El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno de España. Es un estamento al que acude el gobierno de España y aquellas comunidades autónomas que no cuentan con este tipo de consejos consultivos. Está contemplado en el artículo 107 de la Constitución española. Creo que muy pocos ciudadanos saben qué es y para qué sirve el Consejo de Estado y las funciones que desempeña. Desconocen también lo carísimo que resulta su funcionamiento para nuestros bolsillos y, especialmente, el elevadísimo presupuesto que cada año hay que habilitar de nuestros impuestos para afrontar el pago de los generosos sueldos de la plantilla político-gestora del citado ente. Confieso que yo tampoco me había detenido antes a rastrear sobre las funciones y objetivos que tiene el Consejo de Estado, ni sobre los integrantes del mismo, ni sobre los altos sueldos que perciben sus miembros ni, tampoco, sobre la gruesa plantilla de personal de servicios que tienen a su disposición, integrada por 152 personas.
Se puede decir que este Organismo es un estamento público más orientado a dar su opinión sobre ciertos temas que le sean requeridos. Se trata pues de un “asesor” a lo grande, como si no tuvieran ya bastantes asesores el presidente, los ministros y las comunidades autónomas. Además, los dictámenes que aborda, no son vinculantes. Es decir, que pudieran no servir para nada. Es, otro ejemplo más, de duplicidad de instituciones. Dicho Consejo lo forman un presidente, ocho consejeros permanentes, diez consejeros selectivos, varios consejeros natos, un secretario general y varios letrados, (este último es por oposición, los demás no). Además, hay personal en la secretaría general, de archivo y biblioteca, de gestión y asuntos generales, servicios administrativos y de servicios económicos. Durante el gobierno de Rodríguez Zapatero se produjo una reforma que permitió, entre otras cosas, que los ex presidentes del Gobierno entraran a formar parte con la categoría de consejero nato con carácter vitalicio. (¿Se estaba preparando su futuro?).
El Consejo de Estado ha emitido informes, por ejemplo, sobre la reforma de la Constitución en 2004. Sus dictámenes han tocado también otras leyes como el Estatuto de Cataluña, la ley del Matrimonio Homosexual o la del Aborto, así como la norma sobre la consulta popular en el País Vasco, y lo relacionado con el accidente del Yak-42, que costó la vida a 62 militares que regresaban de Afganistán en mayo de 2003; no tuvo consecuencias económicas, pero fue una gran victoria moral para las familias de las víctimas. Eso sí, tardó más de 13 años en emitir su dictamen reconociendo, por primera vez, la responsabilidad del entonces Ministerio de Defensa (Federico Trillo), que, a su vez, fue premiado siendo nombrado Embajador del Reino Unido. ¿Alguien lo entiende?
El presupuesto anual del Consejo supera los 10 Millones €. Y la edad media de sus componentes superan los 79 años de edad. Uno de los cambios de estos días es el de la ex vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, elegida por Pedro Sánchez como nueva presidenta cuyo sueldo será, ni más ni menos, que 101.320.-€ al año, con un contrato vitalicio —han leído bien—, lo que significa que allí permanecerá hasta que lo crea oportuno. De hecho, como De la Vega, hay otros siete consejeros vitalicios (los llaman de forma eufemística permanentes) que tienen un empleo asegurado para toda la vida, y que históricamente se han repartido el PP y el PSOE. Una institución venerable se ha convertido en un cementerio de elefantes. Hoy, el Consejo de Estado forma parte de la endogamia política que reparte prebendas a los ex altos cargos. Es bien sabido que un país vale lo que valen sus instituciones.
Aunque todo este entramado asesor sobre asuntos varios puede ser necesario en determinados casos, no lo es por el contrario la gran dimensión que tiene su estructura operativa y funcional. Si ya es exagerado el número de políticos asilados en este órgano consultivo, resultan chocantes los altísimos y desproporcionados sueldos que perciben, algunos incluso con carácter vitalicio. Parece inventado para acoger a políticos caducos y decadentes para asegurarles la mamandurria de por vida.
La eficacia asesora de este órgano a veces choca con las decisiones de otros estamentos oficiales y no siempre coincide con el sentir mayoritario. Como quiera que lo aportado por el Consejo de Estado puede tener una orientación contraria a las decisiones finales del Tribunal Constitucional, o del Congreso de los Diputados, o del Consejo de Ministros, es factible y oportuno concluir que su función y su eficacia no justifica ni en todo ni en parte la desproporcionada plantilla de políticos que integran el Consejo ni, tampoco, el mogollón de millones que nos cuesta a los currantes, parados y pensionistas.
Miguel F. Canser
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