Aída Castillejo ha reivindicado que los vecinos de la Cañada «tienen que ser parte del proyecto».
El Comité Ejecutivo del Pacto Regional para la Cañada Real Galiana, del que forma parte del Ayuntamiento de Rivas, ha aprobado la nueva hoja de ruta que, entre otras cuestiones, da luz verde al Plan Extraordinario de Realojos, que contempla una inversión total de 330 millones de euros. Durante la reunión del Comité, en el que también participan el Gobierno de España, la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos de Madrid y Coslada, la alcaldesa de Rivas, Aída Castillejo, ha destacado la importancia de la hoja de ruta y que exista ya una fecha definida para un proceso tan complejo como este, que abarcará desde 2024 a 2036.
“Tener una fecha en esta hoja de ruta es algo que celebrar y que compartir con los vecinos y con las vecinas de Cañada, así como con las entidades, porque también tienen que ser parte del proyecto”, ha dicho la regidora ripense, incidiendo en la importancia de que tanto los plazos como el acuerdo político vengan acompañados de los recursos económicos que ya se contemplan en el plan. En el mismo sentido, Castillejo ha reivindicado, además, “el respeto de los derechos de la población de Cañada Real”, y que sean siempre tenidos en cuenta criterios de vulnerabilidad social para los realojos.
Medidas complementarias
Además de este protocolo, el Comité Ejecutivo ha acordado una serie de medidas complementarias destinadas a mejorar la inclusión social en la Cañada Real. También se ha acordado seguir potenciando el trabajo en red entre asociaciones, agentes sociales y administraciones públicas que desempeñan su actividad en este territorio.
Por último, la regidora ripense ha puesto en valor el Pacto Regional para la Cañada, el único pacto en la Comunidad de Madrid de estas características, así como la importancia de la cooperación institucional entre administraciones y el papel central de los ayuntamientos. También ha señalado que los problemas de Cañada Real no terminan con los realojos, sino que después se abordará la renaturalización de esta zona. En este sentido, a medio y largo plazo, el protocolo aprobado contempla recuperar el terreno y los espacios verdes que ocupan ahora los asentamientos, una vez sus habitantes hayan sido realojados.
