El pasado 23 de diciembre con lo que podríamos llamar premeditación, alevosía y navidad, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso publicaba el Proyecto de Ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid, más conocido como Ley Ómnibus, que nacía ya entre el bochorno democrático de fijar un período de alegaciones que finalizaba el día 3 de enero, cercenando a la mitad los plazos de consulta pública en plenas navidades al servirse para su tramitación del procedimiento de urgencia.
Se entenderá mejor la gravedad de dar tan solo siete días para que la sociedad civil pudiera plantear alegaciones a este texto (a pesar de lo cual se consiguieron registrar más de seiscientas) al conocer que este “cajón de sastre” modifica 50 textos normativos, entre ellos: 31 leyes, tres decretos legislativos, seis nuevas regulaciones de rango legal y dos decretos. Ahí es nada.
Y es que según declara el propio texto, su objetivo presuntamente es «impulsar la actividad económica en la región, adaptar el cuerpo normativo actual a las nuevas realidades sociales y económicas, eliminar cargas innecesarias y modernizar la organización administrativa». Pero ¿de verdad eso se corresponde con su contenido?
Veamos: educación, sanidad, administración local, transportes, cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, vivienda, suelo, juego, deporte, transparencia, y la propia distribución y atribución de competencias en el desarrollo de los procesos normativos. Todas estas áreas de los servicios públicos y la vida diaria de los ciudadanos y ciudadanas madrileñas se verán afectadas. Así dicho, igual marea y dice poco, pero pongamos algunos ejemplos para entender mejor por dónde va la cosa.
En materia sanitaria, se plantea (entre otras cosas) la creación de una Agencia de Orientación Sanitaria de la Comunidad de Madrid (artículo 44), que se presenta y justifica para la optimización y centralización de las compras de suministros, pero cuando escarbas un poco, como han hecho todas las organizaciones que defienden la sanidad pública, descubres sin mucho esfuerzo que en realidad es un artefacto para favorecer la privatización del sistema sanitario regional y fomentar la ausencia de transparencia y control, abriendo rendijas incluso para financiar de forma encubierta con dinero público a empresas privadas y externalizar, es decir privatizar, sin límites, todas las prestaciones del SERMAS.
En cuestiones de suelo, son 10 los artículos que se modificarían de la Ley 9/1995, de 28 de marzo, de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo, y otros 15 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad. Se permitiría la edificación en espacios protegidos, se aumentaría la edificabilidad con respecto de lo ya construido y se normalizarían edificaciones irregulares en vías pecuarias. Y entre otras barbaridades se elimina la obligación de que el promotor tenga que ceder suelo al ayuntamiento para la construcción de servicios públicos al sustituirla por una cuantía económica. Externaliza la gestión de licencias y permite la ejecución de los llamados Proyectos de Alcance Regional (como el fallido Eurovegas) en cualquier clase de suelo, independientemente de su protección. Toda una alfombra roja para volver a la especulación y el pelotazo.
La reforma de la Ley del Juego, después de declarar eufemísticamente que pretende una modificación del régimen de publicidad, promoción y patrocinio con el fin de regularlo de manera ordenada, no establece ni la distancia mínima de las casas de apuestas que inundan Madrid con colegios, institutos y centros a los que acuden nuestros niños y niñas. Todo desregulación, promoción y cantos de sirena.
Y así podríamos seguir llenando páginas y páginas con todos los atropellos de esta tropelía legal, por lo que solamente citaré una última medida. En mitad de la polémica de los contratos del hermano de Isabel Díaz Ayuso, que le ha costado la cabeza al mismísimo Pablo Casado, resulta que el PP madrileño tiene el desparpajo de incluir en la Ley Ómnibus nada menos que un recorte de la Ley de Transparencia y una modificación de la Cámara de Cuentas, que supondría de facto que el PP se garantice el control del órgano. Recordemos que ese es el organismo que fiscaliza sus contratos y gastos, por tanto, contratos como los del hermano de la presidenta de la Comunidad.
Como ya habrá quedado claro con estos breves ejemplos, cualquier parecido con recuperar la actividad económica y esta Ley es pura coincidencia, por lo menos para la actividad económica de la mayoría social madrileña. Esta ley solamente privatiza y pone facilidades para el desmantelamiento y el expolio de lo público, y para cosas peores aún (que mucho tiempo y daño después terminan en los juzgados).
El desprecio a los procedimientos democráticos y a la participación ciudadana ha hecho que ni las alegaciones, ni las 51.700 firmas presentadas formen parte del expediente que se ha remitido a la Asamblea de Madrid para la tramitación parlamentaria de la Ley, así que esperamos que la respuesta contra esta barrabasada del Partido Popular y sus socios de la extremísima derecha sea contundente y tan solo la primera de las muchas acciones necesarias para pararla.
Empezamos este mismo sábado a las 12:00 de Atocha a Sol. Nos van muchas cosas de nuestras vidas cotidianas, muchos derechos, en parar esto. En la Asamblea de Madrid los números aún no dan, que en la calle sí nos den los números está en vuestras manos y en vuestros pies. Allí nos vemos.
Sol Sánchez.
Diputada de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid.
