Para no hablar de lo que he leído o de lo que me han contado, hablaré de mi propia experiencia: por septiembre de 2021 deberían de haberme hecho una colonoscopia (de control por antecedentes familiares). No he conseguido que mi médica de familia me la pautara hasta mayo de 2022. Debido a la demora, en el volante se indicaba ‘preferente’. Pasados unos días me llaman del centro de citas y me dicen que ‘la cita libre más cercana que pueden ofrecerme es para el 29 de noviembre de 2023’. Claro, estoy esperando que (de un momento a otro) me llamen diciendo que ‘si usted quiere que le adelantemos la fecha, la prueba se la harán en breve en un hospital privado’, por supuesto a un coste cuatro o cinco veces superior, que tendrá que sufragarse con dinero público. Así está la sanidad pública en la Comunidad de Madrid.
La presidenta Ayuso y su consejero de Sanidad García Escudero, acaban de mandar un escrito a los Centros de Atención Primaria ordenando los protocolos de actuación para los próximos meses: ‘ante la falta de médicos en las consultas de los ambulatorios, serán las enfermeras quienes deberán evaluar, diagnosticar, aplazar cualquier actuación o derivar a los pacientes (en los casos muy apremiantes) a otros centros sanitarios. Asistidos, eso sí, por el personal administrativo’.
Desde el inicio de la pandemia (ya va para dos años), todos los centros de urgencia del sistema público de salud, fueron cerrados y así siguen. Según los sindicatos de enfermería y personal sanitario, en la CM hay 5.631 profesionales menos de los que harían falta. De los 22 nuevos centros de salud que Ayuso se comprometió a construir, no ha construido ninguno, 14 de ellos comprometidos desde hace más de diez años, como es el caso del Centro de Salud con urgencias y especialidades en el barrio de La Luna.
Mientras tanto, las transferencias de dinero público a la sanidad privada han aumentado en un 31%. Durante todo el tiempo de la pandemia, la atención de pacientes con Covid, los sistemas de citas, las vacunaciones y la mayoría de las pruebas, intervenciones, etc., fueron subcontratados con empresas privadas (y así siguen muchos de ellos).
Pero lo más alarmante y denunciable si cabe es que, mientras la sanidad pública sufre esta enorme precariedad, deterioro y vaciado de contenido, el gobierno de la Comunidad de Madrid (Servicio Madrileno de Salud-SERMAS), dejó de gastar 402 millones del dinero presupuestado para 2021 y pagó 1.236 millones de euros más a la sanidad privada que el periodo anterior de 2020.
Las citas para ser atendido por tu médico de familia se demoran hasta 15 días. Y las listas de espera para una prueba o intervención quirúrgica, llegan a 835.000 pacientes. En los últimos presupuestos de la CM había presupuestados 62 millones para contratación de personal, de los cuales no se ha gastado ni 1 euro.
Las enfermeras y enfermeros, celadores, médicos…, los ciudadanos, todos se manifiestan en defensa de la sanidad pública. En algunos barrios de Madrid están acampados frente a los centros de salud, para pedir la apertura de las urgencias, más personal de atención o nuevos centros de salud necesarios para zonas muy infradotadas. Pero la presidenta Ayuso y su gobierno no se dan por aludidos, prefieren seguir derivando a las redes de sanidad privada.
Evidentemente nos están robando la sanidad pública, las varias acciones de protesta de unos pocos no son suficientes, tendremos que ser todas/os quienes protestemos. O mejor, tendremos que elegir otro gobierno en la Comunidad de Madrid que no nos robe, nos quite servicios y anule derechos, como el de disponer de una atención sanitaria pública adecuada.
JM. del Castillo
