Artículo de Raúl Martínez sobre la desinformación que vierte la derecha política durante crisis como la de los incendios y otras anteriores.
La mayoría del país estamos conmocionadas al vivir un nuevo episodio de crisis climática. Nos pasó con la DANA en la Comunitat Valenciana, y ahora se repite el mismo esquema con los incendios forestales que arrasan Galiza, Extremadura o Castilla y León. Pero ¿cómo responde la derecha cuando ocurren ante estos hechos? Por desgracia siempre tienen la misma fórmula: recortes en prevención, balones fuera para asumir responsabilidades, generación de bulos y fakes news y, cuando ocurre en el ámbito autonómico un último ingrediente, dejación de funciones y exigencias al Estado para que actúe.
El patrón que se repite: menos recursos, más desastre
Allí donde gobiernan PP y Vox, la receta es idéntica. Primero, reducción de impuestos con la bandera de “aliviar la carga fiscal”. Después, el efecto directo: menos ingresos para financiar servicios públicos básicos, entre ellos la prevención de catástrofes climáticas. Y finalmente, cuando llega la emergencia, incapacidad de respuesta y llamada desesperada al Estado.
En Castilla y León, por ejemplo, el gobierno autonómico ha llegado a afirmar que la prevención de incendios no debe hacerse todo el año porque “en invierno no hay riesgo y sería un gasto innecesario”. La lógica cortoplacista es evidente: ahorrar en lo inmediato, aunque eso suponga multiplicar los costes —económicos y humanos— cuando el fuego se descontrola en verano.
Lo mismo ocurre con los planes de protección civil o las brigadas de refuerzo: plantillas temporales, recursos insuficientes y falta de coordinación. Cuando la emergencia estalla, la propia Junta se resiste a declarar el nivel 3, que permitiría al Gobierno central y a la Unidad Militar de Emergencias (UME) asumir el control. ¿Por qué? Porque hacerlo equivaldría a reconocer su incapacidad de gestión. Prefieren prolongar el caos antes que asumir la responsabilidad política.
Ideología antes que ciudadanía
Nada de esto es casual. La derecha y ultraderecha en España han construido un marco ideológico en el que la “ecología” es vista como una imposición de Bruselas o como un capricho de “la izquierda verde”. Reconocer la magnitud de la crisis climática y apostar por la prevención implicaría inversión pública sostenida, planificación a largo plazo y cooperación entre instituciones. Es decir, justo lo contrario de su receta neoliberal de recorte, privatización y confrontación permanente con el Estado central.
Lo que ofrecen, en cambio, es puro espectáculo: la foto del presidente autonómico sobrevolando el incendio o visitando a los vecinos afectados, seguida de una rueda de prensa en la que se reclama más ayuda estatal. Todo, sin corregir el problema de fondo: la falta de recursos estructurales para afrontar emergencias que son ya la nueva normalidad.
La paradoja del discurso anti-autonomías
La contradicción es todavía mayor porque el PP y Vox controlan hoy la mayoría de comunidades autónomas. Y, sin embargo, alimentan un discurso que cuestiona la propia utilidad del modelo autonómico. Difunden bulos que sostienen que las autonomías son caras, ineficaces o redundantes; eso sí, callan casualmente ante las Diputaciones Provinciales.
Lo que omiten es un dato básico: en un Estado centralizado, la administración en los territorios no desaparece. Simplemente se sustituye la autonómica por delegaciones del poder central. Es decir, el gasto sigue existiendo, pero las decisiones se toman más lejos de la ciudadanía.
Ese alejamiento es crucial en la gestión de crisis. Una administración local o autonómica bien dotada puede actuar con rapidez, adaptar planes a la realidad de su territorio y dar respuesta inmediata. Un modelo centralizado retrasa esa respuesta, la hace más burocrática y la aleja de las necesidades concretas de los vecinos, especialmente entendiendo la conformación del Estado-Nación en nuestro país. Presentar el centralismo como más eficaz es, sencillamente, un engaño.
Más descentralización, no menos: el papel de los municipios
Si algo demuestran las emergencias climáticas es que necesitamos más descentralización, no menos. Porque cuando llega una crisis (o cualquier queja o problema), el primer lugar al que acude cualquier ciudadano no es ni la consejería autonómica ni el ministerio de turno, sino su ayuntamiento. Es el municipio a quién se dirige la vecindad, al que le toca organizar el voluntariado, quien mejor conoce los puntos vulnerables de su territorio.
Aunque es la administración más cercana, los ayuntamientos cuentan con competencias limitadas y recursos escasos. El reparto competencial lo encontramos tanto en la Constitución, los Estatutos de Autonomía y la Ley de Régimen Local mantienen a los municipios en un papel secundario.
La contradicción es evidente: la ciudadanía pide soluciones a su ayuntamiento, pero este carece de medios suficientes. Y mientras tanto, el reparto de financiación pública sigue concentrado en el Estado y en las comunidades autónomas. Avanzar en un modelo de descentralización que dote a los municipios de competencias claras y de financiación adecuada no solo es una cuestión de justicia democrática, sino también de eficacia en la respuesta ante crisis climáticas.
Sin embargo, el bipartidismo (tanto Partido Popular como PSOE) se resisten a fortalecer al administración local. Cuando presiden la Federación de Municipios y Provincias, reclaman más financiación local; pero cuando dirigen desde el Estado o las autonomías, impiden cualquier reforma que implique ceder poder y recursos. La consecuencia es una descentralización incompleta que mantiene a los ayuntamientos como ventanilla de todas las quejas ciudadanas, pero sin herramientas y capacidad para resolverlas.
Solo una alternativa política fuerte en el espacio de la izquierda rupturista, que recupere la tradición federalista del republicanismo español, podrá abrir de verdad ese camino. Un modelo federal, cooperativo y descentralizado, donde los municipios no sean meros gestores de lo que otros deciden, sino actores con capacidad real de intervención y de financiación. Y en tiempos de crisis climática, esa reforma ya no es solo deseable: es urgente.
El historial de la derecha en las grandes crisis
Cuando miramos hacia atrás, vemos que el patrón de gestión deficiente y sectaria de la derecha española no es nuevo. Hay precedentes muy claros:
- Prestige (2002): Se intentó minimizar la catástrofe del petrolero hundido frente a Galicia, retrasando decisiones clave y llegando a difundir mensajes como que el buque “navegaba hacia alta mar”. El resultado: una marea negra que arruinó la costa gallega.
- Yak-42 (2003): murieron 62 militares españoles en un accidente aéreo en Turquía. ¿Qué hizo el Ministerio de Defensa? mentir a las familias sobre la identificación de los cuerpos, tapando la contratación irregular del avión.
- Guerra de Irak (2003): participamos de una guerra ilegal, en contra de la mayoría del país, todo bajo el amparo del argumento falso de las “armas de destrucción masiva”. Fue una decisión ideológica de vasallaje ante los USA.
- 11-M (2004): ante los atentados en Madrid, el Gobierno intentó manipular la información para culpar a ETA, en lugar de reconocer la autoría yihadista. Todo para mantener su relato en plena campaña electoral. El sectarismo pesó más que el respeto a las víctimas y a la ciudadanía.
En todos estos casos, la constante es la misma: la derecha convierte las crisis en oportunidades para imponer su visión ideológica, incluso a costa de la verdad, de la transparencia y de la vida de las personas.
Una ciudadanía cada vez más desprotegida
Las consecuencias de este modelo son palpables. Incendios que podrían haberse sofocado en fases tempranas se convierten en tragedias que arrasan pueblos enteros. Inundaciones que podrían haberse mitigado terminan en calles anegadas y familias que lo pierden todo.
Más allá del daño material y ambiental, hay un efecto social muy grave: la erosión de la confianza ciudadana en las instituciones. Cuando un gobierno recorta en prevención, se muestra incapaz de responder y, encima, manipula la información, el mensaje que recibe la población es claro: están desprotegidos. Esa sensación alimenta la desafección democrática y la resignación social. Es la victoria de la “apolítica” del “todos son iguales”.
La crisis climática exige lo contrario al modelo neoliberal
El cambio climático está poniendo a prueba los sistemas políticos y de gestión de todo el mundo. En España, lo que muestran los incendios, las DANAs o las olas de calor es que el modelo neoliberal basado en recortes, privatización y confrontación está agotado.
No basta con fotos, discursos o reclamaciones de última hora al Estado. Lo que se necesita es lo contrario: reforzar los servicios públicos, garantizar plantillas permanentes de prevención, coordinar mejor los niveles autonómico y estatal, y asumir que las emergencias climáticas son estructurales, no excepcionales.
La derecha española, con su resistencia a reconocer esta realidad, está dejando a la ciudadanía desarmada frente a un enemigo que no entiende de ideologías: la crisis climática.
Conclusión: la defensa de lo público como política climática
Las catástrofes recientes deberían servirnos de advertencia. No podemos permitir que el sectarismo ideológico siga imponiéndose a la gestión responsable. No se trata de una batalla entre centralismo y autonomías, ni entre izquierda y derecha en abstracto: se trata de la seguridad, la vida y el futuro de millones de personas.
El PP y Vox, al recortar recursos y alentar bulos contra el modelo autonómico, están debilitando la capacidad de España de afrontar un reto histórico. Y lo hacen mientras reclaman autonomía para bajar impuestos y privatizar servicios, pero dependencia total cuando llega la catástrofe.
Si algo nos enseñaron el Prestige, el Yak-42, Irak o el 11-M es que la derecha española gestiona las crisis con mentiras y sectarismo. Hoy, con el cambio climático, ese patrón se vuelve todavía más peligroso.
La alternativa es clara: fortalecer lo público, apostar por la prevención y avanzar en la descentralización, de manera que la administración esté cada vez más cerca de la ciudadanía. Solo así podremos recuperar la confianza y garantizar una respuesta eficaz ante las emergencias del presente y del futuro.
