Desde enero de 2018, el bloqueo político ha imposibilitado la renovación del máximo órgano de control de los jueces, el Consejo General de Poder Judicial (CGPJ), ya expirado y en funciones desde entonces y que, hasta ahora, ha permanecido en un limbo jurídico. Cinco años se cumplirán al finalizar el 2023. Con un presidente suplente, dos sillas vacías por no poder ser ocupadas y 18 vocales (21 con el presidente).
Del CGPJ depende el nombramiento de miembros de tres tribunales clave: el Supremo, el Constitucional y el de Cuentas. A las salas del Tribunal Supremo, sin ir más lejos, en los próximos meses llegarán juicios tan mediáticos como el caso Gürtel, el caso Tándem, la supuesta amnistía o medida de gracia similar…, etc.
El Partido Popular, desde el mismo momento en que se tenía que renovar este alto tribunal y se negaron a hacerlo, ha venido alegando justificaciones múltiples: desde negarse a que pudieran entrar jueces afines a Podemos, hasta el intento de que se cambie el sistema de elección de los jueces que compondrían estos altos tribunales, a pesar de que la actual fórmula de elección fue impuesta por el Gobierno de José María Aznar. El planteamiento hoy del PP sería que ‘los jueces elijan a los jueces’, algo de todo punto antidemocrático y probablemente anticonstitucional, ya que los jueces no se presentan a las elecciones y por tanto tienen que reflejar proporcionalmente los resultados que hayan reflejado las últimas elecciones, anteriores a su renovación.
El presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo (TS), Carlos Lesmes, ya avisó «a los poderes públicos concernidos», en la apertura del Año Judicial en septiembre de 2020, que la no renovación del órgano de los jueces representaba «una seria anomalía». En octubre de 2022, Lesmes presentó su dimisión irrevocable intentando que se produjeran otras dimisiones en cadena, pero nada ha sucedido, los intereses políticos y personales, pesan más que la honestidad de muchas de sus señorías, así como su falta de lealtad a la Constitución.
Carlos Lesmes estuvo al frente del CGPJ y del Tribunal Supremo casi nueve años –cuatro de ellos, en funciones–, hasta su dimisión en octubre de 2022 en protesta, según alegó, por la situación de interinidad del Consejo. Su legado ha dejado un Supremo con una absoluta mayoría conservadora de miembros y presidentes de Sala. Estos últimos se nombran cada cinco años, pero los magistrados del Supremo continúan en el cargo hasta su jubilación.
También durante su mandato, Lesmes ha ido colocando a una serie de jueces jóvenes, directamente en la Audiencia Nacional, disimulados estos ‘enchufes’ en forma de comisiones de servicio.
Para forzar al PP a un acuerdo y, en parte, para frenar los nombramientos de jueces afines, el Gobierno de coalición logró en marzo de 2021 reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, impidiendo que el CGPJ pudiera hacer nombramientos mientras actúe con el mandato prorrogado. Esta medida, a la que el PP se opuso rotundamente y les sirvió como nueva escusa para no sentarse a negociar, también conlleva otras consecuencias: deja en una situación muy delicada al Supremo, que ahora dicta mil sentencias menos al año, porque los magistrados que se jubilan o fallecen no pueden ser sustituidos.
Pero, trabaje o no la cúpula judicial, aún estando en situación irregular y transitoria (no sabemos hasta cuando), a las arcas públicas nos cuesta un dineral. El Presidente del Consejo General del Poder Judicial tiene asignada en el presupuesto de 2023, las retribuciones brutas siguientes: Sueldo (14 mensualidades): 30.723,00 euros. Además, en concepto de ‘otras remuneraciones’ (12 mensualidades): 120.463,20 euros. Total anual: 151.186,20 euros. La asignación para los Vocales, 130.390,40 euros (más trienios o complemento de antigüedad 507,44 €). Emolumentos todos que puntualmente ‘sus señorías’ siguen cobrando, pese a estar en situación irregular y prácticamente sin funciones. Y recordamos que son 21 magistrados, además de la partida correspondiente, en salarios y otros, de todos los equipos técnicos y funcionarios que trabajan para ellos.
El colmo es que, hace un par de semanas el presidente de ese CGPJ, caducado hace medio lustro, parásito y desautorizado, es capaz de cuestionar la oportunidad en la composición del Tribunal Constitucional, ¡y ni siquiera se sonroja…!
Y esta situación podría alargarse ‘sine die’, sobre todo si el presidente que saliera investido fuera Pedro Sánchez y un Gobierno progresista. El PP ya ha asumido que transgredir la Constitución le cuesta poco y le costaría mucho más tener que enfrentarse a todos los casos retenidos de corrupción, malversación, uso partidista de las estructuras del Estado, etc.
