OPINIÓN | Ángeles Martín, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Laica de Rivas Vaciamadrid.
Mañana, 29 de enero, se celebrará en Madrid una Misa Funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, en la catedral de la Almudena. Fue solicitada al arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo, por la presidenta de la Comunidad de Madrid (CAM), Isabel Díaz Ayuso (IDA).
Rápidamente ha sido respondida por el arzobispado, informando de la presencia en ella de los tres obispos de la provincia eclesiástica (Getafe, Alcalá y Madrid), así como su invitación a los familiares de las víctimas y al resto de madrileños para, juntos, “elevar nuestra oración a Dios por todos ellos”.
Indiscutiblemente es un acto de Estado: la realización de dicho Acto la propone la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, que es Estado, e invita a todas las autoridades y a todos los ciudadanos de Madrid, además de familiares de las víctimas, de otras Comunidades.
Por otro lado, un día antes de la carta de IDA al arzobispo, ya se sabía que el 31 de enero en Huelva -lugar origen de 25 de los 45 fallecidos-, tendría lugar un Homenaje de Estado a las víctimas de la tragedia, acordado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla.
Reflexiones sobre la aconfesionalidad del Estado
El Acto de Estado de Madrid -próximo día 29-, no se suma al Acto de Estado –próximo día 31-. El Acto de Madrid, es, evidentemente, una contraprogramación. Y ante toda esta información, hay varias reflexiones que se me vienen a la mente y que creo importante compartir y contrastar:
La Constitución deja perfectamente definida la aconfesionalidad del Estado. Parece incuestionable que las Autonomías son también Estado. ¿Por qué esta presidenta de una de esas Autonomías, viola la Constitución, cuando su deber es ser fiel a ella, tal y como juró al asumir su cargo?
El primer funeral en recuerdo de las víctimas de la dana de Valencia también fue religioso, y a él, a pesar de que luego se celebró otro funeral civil, asistieron prácticamente todos los representantes públicos de Estado, desde el rey hasta los alcaldes.
Todos y todas hemos asumido el marco constitucional en el que se encuadra nuestra vida civil y política. El artículo 16.3 de la Constitución Española de 1978, determina explícitamente, que “ninguna confesión tendrá carácter estatal”. Pero el Estado y sus estructuras son incapaces de alejarse de los hábitos y tradiciones religiosas en sus manifestaciones sociales. España sigue, y cada vez más, debido al auge de las derechas y ultraderechas, anclada al nacionalcatolicismo franquista.
Desconozco si todas las víctimas eran religiosas, o si tenían la misma religión o ninguna; supongo que, tanto familiares como población, que sentimos con ellos el dolor de su tragedia, no somos todos católicos creyentes. Pero sí ciudadanos de las distintas Comunidades y del Estado. Y creo que, en un país constitucionalmente aconfesional, un Acto de Estado no puede realizarse bajo el paraguas de una religión y en el espacio de una de sus iglesias.
Si se trata de un acto religioso, como es el caso, podrá asistir a él toda aquella persona que lo desee, creyente o no, político/a en ejercicio, etc., pero en ningún caso, como representante público.
Las catástrofes demandan consuelo, no exclusión
Catástrofes como ésta o la dana de Valencia, requieren que los estamentos públicos posibiliten espacios de encuentro y consuelo. Un funeral civil aglutinaría a todos los españoles y españolas, sea cual sea la creencia religiosa o no, que cada uno profese. Porque la solidaridad y la empatía, nos unen en el dolor, en la reconstrucción y en el esfuerzo común para evitar futuras catástrofes como ésta. Manifestaciones de carácter excluyente dejan fuera a una parte de la población.
Una idea que considero intrínseca a estos hechos, nace de la siguiente frase de IDA: “el acto se celebrará para todas las víctimas desde la región y desde la capital de España”. Esta frase muestra una concepción centralista, que entra en contraposición con la base de la estructura territorial y el reparto de las competencias, con la que nos regulamos: las Autonomías.
De nuevo pone de manifiesto el concepto castellanista de esta afirmación. En los tiempos de la dictadura se concentraba todo el poder político y administrativo en Madrid bajo la figura de Franco. Malos tiempos aquellos, que algunos echan tanto de menos.
Otro elemento que hace pensar y llama la atención, es la prisa de la presidenta de la CAM por celebrar su Acto religioso antes del civil (que, por cierto, no sabemos a fecha de hoy, si también terminará siendo religioso).
Quizá este afán por ser “la primera”, tenga que ver solo –una vez más- con su ansia personalista dentro de su partido, su egocentrismo enfermizo, haciendo gala de nuevo de la simpleza de sus afirmaciones, ninguneando a su compañero de partido en Andalucía y a su presidente Feijoo, queriendo dejar claro quien manda de verdad y quien marca las directrices del partido: ‘criterio propio y contundente’, ‘liderazgo incuestionable’,… Aunque en realidad no haya nada nuevo en sus actos, más allá de lo que fue una España casposa y simple que los españoles, tras muchos años de penuria, expresamos libremente en las urnas, que no queríamos.
¿Y qué pasa con otras víctimas?
Y algo doloroso que no podemos ignorar: 7291 ancianos murieron sin asistencia sanitaria en las residencias de la CAM en plena pandemia Covid. 7291 ancianos y ancianas abandonados por la sanidad pública que ellos habían hecho posible con su trabajo y cotizaciones durante toda su vida. 7291 ancianos y ancianas víctimas del Protocolo de la Vergüenza que esta misma presidenta de la CAM estipuló.
Esta mujer que hoy se muestra tan solidaria, no ha celebrado acto alguno, ni religioso ni civil, por los 7291 ancianos abandonados por ella cuando más la necesitaban. Ni Acto, ni petición de perdón ni reconocimiento de lo hecho.
Ellos y ellas, sus familiares y el pueblo madrileño, también han sido y son víctimas, esta vez directamente, de su nepotismo y prepotencia.
