Cáritas Diocesana de Madrid ha presentado en el Congreso de los Diputados una propuesta de proposición no de ley (PNL) para buscar una solución a la situación de emergencia en la Cañada Real Galiana ante la carencia de suministro eléctrico desde octubre 2020, agravada por la borrasca Filomena.

El texto fue entregado en el Registro de las Cortes Generales el 25 de enero pasado para su tramitación y aprobación, “idealmente de forma conjunta y unánime por todos los Grupos Parlamentarios”, según ha señalado Cáritas en un comunicado, donde recuerdan que la asociación está presente en el sector VI de este asentamiento ilegal ubicado a lo largo de 15 kilómetros de esta vía pecuaria.

En el documento propuesto, Cáritas señala que es “preciso y urgente” emprender una “decidida acción coordinada por parte de las administraciones implicadas” tanto para “dar solución a la emergencia de la falta de luz”, como, sobre todo, “la dignificación de la vida de las personas asentadas” según el Pacto Regional.

Por ello, instan a impulsar una “colaboración efectiva” de las administraciones territoriales competentes (central, Comunidad de Madrid y Ayuntamientos de Madrid, Coslada y Rivas Vaciamadrid), firmantes del mencionado Pacto Regional por la Cañada Real, para que, acelerando los plazos previstos, se cumplan sus objetivos.

Cáritas recuerda además en su propuesta los objetivos recogidos en el Pacto Regional, firmado el 17 de mayo de 2017, entre los que destacan restaurar el medio natural del territorio en aquellos casos que tengan nula capacidad de acogida para usos residenciales o actividades económicas.

También pide regularizar la situación patrimonial y urbanística de los inmuebles y/o parcelas mediante un proyecto de renovación urbana basado en los principios de legalidad, derecho a la vivienda y derecho a la ciudad.

Además, reclama la elaboración, dotación presupuestaria y puesta en marcha, con plazos razonables pero rápidos, de una estrategia para el realojo de la población que ya sea por razones territoriales, ambientales, de seguridad o de salubridad no puedan continuar en sus viviendas o infraviviendas.

Por último, propone diseñar, de forma coordinada con las administraciones competentes, un mecanismo eficaz y periódico de rendición de cuentas ante la ciudadanía sobre los progresos alcanzados en la consecución de los citados objetivos del Pacto.

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