Es un consenso de la comunidad científica que el cambio climático, que se acentúa en el litoral mediterráneo, implica eventos como la DANA que ha asolado la costa valenciana. Tal cambio está vinculado con el calentamiento de la Tierra provocado por el ser humano, como atestiguan noticias de los últimos meses: “Las emisiones de CO2 han alcanzado un nuevo récord”, “Casi el 100% de la población en España respira niveles nocivos de ozono por el calor severo”, “La Amazonía se enfrenta a una sequía sin precedentes que amenaza el equilibrio ambiental global”, etcétera…
Lo que termina provocando episodios extremos que se repiten cada vez con mayor frecuencia e intensidad, como lluvias torrenciales seguidas por inundaciones severas. El progresivo aumento de la temperatura del Mediterráneo debido a este cambio intensifica la energía y humedad necesarias para formar DANAs cada vez más severas.
Particular importancia tienen en este proceso las energías fósiles. Las empresas energéticas disponen de muchos recursos para presionar al poder político y los gobiernos que, no sólo rebajan las exigencias de reducción de emisiones, sino que subvencionan generosamente con fondos públicos su extracción y comercialización. El mismo Fondo Monetario Internacional denuncia la financiación pública global de los combustibles fósiles. Solo en Europa en 2022 ascendió a 120.000 millones de dinero público.
En cuanto a los grandes medios que conforman la opinión pública, están en manos de sectores negacionistas, con poderosos intereses económicos y/o políticos, que rechazan la gravedad de la emergencia climática y sus consecuencias; o peor aún, que se enriquecen con las catástrofes climáticas y las pandemias que originan.
La ONU no ha conseguido que se apliquen las recomendaciones de las cumbres climáticas
Los acuerdos de las Cumbres del Clima de la O.N.U. han tenido un bajo nivel de implementación porque no se han establecido mecanismos de control, de revisión y sanciones. Ante la celebrada en Dubai en 2023, se planteaban exigencias urgentes: “Es hora de que el mundo acuerde una acción integradora antes de que sea demasiado tarde” o “La COP28 debe poner una fecha para terminar con los combustibles fósiles”. Sin embargo, las petroleras y su enjambre de lobistas invadieron esta Cumbre y las medidas que se tomaron (o que no se tomaron, más bien).
A provocar la tormenta perfecta (nunca dicho con mayor propiedad) colabora un modelo económico basado en la especulación inmobiliaria y el turismo, que ha cubierto de cemento cauces, barrancos, llanuras inundables y áreas litorales, además de construir infraestructuras que bloquean el curso natural del agua. Pelotazos inmobiliarios, toneladas de cemento, caos climático y lluvias torrenciales están íntimamente relacionados. Tres de cada diez viviendas afectadas por la DANA en Valencia se construyeron en zona inundable durante la burbuja.
Ecologistas como José Manuel Naredo ya alertaron del modelo inmobiliario español y su vulnerabilidad ambiental
En 2011, el economista José Manuel Naredo publicaba “El modelo inmobiliario español y su culminación en el caso valenciano”, donde explica que la expansión desmedida de áreas urbanizadas altera ecosistemas, destruye biodiversidad y conduce a una grave sobreexplotación de recursos naturales, particularmente de suelo y agua. En Valencia se han impulsado ciclos de crecimiento especulativo que, además de provocar un alza de los precios del suelo y la vivienda, han llevado a la privatización de espacios comunes, afectando tanto al medio ambiente como a la cohesión social. Recientemente, Carlos Mazón todavía negocia el regreso de la Copa América de vela a Valencia y ha presentado una reforma de la Ley Urbanística para ampliar la construcción en la costa y flexibilizar el uso del suelo no urbanizable.
Pero la crisis climática no es igualitaria. Mientras que la huella de carbono de un multimillonario es miles de veces superior a la de un trabajador y el 1% más rico del planeta es responsable de más del doble de las emisiones de carbono, son los países y clases sociales que menos contaminan los que más sufren sus efectos. Hemos de configurar un sistema socio-político que resuelva los problemas con infraestructuras orientadas al bienestar social y ecológico de las mayorías sociales, y gestionadas bajo control público y comunitario no simplemente decidido por las élites del poder económico o por los gobiernos de los países más poderosos. Si los ciudadanos no controlan al poder político global, nacional, regional y municipal, tampoco será posible un control de los daños ambientales y sociales que afectan sobre todo a las clases populares.
