La mayoría de gobierno rechazó las mociones de la oposición, contraria al Pacto Verde Europeo y a colaborar con Pallasos en Rebeldía y la UNRWA
El Pleno de Rivas se inició con el tradicional minuto de silencio por los cuatro casos de víctimas de violencia de género. En esta ocasión, se le añadió también una muestra de solidaridad por las víctimas del incendio en Valencia. A continuación, el Pleno ha tomado nota de la nueva condición de no adscrita de la ex concejala de Vox, Mª de los Ángeles Guardiola.
La portavoz popular, Janette Novo, realizó una contundente intervención frente a la ya ex concejala de Vox. Novo le recordó a Guardiola que llamó «tránsfuga» al concejal de Vox que pasó a «no adscrito» en la anterior legislatura. Además, afirmó que las puertas del Partido Popular están cerradas para ella.
En esta ocasión, las zonas verdes, la cooperación al desarrollo, las protestas de los agricultores y -sobre todo- la iniciativa de las izquierdas por la que el Pleno de Rivas reclama una L9 sin transbordos han sido los temas de debate.
Verde, que te quiero (aún más) verde
A continuación, se debatió una modificación urbanística para «la puesta en valor de las zonas verdes del municipio». El secretario municipal leyó el proceso llevado a cabo, durante el cuál el PP y la inmobiliaria Jarama presentaron alegaciones que fueron aceptadas.
La concejala Yasmin Manji explicó que la propuesta incorpora mejoras de movilidad sostenible y permite un mejor uso de las zonas verdes, permitiendo que espacios desocupados se incorporen a los parques ya existentes en Rivas. «Buscamos una ciudad más amable, que realice más actos en nuestros parques y que active la red verde del municipio», declaró Manji.
Equipamiento deportivos, culturales o de protección animal podrán construirse en zonas verdes alejadas del área urbana para aprovechar un «uso mixto» de estos espacios naturales. También se ordenan las zonas peatonales que conectarán estas zonas hasta ahora infrautilizadas.
Críticas de la oposición ripense al uso mixto de espacios verdes
La concejal no adscrita Mª de los Ángeles Guardiola criticó lo que considera una «legalización» de la posibilidad de construir en espacios verdes de forma impropia, como considera que ocurrió con el centro de protección animal (CIPAR). En el mismo sentido, intervino también la concejala de Vox, Eliana Palacios, reclamando «parques limpios» frente a la «imposición ideológica» que achaca a la propuesta.
La concejala de Salud Pública y Protección Animal, Pilar Gabina Alonso (PSOE), intervino recordando que son los espacios verdes más alejados de las zonas residenciales los que van a poder adoptar estos usos. Por parte del PP, Francisco José Gallardo se sumó a la crítica al «ilegal» centro de protección animal. «Ni el compost, ni los huertos urbanos son una demanda de la ciudadanía», afirmó Gallardo en defensa del uso exclusivo de los espacios verdes.
La responsable de Urbanismo ha recordado que la sentencia judicial sobre el CIPAR estableció que era necesario modificar el Plan de Ordenación Urbana. Eso sería, justamente, lo que se aborda «de total acuerdo con los juzgados» y el resto de administraciones.
El PP critica la subida de precio del alquiler
Yasmin Manji respondió al edil popular que «la Comunidad de Madrid puso unos condicionantes en sus informes que se han incluido en nuestra propuesta», para preguntar retóricamente si la Comunidad de Madrid también está en ese «complot». Ante la crítica concreta sobre los huertos urbanos, la edil comunista recordó a los populares que hay «750 personas en lista de espera» de los mismos.
Desde el PP, Gallardo ha considerado que «el comunismo» está haciendo una «Rivas inhabitable» con la subida de precio del alquiler en el municipio. Ha considerado la propuesta un «traje a medida» y los huertos urbanos una «demanda minoritaria». Frente a eso, señaló la necesidad de equipamientos de deporte y cultura.
Con 14 votos a favor de los partidos de Gobierno y la oposición en contra, salió aprobada la reforma del plan urbanístico.
Las izquierdas defienden una línea 9 (L9) sin transbordo en el Pleno de Rivas
Una línea de metro «de calidad, única y sin transbordos» ha sido la reclamación de la moción presentada por el grupo municipal del PSOE, junto al de IU-VQ-MM. El portavoz de Izquierda Unida, José Luis Alfaro, ha defendido que «los servicios públicos que dependen de la Comunidad de Madrid no se están adaptando al crecimiento de la ciudad».
Ambos grupos consideran que un transbordo en Los Berrocales empeorará el servicio en Rivas. Los proponentes instaron a la Comunidad a eliminar el actual transbordo de la línea 9 de metro, a mejorar las frecuencias y a construir la cuarta estación de metro en el municipio.
Por su parte, la concejal no adscrita Guardiola criticó el carril bici como forma de movilidad. También afeó al Gobierno local que se preocupe por lo que hace la Comunidad, en vez de mejorar lo que es competencia del Ayuntamiento.
El Pleno de Rivas reclama una L9 sin transbordos
Vox ha recordado que llevaba esta medida en su programa electoral. Palacios se ha mostrado de acuerdo en las críticas a las averías, bajas frecuencias y el problema del transbordo. Sin embargo, la concejala ultraderechista criticó al Gobierno local los retrasos en la construcción del acceso a la M-50, en línea con la interpelación al Gobierno presentada por los populares.
«Hasta el 20 de febrero nada había dicho la Comunidad sobre recuperar la concesión de la línea», ha recordado la edil socialista Mónica Carazo. La vicealcaldesa considera que el Gobierno de Ayuso ha cambiado su hoja de ruta. Ha alertado sobre los dos transbordos que tendrían que hacer muchos vecinos si no hubiera habido esa acción judicial del Consistorio o no hubiera quedado desierta la licitación autonómica.
El PP reivindica sus medidas de transporte y critica los carriles bici
El grupo municipal popular ha reclamado al gobierno local que «abandone la pancarta» y se siente a dialogar con las administraciones. Han afeado al Ejecutivo que haya judicializado la licitación de la línea de metro. La concejala Leticia Panadero ha puesto en valor la unificación tarifaria y la mejora de frecuencias «gracias al Partido Popular, no lo dude».
«Cuando por fin conseguimos el dinero del Ministerio para la M-50, el Partido Popular dijo que la Comunidad no iba a poner dinero, que lo sepan todos los ripenses», ha contestado Alfaro (IU-VQ-MM). Ha recordado las casi 4.000 personas que trabajan en el Polígono y que necesitan la cuarta estación de metro, lamentando que «eso ya no sea un consenso de ciudad para la derecha».
«Cuando hablamos de movilidad, ustedes miran hacia otro lado, necesitamos transporte interurbano y eliminar los carriles bici residuales», replicó Panadero (PP). El concejal de Hacienda, José Luis Alfaro, recordó que las rutas escolares están presupuestadas para que se vayan ampliando hasta cubrir todos los coles.
Finalmente, la moción fue aprobada con 14 votos a favor y 9 en contra del PP, con abstención de Vox y la concejal no adscrita. De este modo, el Pleno de Rivas reclama a la administración autonómica una L9 sin transbordos.
La derecha critica las últimas acciones de cooperación del Ayuntamiento
El PP presentó una moción reclamando la suspensión de los convenios de colaboración con Pallasos en Rebeldía. También demandaron la no implementación de la ayuda a la UNRWA que aprobó recientemente el Consejo de Cooperación.
Janette Novo (PP) ha criticado que el socio local de los proyectos de Pallasos en Rebeldía está adherido a la campaña de boikot a Israel, a la que se adhirió el Ayuntamiento hasta que el poder judicial tumbó esta decisión. Por tanto, Novo considera que al financiar una entidad que se adhiere al boicot a Israel, se está incumpliendo la sentencia judicial.
Estas campañas del llamado «movimiento BDS» (Boicot, Desinversión y Sanción) buscan poner fin al apartheid que Israel está cometiendo en Palestina, a través de las estrategias que se demostraron exitosas contra el apartheid en Sudáfrica. Por último, Novo (PP) también denuncia que no se ha justificado adecuadamente la ejecución del convenio y ha deslizado que «no hará falta recurrir al Tribunal de Cuentas».
PSOE e IU defienden a los activistas de la solidaridad con Palestina
En su respuesta, Alberto Cabeza (PSOE) ha calificado de «ojeriza» lo que tiene el PP con Pallasos en Rebeldía. Ha defendido que la ONG se dedica a «llevar sonrisas y alegría a niños que no pueden disfrutar de los derechos más básicos en sitios en conflicto» y que eso es lo que no les gusta al PP, porque «lo que intentan es anular la causa palestina». «Hacían eso mucho antes de que una persona presidiera la entidad», recordó el edil socialista, que ha defendido que cualquier persona pueda participar «enriqueciendo» una lista electoral. «No ha habido arbitrariedad en el convenio», ha manifestado, tajantemente.
Alfaro (IU) ha recordado que distintas comunidades autónomas como Castilla y León o Galicia han aprobado convenios con la UNRWA, pese a estar gobernando el PP. «Le han cogido el gusto a la persecución política, pero nosotros nos sentimos orgullosos por tener entidades que se preocupan por los derechos humanos a miles de kilómetros», ha denunciado el portavoz.
El edil de IU se ha mostrado orgulloso de que la ayuda ripense llegue a Palestina. Ha recordado que los convenios llevan en vigor desde 2015 y «están perfectamente justificados y si no lo creen ya tardan en denunciarlo». Alfaro se refirió a una declaración de la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados que fue apoyada por el PP y que incluía también el reconocimiento al movimiento BDS.
La derecha lleva sus críticas al convenio de Pallasos en Rebeldía casi al límite judicial
Janette Novo (PP) ha respondido que una transaccional apoyada por PP y PSOE quitó esa referencia al movimiento BDS. También ha recordado que la socialdemocracia alemana ha sido uno de los primeros gobiernos en retirar la ayuda a la UNRWA. Ha acusado al PSOE local de «dejarse lobotomizar y asumir los argumentos de Izquierda Unida». Por último, ha recriminado a Alfaro que «están en la cuerda floja de la prevaricación». Novo argumentó que la justificación del convenio no está firmada por la interventora, sino por el director general del Ayuntamiento.
«Son muy serias esas acusaciones, todo ha sido justificado», dijo Alfaro. El edil socialista, Alberto Cabeza, calificó de «irresponsables» las acusaciones. El portavoz de IU invitó al PP a retirar la moción. «El tiempo pondrá a cada uno en su lugar y se verá a quién están defendiendo (Israel)», dijo Alfaro.
Los votos de la oposición no fueron suficientes para aprobar la moción. La alcaldesa, Aída Castillejo, afirmó contundentemente que «no se van a dejar de hacer convenios en solidaridad con Palestina». E instó al PP a que vayan al juzgado para que se evidencie «de una vez» que no hay irregularidades.
Vox culpa al ecologismo de los problemas del campo
Por su parte, Vox criticó en su propia moción el Pacto Verde Europeo. La estrategia ultraderechista intenta aprovechar las protestas del sector agrícola para confrontar con el ecologismo. Este nuevo ejercicio de retardismo climático contribuye a desproteger a los agricultores frente a fenómenos como las sequías, cada vez más frecuentes. Mientras tanto, ni la responsabilidad de la agroindustria ni de los intermediarios en las subidas de precios fue mencionada por Eliana Palacios, sino que se centró en la «competencia desleal de terceros países».
Cabeza (PSOE) manifestó su apoyo al sector primario y explicó que «el cambio climático es una evidencia científica», por lo que no puede apoyar una moción con una argumentación tan espuria. José Manuel Castro (IU-VQ-MM) ha aportado datos del número de personas que viven del campo en Rivas. Ha calificado de «estrategia de desestabilización» que haya protestas teóricamente agrícolas encabezadas por terratenientes y personas que no trabajan en el campo.
El edil comunista ha denunciado la concentración de la propiedad de la tierra y de las ayudas de la PAC. «Si el 52% del valor del producto se lo lleva el transporte, ¿qué mejor que los huertos urbanos y la agricultura local de la que hacían mofa?», ha defendido Castro.
Por parte de los populares, José Luis Borrallo, criticó el «antieuropeísmo» y el «populismo» de la moción de Vox. Sin embargo, también ha criticado los «elevados requisitos medioambientales» de la UE y que el Gobierno de España haya sido pionero en su implementación. Borrallo (PP) criticó que la última negociación de la PAC se saldara con una reducción de fondos para el campo español. Su diferencia, por tanto, con Vox es sencillamente la crítica a la «autarquía» que dicen que propone Vox, que dicen que perjudicaría a la exportación agrícola.
La proponente obvió las críticas diciendo que «emergencia la de los agricultores y no la del clima». Palacios (Vox) concluyó que «siempre ha hecho calor en verano y frío en invierno, pero ustedes quieren alarmar», abrazando el negacionismo del cambio climático. La moción fue rechazada por 23 votos en contra (PP, PSOE, IU-VQ-MM), con solo 2 votos favorables (Vox y la concejal no adscrita).
