Es el nombre con que algunos definen la última etapa del sistema económico neoliberal empeñado en limitar cada vez más el papel del Estado y la regulación política de la vida económica. En realidad, supone reemplazar la regulación de los mercados y las políticas redistributivas por la ley del más fuerte, lo que está conduciendo a una degradación de los derechos sociales y la vida política en general.
Son diversas las formas de esta cultura-praxis anarcocapitalista: La facilidad con que los grandes capitales recurren a múltiples formas de elusión y evasión fiscal, negándose a responsabilizarse, en igualdad de condiciones, del sostenimiento del Estado. A lo que colabora la renuncia, por parte de éste, a garantizar el cumplimiento del mandato constitucional en lo que se refiere a una “fiscalidad justa y progresiva”.
La facilidad con que las grandes corporaciones, y cada vez más empresas, han ignorado las disposiciones del “Estatuto de los trabajadores” sobre el derecho a la sindicación de sus empleados, la jornada laboral con su limitación de horas de trabajo diario, la retribución de horas extra, el rechazo de los despidos libres y gratuitos, el reconocimiento de los derechos asociados a una relación laboral para los trabajadores autónomos etc. Es sintomático, en este sentido, la reacción furibunda de algunos sectores sociales y medios de comunicación contra las medidas que la actual ministra de trabajo está poniendo en marcha para corregir esta deriva de un capitalismo des-controlado.
Otro síntoma de esta cultura anarcocapitalista: el recurso generalizado, por parte de la Administración, a la privatización de competencias propias de un Estado responsable del bien común. Una muestra puede ser el reciente “Anteproyecto de ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la modernización de la Administración” de la Comunidad de Madrid. Plantea, por ejemplo, la creación de una Agencia de Contratación Sanitaria que delegará sus funciones en empresas privadas. De esta forma el gobierno podría eludir el control parlamentario y ciudadano de las adjudicaciones en la contratación pública, dando amparo legal a privatizaciones opacas,
Asimismo modifica la Ley del Suelo, introduciendo un nuevo artículo “Régimen de la colaboración público-privada, por el que entidades privadas podrán gestionar el otorgamiento de licencias urbanísticas o verificar usos de suelos. Resta competencias a los municipios y termina con la obligación de las constructoras de ceder suelo a los ayuntamientos.
Políticas como estas están en el origen de la debilidad de los Estados y el crecimiento de la desigualdad. Según el reciente Informe Mundial sobre Desigualdad, “por la desregulación y las privatizaciones, durante los últimos 40 años, los gobiernos de los países se han vuelto significativamente más pobres. La riqueza ya no pertenece a los sistemas-estado sino, en mayor medida, a individuos y familias. España destaca como el país rico en el que más ha crecido la riqueza privada.” Políticas que, lamentablemente, han contado con la pasividad de una opinión pública domesticada por sus medios de comunicación.
La otra cara, lógica por otra parte, de esta antipolítica neoliberal es el creciente recurso a un autoritarismo antidemocrático promocionado por los poderes financieros y mediáticos que se benefician de la situación y ejercen el poder real, sin contar con los gobiernos o los parlamentos. Libertad para los más fuertes que se traduce en incremento de medidas policiales para hacer frente al lógico malestar de las mayorías sociales.
Asistimos a un debilitamiento del poder de los Estados, sobre todo porque la dimensión económico-financiera, de características transnacionales, tiende a predominar sobre la política. Pero, ¿puede haber un camino eficaz hacia la paz social sin una buena política, una política que no esté sometida al dictado de las finanzas?
Eubilio Rodríguez
