Aunque llamarles ‘taures’ no sea un insulto, en caso de que lo fuera sería un ‘insulto venial’. Todo lo que se va destapando en los últimos años sobre las prácticas de este partido, tanto en el gobierno central, como en todos los gobiernos autonómicos, locales…, y otras instituciones, más pronto que tarde termina revelando sus prácticas, cuanto menos tramposas y casi siempre delictivas.
Los del PP han falseado los presupuestos para cada una de las elecciones a las que han concurrido; se han financiado a base de mordidas y ‘donaciones’ de empresas (el 3%) por adjudicación de contratos de obra pública y otros; han montado grupos paralelos de policías para espiar a terceros que ellos decidían; se han apropiado de los fondos reservados para pagar encargos y servicios de su interés; han distribuido dineros públicos entre periodistas y medios de comunicación afines; adjudicaciones a empresas privadas de trabajos y tareas perfectamente asumibles por la propia administración pública; colocado al frente de las estructuras de poder y/o de influencia a personas ¿de su cuerda’ y no por su valía o profesionalidad (empresas públicas, empresas privadas de interés, estamentos nacionales e internacionales…), etc.
En los últimos años, se han esforzado en controlar todo el poder judicial, han ido colocando a sus ‘peones ideológicos’ en puestos clave de la judicatura. Puestos clave en determinados estamentos, que a su vez son los que nombran y dan paso al control de otros niveles de la estructura judicial. Así controlan todo el entramado (con capacidad de decisión política) del poder judicial.
Solo atendiendo a esta distribución de peones y ejerciendo influencia a todos los niveles, se pueden entender situaciones como, el sobreseimiento del caso de Cristina Cifuentes, el enterramiento paulatino de todos los casos de corrupción del PP, la ‘cortina de opacidad’ alrededor de las múltiples corruptelas del emérito rey, la aprobación de la segregación por sexos en colegios concertados, que pagamos entre todos…, y, por el contrario, la continua persecución de Podemos (la última la del diputado Javier Rodríguez, inhabilitándole por una patada hace siete años, imposible de demostrar), el acoso a periodistas, cantantes, titiriteros, etc., por delitos de opinión. Y con aplicación de penas injustas y descabelladas.
Por todo esto, se entiende que las dos condiciones principales que el Partido Popular pone para la renovación del Tribunal Superior de Justicia sean: una que Podemos se quede fuera de la negociación. Y la otra, que sean los jueces quienes elijan a los jueces. La primera de las condiciones les asegura que nadie interferirá en sus intereses. Anticonstitucional por otra parte, Podemos tiene que estar representado en todas las instituciones, en igual proporcionalidad a los votos obtenidos. Con respecto a la segunda condición, los jueces de derechas también posicionados hoy, son los que darán continuidad con sus nuevas elecciones a los que detentarán los puestos de mando para el futuro (y para siempre). O sea, generar una estructura corporativa intocable, que se regenera así misma y que no responde a nadie, su poder es absoluto.
El PP se olvida que estamos en una democracia (quizás no lo han tenido claro nunca), que los gobiernos los eligen los ciudadanos y que todos los estamentos que no han sido elegidos directamente, tienen que responder a la proporcionalidad que decidan las urnas. Cualquier otra estructura daría lugar a estamentos corporativos, blindados y garantes solo de los intereses de algunos, aquellos que responden a sus intereses ideológicos, porque evidentemente los jueces también los tienen.
Lo dicho, las derechas en España están siempre acostumbradas a jugar con ventaja y no renuncian a seguir haciéndolo, para eso son capaces de, en contra de los mandatos constitucionales, bloquear la renovación obligatoria de todos los estamentos del Estado después de su periodo de vigencia, chantajear al gobierno salido de las urnas y mentir una y otra vez, a través de sus medios e instrumentos de comunicación comprados.
Pésimos representantes de los intereses de quienes les han elegido, serán los políticos de izquierdas, si transigen con esos chantajes.
JuanM del Castillo
