Día: enero 10, 2019

El Tribunal Supremo ha admitido el recurso por el que el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid (Madrid)solicita que se anule, por haberse vulnerado las garantías legales, el Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que falló el pasado mes de noviembre que fueran los clientes quienes asumieran el pago del impuesto sobre actos jurídicos documentados –impuesto sobre hipotecas-, revertiendo el sentido de las sentencias que apenas tres semanas antes una de sus secciones había dictado en sentido contrario. Fuentes jurídicas han confirmado que, tal y como adelanta El Confidencial, la petición de la empresa de la vivienda de Rivas -cuyos recursos propiciaron tanto el giro jurisprudencial como la posterior rectificación- ha sido inicialmente aceptada. El asunto obligará a reunir nuevamente a todos los magistrados de la Sala en Pleno para revisar el asunto. Las mismas fuentes confirman que la petición de nulidad solicitada por la EMV de Rivas, es algo obligado si esta parte pretende llevar lo ocurrido ante el Tribunal Constitucional por considerar que se vulneraron las garantías procesales. El recurso apunta como posible ilegalidad que no se informara a las partes de la convocatoria del Pleno que fijó finalmente la posición final sobre el asunto. El Pleno cuestionado, totalmente fracturado -15 votos frente a 13- falló el pasado 6 de noviembre tras 16 horas de deliberaciones que fueran los clientes quienes hicieran frente pago del impuesto sobre actos jurídicos documentados –impuesto sobre hipotecas-. Días después, el Gobierno reguló vía Real Decreto en sentido contrario. Magistrados del propio Supremo cuestionaron al presidente de la Sala La celebración del Pleno del pasado noviembre fue polémica desde su origen, puesto que las tres sentencias dictadas inicialmente por los magistrados de la Sección Segunda de esta Sala de lo Contencioso, que es la especialista en tributos, eran firmes. Por ello alguno magistrados del propio Supremo y también desde diversos ámbitos judiciales cuestionaron la decisión del presidente de la Sala, Luis María Díez-Picazo, de avocar a un cónclave de 28 magistrados otros tres recursos idénticos sobre este asunto interpuestos por el mismo recurrente. El alboroto mediático y social que causó la decisión de Díez-Picazo obligó incluso al presidente del Supremo, Carlos Lesmes, a comparecer ante los medios de comunicación par pedir perdón por la gestión del asunto dada la importancia y repercusiones sociales y económicas de la decisión. También negó que hubiera recibido llamadas de entidades bancarias para forzar dicha revisión. Pedro del Cura Alcalde de Rivas publicó en twiter: «Si ganamos este recurso se consolidaría la ‘doctrina Rivas’ y más de seis millones de familias podrían recuperar el impuesto de las hipotecas que deben pagar los bancos».  

Rivas Vaciamadrid tiene actualmente más de 300 taxistas censados en la localidad. En el año 2015 el Ayuntamiento y la Federación Profesional del Taxi acordaron poner en marcha un servicio de transporte compartido que facilitara y abaratara los desplazamientos de la población ripense, teniendo en cuenta las dificultades diarias a las que tiene que hacer frente: atascos continuos en la A-3, la ausencia de conexión directa a la M-50 desde la ciudad, ausencia de Cercanías, poca frecuencia y escasos convoyes de Metro, masificación de viajeros, etc. Rivas Vaciamadrid, con 88.000 residentes censados, se encuentra a escasos 14 kilómetros de la Puerta del Sol y es uno de los municipios madrileños con peores infraestructuras de transporte, a pesar de las reiteradas quejas y solicitudes al respecto realizadas desde la propia ciudad. La Comunidad de Madrid sanciona y prohíbe esta modalidad de transporte alternativo en Rivas, que sin embargo sí están utilizando otras plataformas de movilidad, y que reduciría notablemente el uso de vehículos privados a la vez que facilita el respeto a los protocolos anticontaminación y se alinea con las restricciones de Madrid Central. Pero precisamente es ahora cuando el Gobierno regional ejecuta la sanción y lo hace recortando la multa de las subvenciones que destina la Comunidad a servicios a la ciudadanía que son de su propia competencia. Con la apertura de este servicio de taxi compartido en Rivas, que se convenió con la Federación Profesional del sector, se puso en marcha también una APP online donde usuarios y usuarias podían solicitar los taxis compartidos, además de dos paradas físicas distribuidas en el municipio. Tanto la Federación como el Ayuntamiento han sido sancionados desde el Gobierno regional por esta iniciativa. Pedro del Cura, alcalde de Rivas, ha manifestado que «al prohibir estos servicios se está boicoteando una iniciativa que tiene que ver con la sostenibilidad, con el hecho de no llevar coches a Madrid con el protocolo anticontaminación, que lógicamente como ciudad de la metrópoli nos afecta. No tiene sentido este boicot del Partido Popular a todas las medidas de movilidad sostenible y alternativas a un sistema público de transporte que en esta ciudad es absolutamente deficitario.» La Federación Española del Taxi (Fedetaxi) el pasado mes de diciembre reiteró formalmente al ministerio de Fomento su petición para que permita al taxi ofrecer al cliente precios cerrados y taxi compartido. También el propio presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, anunció el pasado mes de mayo que en este mes de enero entraría en vigor un nuevo reglamento para el taxi, que fomentaría la convivencia entre el sector y los vehículos de alquiler con conductor (VTC). La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ayer mismo manifestó la intención de implantar un modelo único de taxis y un control de horarios.

Este dinero será repartido en distintos proyectos financieramente sostenibles.