Lo llaman agenda urbana, pero no es más que la estrategia de supervivencia de la izquierda de Rivas Vaciamadrid.
Tras el “Rivas Párate a Pensar”, ese proceso fraudulento con el que han manipulado la voluntad de los vecinos, en el que solo votó el 14% de los ripenses y de los que 2.559 dijeron no a la cacicada del gobierno, llega otra entrega de la propaganda de la izquierda para entretener a los vecinos y hacer un paripé disfrazando de democracia la imposición de su modelo de ciudad, que no es otro que el de su aldea gala controlada con mano de hierro.
Les resumo el documento: es otro panfleto para dar cumplimiento a la voluntad del gobierno y que toma como referencia el diagnóstico fraude del “Rivas Párate a Pensar”, algo que ya es invalidante per se.
El pasquín reconoce que la existencia de viviendas a precios asequibles es una prioridad de las Administraciones Públicas, no sin dejar de culpar a fondos y agentes económicos de la crisis habitacional y del aumento de los precios de alquiler y compra.
Frente a la dificultad en el acceso a la vivienda, el Gobierno municipal fía la solución de esta problemática a su intervención del mercado mediante la declaración del municipio como zona tensionada para controlar los precios, vulnerando el derecho de propiedad.
Rivas tiene un problema de vivienda, como reconoce el propio gobierno en el documento, un problema por el déficit de vivienda libre y protegida que hace que su precio suba, sin que quepa culpar de ello a operadores económicos o fondos pues ya les advertimos que la paralización de la construcción traería estas consecuencias, y la responsabilidad es únicamente de la izquierda que gobierna este municipio.
Tampoco es realista hacer recaer en las espaldas de la Empresa Municipal de la Vivienda, una empresa que atraviesa serias dificultades económicas, la solución del problema de la vivienda asequible, apartando a los propietarios y a la iniciativa privada en general.
Los mecanismos para contener el precio de la vivienda -y así garantizar el acceso a la misma- son complejos, pero sin duda las políticas del Ayuntamiento en los últimos años, limitando y suspendiendo la posibilidad de conceder licencias para la promoción de viviendas, están lejos de estar al servicio de ese objetivo. Si las políticas públicas limitan la oferta, los precios inevitablemente subirán en un mercado con una demanda creciente.
Existe suelo urbanizable en proceso de desarrollo en el municipio, con suelo incluso recepcionado, que posibilitaría la generación de cifras importantes de vivienda libre y protegida en Rivas Vaciamadrid. Unas viviendas que, además, nuestro planeamiento urbanístico en vigor autoriza.
El municipio se ha visto inmerso en sucesivas suspensiones -totales y parciales- de licencias, imposibilitando nuevas promociones residenciales que pusieran en el mercado viviendas, reduciéndose la oferta de un producto escaso y con una demanda creciente, con la consiguiente subida de precios. Suspensiones de licencias que, por otro lado, han visto superados sus plazos legales ante la incapacidad manifiesta del Ayuntamiento de llegar siquiera a la aprobación de un Avance de Revisión del Plan General, generando una importante inseguridad jurídica y potencial litigiosidad.
Se olvida este Gobierno de izquierdas que el artículo 20 del Texto Refundido de la Ley de Suelo establece que las Administraciones Públicas y, en particular, las competentes en materia de ordenación del territorio deben destinar suelo adecuado y suficiente para usos residenciales, con reserva de una parte proporcionada a vivienda protegida.
El Ayuntamiento ha venido actuando en sentido contrario al no permitir el desarrollo de viviendas suficientes, cercenando para ello la eficacia del planeamiento vigente, amenazando la pervivencia de empresas y empleo local, no de fondos de inversión como se indica en el “panfleto”, así como la generación de una oferta adecuada y diversa.
Diagnosticada la falta de viviendas, si lo que se quiere conseguir son precios asequibles, permítase entonces a las empresas y trabajadores locales promoverlas, en aplicación del planeamiento en vigor que anticipó una demanda de viviendas creciente y que actualmente se pretende dejar desabastecida.
