La norma refuerza el quinto pilar del Estado del Bienestar, favorece el acceso a la vivienda a precios asequibles, protege de las situaciones de vulnerabilidad y combate la especulación inmobiliaria.
El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes, para su tramitación parlamentaria por el procedimiento de urgencia, del proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda. El texto fue presentado el pasado 26 de octubre y supone un hito en la actual etapa democrática, ya que se trata de la primera norma que desarrolla el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada.
La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, Raquel Sánchez ha afirmado que el Gobierno ha elaborado una ley «rigurosa, sólida, compacta y transversal» que blinda la función social que debe cumplir la vivienda y tiene vocación de perdurar en el tiempo. Además, ha reiterado que la motivación de la norma es responder a las necesidades de las personas y los hogares con más dificultades de acceso, como los jóvenes, que «han visto limitada su capacidad de poder emanciparse». Sánchez ha mantenido que «la ley no va en contra de los propietarios sino que va en contra de la especulación», protege sus derechos y reconoce sus obligaciones.
La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha recordado que la crisis financiera de 2008 provocó miles de desahucios, que las cláusulas abusivas de las hipotecas endeudaron a muchas familias y que la burbuja posterior en el mercado del alquiler ha provocado que los precios de los arrendamientos hayan subido hasta un 50% entre 2015 y 2020.
El Ejecutivo, ha añadido Raquel Sánchez, mantiene que delimitar el campo de actuación del Estado en la materia en aras a conformar parques públicos de vivienda y fijar patrones para proporcionar casas dignas y asequibles a los colectivos económicos más vulnerables no invade ninguna competencia autonómica.
