Artículo de opinión del concejal del PP, Francisco Javier Gil Rodríguez, sobre la falta de transparencia municipal.
La gestión institucional no solo se mide por las decisiones que se toman, sino también por cómo se comunican. En Rivas Vaciamadrid, el Ayuntamiento parece aplicar una política de comunicación selectiva, donde los éxitos judiciales se celebran con entusiasmo y los fracasos se silencian con discreción. Esta doble vara de medir no solo genera desconfianza, sino que erosiona la credibilidad de una administración que presume de transparencia y participación ciudadana.
El ejemplo más reciente es la sentencia del Tribunal Supremo, fechada en octubre de 2025, que condena a la Comunidad de Madrid a indemnizar al Ayuntamiento de Rivas con 451.399,52 euros por no abonar los importes del convenio de financiación de las escuelas infantiles municipales durante los meses entre marzo y junio de 2020, cuando fuimos confinados y se suspendió la actividad presencial.
El juzgado de primera instancia dio la razón a la Comunidad de Madrid, pero el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid presentó recurso y el nuevo fallo valida la postura del Consistorio, que sostiene que mantuvo la actividad educativa en sus escuelas infantiles mediante recursos telemáticos para niños entre 0 y 3 años.
Este logro jurídico fue comunicado de forma inmediata y entusiasta. La alcaldesa, Aída Castillejo, apareció en un vídeo/reel difundido por redes sociales, calificando la resolución como “histórica” y como una “defensa de lo público desde lo local”. El Ayuntamiento emitió notas de prensa, declaraciones institucionales y celebró el fallo favorable como una victoria de la democracia municipal frente a la arbitrariedad autonómica.
Sin embargo, el contraste con otro caso judicial es flagrante. La Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) de Rivas Vaciamadrid fue condenada hace años a pagar 6 millones de euros a la Agencia de Vivienda Social (AVS) de la Comunidad de Madrid por impago de rentas derivadas de un derecho de superficie. La deuda se ha ido acumulando por la inacción de la EMV, generando intereses que crecen mensualmente.
A pesar de que la AVS ha requerido el pago en múltiples ocasiones, y de que la sentencia es firme desde hace años, el Ayuntamiento no ha informado públicamente a la ciudadanía sobre esta situación. No hay vídeos, ni comunicados, ni explicaciones institucionales. Solo evasivas: “se está estudiando el caso”, “se están acordando términos”, “se busca un acuerdo”. Mientras tanto, la deuda sigue creciendo, la ciudadanía permanece ajena a una carga económica que afecta directamente a las arcas municipales y ya hay una orden de embargo de las cuentas y bienes de la EMV.
Este silencio es preocupante. No solo por la cuantía de la deuda, sino por lo que revela sobre la cultura institucional del Ayuntamiento: se comunica lo que conviene, se oculta lo que incomoda. Se construye una narrativa de éxito, pero se evita la rendición de cuentas cuando los resultados son adversos. Y lo más grave es que esta omisión no es puntual, sino sistemática.
La diferencia temporal entre ambas sentencias refuerza esta crítica. La victoria judicial contra la Comunidad de Madrid se ha comunicado de forma inmediata, apenas días después del fallo. La derrota judicial frente a la AVS, en cambio, lleva años sin ser explicada públicamente. ¿Por qué esta asimetría? ¿Por qué se informa cuando se gana y se calla cuando se pierde?
La ciudadanía merece saber. Merece conocer tanto los logros como los errores. Merece una administración que no solo celebre sus éxitos, sino que también asuma sus responsabilidades. Porque la transparencia no puede ser selectiva. Y porque la confianza institucional se construye con verdad, no con propaganda.
En definitiva, si el Ayuntamiento de Rivas quiere ser ejemplo de gestión democrática, debe empezar por aplicar la misma vara de medir en todos los casos. La transparencia no puede depender del resultado judicial, sino del compromiso con la ciudadanía. Y ese compromiso, hoy por hoy, está en entredicho.
