El 7 de octubre de 1886, se puso en libertad a los últimos 25.000 esclavos españoles residentes en Cuba y territorios de ultramar.
Costó un triunfo tomar esta medida, y prueba de ello son las palabras del que fue varias veces Presidente del Gobierno en aquella época, Antonio Cánovas del Castillo: “Los negros en Cuba son libres; pueden contratar compromisos, trabajar o no trabajar, y creo que la esclavitud era para ellos mucho mejor que esta libertad que sólo han aprovechado para no hacer nada y formar masas de desocupados. Todos quienes conocen a los negros os dirán que en Madagascar, en el Congo, como en Cuba son perezosos, salvajes, inclinados a actuar mal, y que es preciso conducirlos con autoridad y firmeza para obtener algo de ellos. Estos salvajes no tienen otro dueño que sus propios instintos, sus apetitos primitivos.”
El Señor Cánovas tiene el honor de seguir dando nombre a una plaza madrileña cerca del Museo del Prado.
Otro grande de España y también Presidente del Gobierno Español del siglo XIX fue Leopoldo O’Donnell, con otra ilustre y céntrica calle madrileña. Este señor también ejerció la Capitanía general de Cuba con puño de hierro entre 1843 y 1848, ordenó una cruel represión tras una revuelta esclava en la isla, conocida como Conspiración de la escalera, por ser el utensilio que utilizaron para torturar a los sediciosos. Sin duda le interesaba controlar un negocio del que se lucraba indirectamente. Según el cónsul británico en la isla, por cada “pieza” desembarcada recibía 51 pesos de los negreros. Los ingleses calcularon que debió amasar hasta 500.000 pesos durante su estancia en la isla (el equivalente a diez millones de reales en la moneda española de la época, una fortuna).
Es evidente que en todas las épocas hay personas y poderes fácticos que defenderán la brutalidad contra la dignidad humana, para mantener sus privilegios y su opresión. Entonces había que defender la esclavitud porque esas personas morirían de holgazanería, libres, sin saber en qué ocuparse. Ahora, hay que defender los vientres de alquiler porque unos eurillos no vienen mal, la prostitución porque sus víctimas se someten gustosamente y mañana será el tráfico de órganos porque todo puede mercantilizarse.
Veamos los datos de la trata de personas en España publicado por el Gobierno hace unos años:
La prostitución representa un 0,35% del PIB, es decir 3.700 millones de euros (10 millones de euros diarios).
El número de mujeres en situación de prostitución en España es de aproximadamente 45.000.
La demanda mayoritaria de los compradores de prostitución son varones, el 99,7% y la oferta es de mujeres extranjeras, el 95% de ellas en situación de inmigración ilegal con graves problemas económicos.
Contrastan estos terribles datos con la permisibilidad de la prostitución por parte no sólo de las autoridades, sino también de la propia ciudadanía. Duele ver en cada carretera un “club de alterne” funcionando o noticias estremecedoras de equipos enteros de futbol celebrando fiestas con prostitutas.
Lo vomitivo es que tanto las autoridades, como los medios de comunicación, como la propia ciudadanía empiezan a pedir el cierre temporal de los “clubes de alterne”, no porque se trata de la esclavitud de este siglo, sino porque existe peligro de contagio del coronavirus. ¡Lamentable!
Cómo es posible que no haya sanciones para representantes políticos como la concejala de Ciudadanos de El Campello, Merce Pairó, que no sólo votó en contra de «Declarar su pueblo un municipio contra la violencia machista y libre de trata y de prostitución«, sino que argumentó que “Estos locales (los de alterne) forman parte casi del patrimonio de El Campello. Junto con las piedras y las plantas».
La lucha contra la prostitución ha dado un buen salto con las nuevas medidas tomadas por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero: las prostitutas y las víctimas de trata accederán al ingreso mínimo vital, tengan papeles o no, y también recibirán ayudas para el alquiler.
Pero esto es claramente insuficiente, tiene que haber una ley que castigue claramente no sólo al proxeneta que hace negocio con la trata de personas, también a los clientes que con dinero someten sexualmente a las personas. Una ley que ampare a las víctimas y una policía específica, con medios, que persiga la esclavitud de este siglo.
Y también tiene que haber unos servicios sociales municipales específicos, que se ocupen de contactar con estas víctimas de trata en la calle, en prostíbulos o en chalets de lujo, en nuestras ciudades, y ayudarlas a pedir los subsidios que el gobierno ha aprobado.
Les dejo con unas palabras de la periodista Begoña Arnaldes Alonso:
“Se relaciona la abolición de la prostitución con el puritanismo y los derechos de las trabajadoras sexuales con la Izquierda y la libertad de acción, la protección de las mujeres es defendida con ardor por sectores del Feminismo. ¿Nos hemos olvidado de lo que el proxenetismo significa realmente? Si no hay dinero, si no hay intimidación, si no hay falta de recursos, la prostitución no es necesaria porque no es un derecho humano, como tampoco lo es el sexo con una mujer a la que se paga. Intentar relacionarlo con un debate de izquierdas con la intervención del sindicalismo es una trampa más del Patriarcado y los lobbies para normalizar lo que no es normal. Ningún estado puede financiarse con dinero que utilice la violación de mujeres para asentar un negocio más que cuestionable, sino erradicarlo para no favorecer la explotación de personas generalmente extranjeras y menores de edad traídos de otros países con la connivencia de policía y mafias que se lucran e intentan introducir el debate en sectores que le dan una capa de respetabilidad.
La regulación-normalización solo provoca extender y multiplicar la situación de millones de mujeres. Es, pues, apología de la violación. Si nadie se planteó la regulación de la esclavitud, la de la prostitución tampoco.”
