Artículo de opinión del periodista Abel de Lamo.
El gran apoyo de las derechas en España, para dar rienda suelta a su neoliberalismo agresivo, son el poder mediático y el conservadurismo judicial. Es sencillo entenderlo. La derecha y extrema derecha (PP y VOX) vienen utilizando la mediática para facilitar la caída del gobierno actual de mayoría socialista. En concreto, cuentan con el apoyo de una serie de periodistas de Mediaset (Telecinco, Cuatro, Energy…) y Atresmedia (Antena 3, La Sexta, Onda Cero…) y otros medios menores o de extrema derecha (OK Diario, La Gaceta, The Objetive…).
También utilizan las redes sociales (Istagram, Tik-Tok, YouTube. Facebook…) para la confrontación y el bulo. VOX es el partido político con mayor presencia de seguidores jóvenes (menores de 35 años) en las redes sociales, en torno al 29% según algunos sondeos. Otro dato, en doce comunidades autónomas donde gobierna el PP o PP-VOX no existe una mediática (TV, prensa…) de izquierdas o centroizquierda, solo la mediática conservadora, que además suele recibir ayudas institucionales.
PP y VOX también se apoyan en sectores del poder judicial, que actúan con criterios políticos o personales, interpretando o forzando el derecho hasta extremos impropios e irrisorios. Sobran los ejemplos.
El PSOE, ahora en el Gobierno, tiene cierto poder. Ha actuado recientemente y ya controla la TVE (la 1, 2 y 24 H), pero no se ha atrevido a actuar contra los poderes judiciales, en línea con la derecha conservadora, ni siquiera se ha atrevido a reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial. Pudo hacerlo, el PNV y Junts hubieran apoyado, a cambio de no repartirse el Poder Judicial con PP y VOX. Recientemente el PSOE y PP acordaron, tras 3 años de negativas del PP para no perder su mayoría, renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con 10 y 10 representantes cada parte más el presidente, pero un reciente “cambio” progresista ha dejado la mayoría a los conservadores. Sánchez además de la TVE debió controlar desde el inicio de su mandato la judicatura. No lo hizo y lo está pagando.
La derecha conservadora se mete por todas las rendijas e intenta el lawfare (pinza política, judicial y mediática) con cualquier tema, aunque sea menor o venga desde las cloacas. Ver los casos del presidente Sánchez encausados (mujer, hermano…) y del Fiscal General del Estado. La conclusión es obvia, en la España actual no hay normalidad democrática, hay lucha de poder y se acude al lawfare y el trabajo sucio para sacar rentabilidad política.
Esto lo viene señalando en los últimos años Pablo Iglesias, expresidente de Gobierno, y a la vista de los procesos judiciales actuales, tenía mas razón que un santo. También dice Rufián, diputado catalán, y los hechos le dan la razón, que “en nuestro país se utilizan a jueces, políticos, medios de comunicación y ministerios contra partidos políticos”.
Otro ejemplo de lawfare de libro (y de izquierdas) en España ha sido la aprobación de la Ley del “Sólo si es si”. PSOE y Sumar propiciaron una tormenta perfecta (jurídica, mediática, y política) contra la ministra Irene Montero y Podemos, en su intento de eliminarles del tablero político, sin conseguirlo. Podemos, en la candidatura de Sumar, logró 5 diputados en las Generales y meses después Irene Montero, vetada en las Generales por Sumar, salió elegida eurodiputada por Podemos. Finalmente el PSOE con los votos del PP, y previa corrección del desarrollo del “Consentimiento”, aprobó la Ley. Estas maniobras siempre tienen consecuencias en el electorado, pero también en futuros acuerdos electorales o posibles apoyos parlamentarios.
IU y Maíllo deberían entender esto antes de atacar a Podemos, que no se fía y no quiere ir con Sumar en las próximas elecciones andaluzas, pero si con IU y Alianza Verde en Extremadura, donde Sumar no tiene presencia.
El exjuez Baltasar Garzón también decía en TVE días pasados que en España existe lawfare y señalaba como aberrante el procedimiento contra el Fiscal General del Estado. “Las propias asociaciones judiciales se han convertido en instrumentos de poder. El 80% de fiscales y jueces tienen una visión conservadora”, señalaba Garzón. Contra todo esto no ha querido o no ha sabido actuar el Gobierno de Sánchez.
Termino. Se necesitan medidas y leyes que faciliten una política más social (sanidad, vivienda, educación, derogación Ley Mordaza…) y que limiten y persigan los bulos, el lawfare y la corrupción política.
Abel de Lamo. Periodista
