El Ayuntamiento de Rivas auditará las licencias urbanísticas en trámite
El pasado miércoles, la Cadena SER informó que la inmobiliaria Jarama está siendo investigada por la posible comisión de un delito de falsedad documental. Según informaciones de distintos medios, verificadas por Zarabanda, fue el propio Ayuntamiento de Rivas el que puso en conocimiento de la Guardia Civil lo sucedido.
«Intentaron engañar al Ayuntamiento de Rivas presentando un documento falso atribuido al Canal Isabel II», nos explican desde el propio Canal Isabel II. En concreto, el documento se refería a la promoción urbanística que la inmobiliaria Jarama pretende construir en la Avenida del Arco Iris de Rivas.
El Ayuntamiento requirió a Jarama Desarrollos Inmobiliarios una certificación del Canal Isabel II que acreditase que las estructuras de abastecimiento y saneamiento de aguas actuales son suficientes para atender la mayor demanda derivada de la construcción de «un edificio de 54 viviendas en altura y 9 unifamiliares». Por tanto, el Ayuntamiento siguió el procedimiento habitual en los casos en los que hay que conceder una licencia urbanística.
El documento de la discordia: contenido y sellos que no concuerdan
Sin embargo, el documento debió llamar su atención ya que contactaron con el Canal Isabel II para verificar su autenticidad. «Detectamos que era falsa y así se lo hicimos saber (al Ayuntamiento)», afirma el Canal. Además, añaden que están «preparando la correspondiente denuncia». Tras su respuesta, el propio Ayuntamiento informó a la Guardia Civil de los indicios de falsedad documental.
En ese documento, que cuenta con un sello atribuido al Área de Gestión Comercial de Canal de Isabel II, se indican cuatro puntos
El gobierno local revisará que no haya habido más casos
El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, tras tener conocimiento de la posible comisión de un delito de falsedad documental por parte de Jarama, puso en conocimiento de las autoridades la información necesaria para que abran una investigación. Además, el Consistorio ha anunciado que auditará todas las licencias urbanísticas en tramitación por si se han producido posibles irregularidades.
Asimismo, la alcaldesa de Rivas, Aída Castillejo Parrilla, facilitó de urgencia al resto de fuerzas políticas toda la documentación. Para ello, convocó de manera urgente una reunión de la Junta de Portavoces. Según ha señalado la propia alcaldesa, “se debe investigar a fondo la posible comisión de un delito de esta gravedad”. Según fuentes jurídicas, el delito de falsedad documental puede alcanzar penas de cárcel de entre 3 y 6 años. Especialmente, en casos como este, que afectan a documentos públicos y que se presupone ánimo de lucro (al ser requisito para una promoción inmobiliaria)
Los responsables de Jarama Desarrollos Inmobiliarios se enfrentarían incluso a penas de cárcel
El artículo 390 del Código Penal contempla el delito de falsedad documental en documento público. Esta tipología está pensada, principalmente, para evitar que funcionarios y personal público falsifiquen documentos en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, un particular también puede cometer este delito si cumple supuestos como estos:
- Simulando un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad.
- Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido, o atribuyendo a las que han intervenido en él declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieran hecho.
El Canal Isabel II denunciará a Jarama Desarrollos Inmobiliarios por presunto fraude documental
Toda la documentación está a disposición de las autoridades que la requieran, especialmente del Canal de Isabel II. El Canal podría ser parte afectada en tanto que el documento, supuestamente manipulado, lleva su sello. En el mismo se indica que “existe en la zona instalación de abastecimiento propia de la red de Canal de Isabel II, la cual se encuentra activamente en servicio”. Además, se explicita que “es capaz de abastecer la demanda de agua derivada de la ejecución”.
Este hecho ha sido desmentido por el propio Canal. Han indicado que el documento carece de validez ya que emplea un Sello atribuido al Área de Gestión Comercial de la entidad, que no es la encargada de ese tipo de certificaciones. Tampoco, en el caso de que ese área hubiera intentado producir un documento así, se habría emitido desde las plataformas de gestión electrónica con las que trabajan normalmente.
La detección del fraude documental previno posibles vertidos medioambientales
La preocupación municipal no se refiere solo a una cuestión de normativa urbanística. Ya que, según los técnicos del Canal Isabel II, de haberse aprobado la licencia habría habido un riesgo real de verter aguas residuales al medio natural, al verse sobrepasadas las capacidades de la actual infraestructura de depuración de aguas. Por tanto, a la espera de conocer la denuncia que realice el Canal Isabel II, no es descartable que se impute también un presunto delito medioambiental.
Y es que el Área de Conservación de Sistema Tajo, encargada de supervisar las capacidades de las infraestructuras de esta zona, calificó de «precaria» la situación de la Estación de Bombeo del Cristo de Rivas. Por tanto, esta infraestructura no estaría suficientemente equipada para aguantar un incremento del caudal de residuos.
Jarama se defiende de la denuncia del Canal Isabel II
En un comunicado remitido a los medios de comunicación, Jarama Desarrollos Inmobiliarios afirmaba que ya tenían a los servicios jurídicos trabajando en las acusaciones recibidas. En él, recalcaron «la buena fe de todas sus actuaciones administrativas ante los organismos competentes» y, específicamente, ante el Canal de Isabel II.
Según la versión de la promotora inmobiliaria, se ha producido un «malentendido», ya que dicen haber seguido los «procedimientos habituales». Jarama afirma tener «la máxima voluntad de colaboración con el Canal» y niega las acusaciones de haber falsificado un documento.
Aída Castillejo vinculó este caso con su defensa de la paralización de licencias durante 2021 y 2022
Según declaró la alcaldesa, Aída Castillejo, este caso evidencia “un modelo de crecimiento descontrolado». Para la alcaldesa, modelo que «puede provocar enormes daños a los ciudadanos y las ciudadanas y a su entorno natural”. También se enorgulleció de los trabajadores municipales que detectaron la presunta anomalía y de la rápida respuesta del Gobierno local. “Está claro que en Rivas mandan los vecinos y las vecinas y no el ladrillo”, ha señalado.
Asimismo, ha querido incidir en los años que llevan demandando la adecuación de la zona y la correcta urbanización a las empresas responsables de la misma. Castillejo ha puesto en valor el trabajo que se realiza desde la Concejalía de Urbanismo. Allí los equipos trabajan “mano a mano con las compañías suministradoras para conocer la capacidad real de prestación de servicios básicos a las familias residentes actuales y del futuro”, dijo.
Por último, ha querido insistir en que es importante que la investigación por parte de las autoridades se desarrolle en profundidad, por si “existen prácticas similares por parte de la patronal del ladrillo en otras administraciones”. Castillejo reafirmó que el Ayuntamiento revisará todas las licencias en curso y estará vigilante para no permitir «estas prácticas opacas».
