Artículo de opinión de Francisco Javier Gil, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid.
En el Pleno municipal de Rivas Vaciamadrid del pasado 25 de septiembre se planteó una cuestión que debería estar en el centro del debate público: la auditoría de las cuentas de la Seguridad Social. No se trata de una propuesta ideológica ni de una ocurrencia coyuntural. Es una obligación legal recogida en la Disposición adicional sexta de la Ley 21/2021, aprobada en diciembre de ese mismo año. Una ley que nació con el propósito de reforzar la transparencia y la confianza en el sistema público de pensiones. Sin embargo, casi cuatro años después, esa auditoría sigue sin realizarse. No hay informe. No hay explicaciones. No hay cumplimiento.
El Tribunal de Cuentas ya advirtió en 2022 que más de 103.000 millones de euros se han cargado indebidamente a la Seguridad Social desde 1989. Son gastos impropios —bonificaciones al empleo, políticas fiscales, prestaciones no contributivas— que deberían haberse financiado con los Presupuestos Generales del Estado, no con las cotizaciones de los trabajadores. Pero sin auditoría, no hay corrección. Y sin presupuestos aprobados, tampoco hay voluntad institucional de abordar el problema con seriedad.
Mientras tanto, lo que sí se ha hecho es endurecer progresivamente el acceso a la pensión. En 2025, la edad ordinaria de jubilación ya es de 66 años y 8 meses. En 2027 será de 67 años para quienes no hayan cotizado al menos 38 años y 6 meses. Se ha ampliado el periodo de cálculo de la pensión a 25 años, y se está implantando un sistema dual que permite usar los mejores 27 años dentro de los últimos 29. Esto significa que muchas personas tendrán que trabajar más años para cobrar lo mismo… o incluso menos.
Estas reformas se han presentado como necesarias para garantizar la sostenibilidad del sistema. Se han introducido incentivos para retrasar la jubilación, penalizaciones más duras para quienes la adelanten, y mecanismos para reforzar la equidad intergeneracional. También se ha creado un fondo público de pensiones de empleo para fomentar el ahorro privado entre pequeñas empresas y organismos públicos. Todo ello configura un sistema más exigente, más complejo y más condicionado.
Pero hay una contradicción de fondo que no puede ignorarse: se pide más esfuerzo a los trabajadores, se les exige más años de cotización, más flexibilidad, más adaptación… y sin embargo, no se cumple con lo más básico. No se auditan las cuentas que gestionan sus cotizaciones. ¿Cómo se puede pedir confianza en el sistema si no se garantiza su transparencia? ¿Cómo se puede hablar de responsabilidad si no se asume la obligación de rendir cuentas?
La ciudadanía observa con inquietud cómo se endurecen las condiciones de acceso a la pensión, mientras se introducen elementos de capitalización que desdibujan el principio de solidaridad. La lógica del ahorro individual empieza a convivir con la lógica del reparto, y eso genera incertidumbre. Porque el sistema público de pensiones no es solo una herramienta financiera: es un pacto social, un compromiso colectivo, una promesa de cuidado mutuo.
Y aquí es donde conviene recordar una verdad que no admite matices ideológicos: si la salud nos respeta —y confiemos que lo haga— todos, absolutamente todos, seremos pensionistas. No es una hipótesis. Es una certeza biológica y administrativa. Defender el sistema público de pensiones no es un gesto de generosidad intergeneracional, es puro instinto de supervivencia.
Sobre todo, no olvidemos lo esencial: detrás de cada pensión hay una vida trabajada. Hay madrugones que no salieron en las noticias, manos que cuidaron sin pedir nada a cambio, espaldas que cargaron más de lo que les tocaba. Hay sueños aplazados, hijos criados, hogares sostenidos. Hay personas que renunciaron a tiempo propio para sostener lo común. Cada pensión es el reconocimiento mínimo a una existencia dedicada a construir país, comunidad, futuro.
No hablamos de cifras. Hablamos de justicia. De dignidad. De memoria. De gratitud. Porque cada pensión es una historia. Y cada historia merece ser contada, respetada y protegida.
Porque ese puente que hoy estamos construyendo con nuestras cotizaciones será el mismo por el que todos, sin excepción, vamos a cruzar.
