El Consejo de Estudiantes de la Universidad de Alcalá (CEUAH) denuncia una clara falta de comunicación entre las universidades y sus estudiantes.
Esta semana se ha retomado la actividad en la mayoría de universidades españolas. Y este periodo de exámenes arranca en 2024 con una novedad: el estudiantado universitario cotiza por primera vez sus prácticas en empresas y otras entidades.
La cotización de las prácticas universitarias es una medida que ya se preveía en el Real Decreto-ley 2/2023 de marzo en el que se modificaba el sistema de pensiones y ha sido presentada por el Ministerio de Seguridad Social como un avance en los derechos de la juventud para acabar con el fraude laboral.
Aunque la cotización debía haber llegado ya en el verano pasado, la prórroga solicitada por la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), alegando la imposibilidad de gestionar este nuevo sistema desde las universidades, fue aceptada por el Gobierno. Sin embargo hoy, más de 10 meses después, siguen sin haber encontrado una solución para el coste económico y de gestión que supone la cotización de sus estudiantes.
Falta de coordinación
La Conferencia de Rectores alega que las universidades españolas han sido abandonadas por el resto de las administraciones en esta causa. Hace solo 3 días hacían público un comunicado muy crítico con la gestión por parte del Estado y las Comunidades Autónomas, entidades —dicen— que han «eludido su responsabilidad en la gestión administrativa y pago de estas cotizaciones». La CRUE es especialmente crítica con el Gobierno, que ha asumido «la gestión y coste de las prácticas correspondientes al estudiantado de FP, sin dar el mismo tratamiento al estudiantado universitario».
La Universidad de Alcalá no es ajena a la medida, siendo una de las que más se ha esforzado por incluir al entorno económico y social en la cotización. Sin embargo, la falta de coordinación nacional o autonómica de las universidades públicas ha impedido que se pueda generar un sistema estable para conseguir que todo el estudiantado tenga plazas de prácticas y existan recursos económicos para cotizarlas.
Mientras tanto, muchas cuestiones quedan aún sin dirimir: cómo afecta a otras condiciones retributivas, qué ocurre si no hay suficientes plazas de prácticas o cómo se van a gestionar los cinco años de retroactividad de la medida, aún inaplicables, son preguntas frecuentes sobre las que las Comunidades Autónomas dan informaciones contradictorias y el Gobierno aún no se ha pronunciado.
Falta de comunicación
El Consejo de Estudiantes de la Universidad de Alcalá (CEUAH) ha sido uno de los más relevantes en la negociación de esta cuestión a nivel nacional. Los representantes del estudiantado señalan una clara falta de comunicación entre las universidades y sus estudiantes, así como de coordinación entre Ministerios. La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP), presente en las negociaciones iniciales con el Ministerio de Trabajo, demanda ser incluida de nuevo en este asunto para poder conseguir que el Estado se haga cargo de la gestión de las prácticas para el próximo curso.
«El estudiantado tiene que tener muy claro qué hay detrás de la cotización de sus prácticas» —declara Diego Gibanel, Presidente del CEUAH— «pues lo que se vende como el fin de la precariedad laboral ha tenido un desarrollo que ha dejado mucho que desear. El Gobierno de España y las Comunidades Autónomas no han aportado soluciones reales, que esperamos que lleguen el próximo curso. Las Universidades están teniendo que gestionar las prácticas por imperativo legal, pero muchas de ellas ni siquiera han querido negociar con las empresas. Es totalmente desmoralizador para los universitarios ver cómo a todo el mundo se le llena la boca con nuestros derechos, pero nadie se esfuerza lo más mínimo en hacerlos efectivos».
