Toda sociedad tiene sus características propias, costumbres, maneras de entender y vicios. Todo eso se va configurando con los años (y siglos) y aporta características, identidad a los habitantes que la integran (para bien y para mal). Aunque desde el poder político, la autoridad…, se pueden alterar esas características innatas, mejorarlas o corromperla hasta los cimientos, principalmente sus instituciones que son las directamente controladas por el poder, pero inevitablemente eso va calando en la cultura popular…
Me remonto a los últimos 100 años (por no ir más lejos), en que los partidos de derechas (incluidas un par de dictaduras) han venido legislando y configurando la identidad de este país y sus gentes. Excepcionalmente solo pequeños periodos, han alterado la línea de continuidad ideológica y comportamiento.
Atendiendo concretamente a los últimos cuarenta años, desde la constitución del 78, Adolfo Suarez se ocupó de iniciar un periodo constitucional que entendíamos como novedoso, Felipe González consolidó lo que parecía debería haber sido una democracia moderna, eso sí también se encargó de desmantelar toda la estructura de empresas públicas, industria básica, energéticas, soporte financiero estatal, ganadería, agricultura, etc., hasta dejarnos en manos de la empresa privada y los avatares internacionales. Acabando su tiempo de gobierno acusado de corrupción a casi todos los niveles. La llegada de J.M. Aznar supuso el asalto del poder de la derecha (de nuevo), a la estructura política y legislativa del estado, así como la judicial, para ponerla al servicio de los intereses del partido y concretamente de unos pocos dirigentes y sus patrocinadores del poder financiero. Su llegada significó entender el gobierno como el consejo de administración de una (o muchas) empresas, que necesariamente tienen que ser explotadas, para dar el mayor beneficio posible a los presidentes y consejeros de todas ellas. Desde entonces, en función de esos objetivos se ha legislado, se ha transferido a manos privadas gran parte de la sanidad pública, la educación, las vías de transportes, los grupos de comunicación, las productoras y suministradoras de las distintas energías, la estructura bancaria y financiera, etc. Y todo ello aplicado y protegido mediante leyes y cuerpos de seguridad del Estado, sentenciado por el poder judicial e inculcado desde la escuela y los medios de comunicación.
Los otros presidentes de gobierno llegados después, solo han consolidado las directrices y objetivos marcados por los anteriores, incluso en el caso de éste último M. Rajoy, lo han aplicado ‘a raja tabla’, con ansia y abuso, tanto es así que ya era demasiado evidente y algún medio de comunicación, saltándose el guion, ha ido denunciando los casos de corrupción más escandalosos.
Más tarde y poco a poco, han surgido pequeños grupos de comunicación que, en aras de la honradez y ética periodística, han hecho gala de su función social y han ‘levantado numerosos mecanismos y fraudes’ desde el poder político y/o en connivencia con el mundo empresarial, tantos que hoy se cuentan por centenas, la mayoría de ellos centrados en el partido que gobierna, el Partido Popular y sus dirigentes en las distintas estructuras de poder. Cada vez se parecen más a ‘una familia mafiosa’ que a un partido político. En estos días, la Secretaria General del PP, Mª Dolores de Cospedal, declaraba: “hay que defender lo nuestro y a los nuestros”, se entiende que por encima de que sean corruptos ó no, de que sean delincuentes ó no… Han hecho de lo público, de lo de todos, su cortijo.
Y es que lo han corrompido todo, lo último ya, la educación y la universidad. Se han montado La Rey Juan Carlos para emitir titulaciones a demanda y a medida, también para colocar a los “suyos”, tal y como defiende Cospedal, ejemplos son: Fernando García Rubio y David Ortíz, profesores e implicados en la ‘Púnica’, la hermana de Cifuentes (Margarita), la prima de Gallardón (Isabel Ruiz Gallardón, la sobrina de Mayor Oreja (Isabel Mayor), la cuñada de F. Granados (M.Mar Alarcón),…Y una larga lista de afines. El rector de la Universidad (cuando Cifuentes dice que cursaba su master), era Pedro González Trevijano, hoy magistrado del Tribunal Constitucional. Han convertido la Universidad Rey Juan Carlos en ‘una agencia de promoción de currículum, de colocación de afines y familiares y tránsito hacia puestos de mayor relevancia política y empresarial…’. Desvelado el regalo de ‘un el master’ a Cifuentes, ‘por este hilo’ se irán destapando otros casos similares, con toda seguridad…
¿Dónde quedan los títulos obtenidos con sacrificio y esfuerzo del resto de los alumnos, esos que no son miembros destacados del PP?
Solo sacando de las instituciones a los partidos corruptos, podremos empezar a regenerar la sociedad.
