico termina traduciéndose en poder político.
No sólo logran inmunizarse contra las medidas regulatorias y redistributivas de los Estados, sino que, en muchos casos, logran reorientar los recursos públicos al servicio de sus intereses privados. Con lo que las instituciones públicas se van convirtiendo en unos aliados más de la empresa privada, dando lugar a un Estado intervencionista, sí, pero a su favor.
En el ámbito de la vivienda, por ejemplo, mientras que la Constitución habla de “regular la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.” (Art. 47), las instituciones públicas miran para otro lado e incluso van eliminando el escaso parque de vivienda pública, facilitando su traspaso a los grandes fondos buitre. Lo que impide garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada a los más vulnerables y asegurar cierta competencia en el mercado que reduzca el poder de los oligopolios.
En nuestro país, los distintos fondos de inversión (mas bien “de extracción”) gestionan hoy más de 240.000 viviendas; el fondo buitreBlackstone es el mayor casero privado del país, con una cartera de 32.000 . Lo que les permite: control efectivo del mercado, distorsión de sus precios, bloquear toda iniciativa que perjudique su negocio, como la construcción de vivienda pública, la regulación de alquileres o la puesta en marcha de la “Ley por el derecho a la vivienda”(2023) etc.
Mientras tanto, el precio de alquileres e hipotecas no deja de crecer, el 36,1% de la población se ve obligada a destinar más del 40% de sus ingresos al pago de vivienda, y las viviendas sociales representan un 2,5% del total, nada que ver otros países de nuestro entorno (Holanda 30%, Austria 24%, Reino Unido 17,6%. Francia 16,8%). A esto se va reduciendo la implementación del derecho a una vivienda digna y adecuada proclamado por la Constitución
Nos vemos sometidos a un sistema (“anarcocapitalismo” lo definen algunos), empeñado en limitar cada vez más el papel del Estado y la regulación política de la vida económica. Sus “enemigos” serían los impuestos, los derechos laborales e incluso la idea misma de justicia social. En realidad, supone reemplazar la regulación de los mercados y las políticas redistributivas proclamadas en la Constitución por la ley del más fuerte. Los poderes públicos pierden capacidad para gestionar sus propias economías, lo que está produciendo una degradación de los derechos sociales y la vida política democrática en general.
Incluso un neoliberal, partidario del libre comercio, como Klaus Schwab, fundador del Foro Económico Mundial, ha reconocido que “el fundamentalismo del mercado ha erosionado los derechos de los trabajadores y la seguridad económica, ha desencadenado una carrera desreguladora a la baja y una competencia fiscal ruinosa, y permitido la aparición de nuevos monopolios mundiales.”
Se vuelve urgente recuperar las políticas públicas de carácter redistributivo y el empoderamiento de las clases populares democratizando de verdad el Estado. Asistimos a un debilitamiento de su poder porque la dimensión económico-financiera, de características transnacionales, predomina sobre la política. Pero, ¿puede haber un camino eficaz hacia la democracia real sin una política que no esté sometida al dictado de las finanzas?
