Los servicios públicos nos acercan a pobres y a ricos
Unos impuestos equilibrados, razonables, contribuyen a la redistribución de la riqueza. Por eso la izquierda defiende que ‘los impuestos no deben bajar y mucho menos suprimirse’. Los partidos políticos que luchan por el bienestar de las personas defienden que ‘el que más tiene o más gane, más pague’ (de impuestos). Por esto, los impuestos no deben ser lineales, como son los impuestos directos: el iva, los de los carburantes, etc. Estos graban todas las compras por igual, repercuten igual a una familia rica que compra carne, verdura…, que a la familia que malamente llega a fin de mes con lo que gana; a alguien que llena el depósito en un coche de super lujo, o al que reposta en su furgoneta de trabajo…
Aunque tengan que existir impuestos directos, también debería haber otros que imposten más a los que más tienen. Aunque en muchas ocasiones, lo que los gobiernos legislan es justo al revés: a los ricos les suprimen el impuesto de sucesiones; las sociedades de inversión de capital (los fondos buitre) tributan mucho menos que las pequeñas y medianas empresas; cuando hay que rescatar empresas se hace con dinero público (como los ERTE), o con inyecciones directas como los rescates a la banca.
El fin primordial de los impuestos (además de para la maquinaria de toda la estructura del Estado), es el sostenimiento de todos los servicios públicos de que disfrutamos en nuestra sociedad actual: carreteras, aeropuertos, sanidad, educación, pensiones, seguridad pública, transporte público, etc.
Pero nos asola una corriente privatizadora de toda la estructura pública del Estado. Los gobiernos progresistas lo consienten y los gobiernos de derechas hacen caja, desde dentro (como los numerosos casos de corrupción del Partido Popular) o desde fuera con amigos que se encargan de gestionar, y les guardan un puesto para cuando terminen su mandato (puertas giratorias).
Las empresas privadas hace tiempo que descubrieron que donde hay dinero seguro es en ‘las arcas del Estado’, por tanto están empeñados en hacerse con esos fondos procedentes de los impuestos de todos los contribuyentes, sobre todo de las y los trabajadores.
La máxima de todos los gobiernos neoliberales, de derechas y ultraderecha, lo que quieren es ‘adelgazar la estructura del Estado’ y poner los servicios en manos de empresas privadas. ¿Cuál es el objetivo de cualquier empresa privada? Pues está claro: máximo beneficio con el mínimo coste. Un ejemplo claro lo tenemos en los hospitales públicos de gestión privada, los llamados PCPI (los de Esperanza Aguirre), muchas veces en manos de empresas que nada tienen que ver con los servicios sanitarios, que funcionan poco más que como ambulatorios y cuando es necesaria una prueba complicada a un paciente, una urgencia, etc., lo desvían a los hospitales cien por cien púbicos (caso del H. del Sureste con el Gregorio Marañón).
Podría parecer que los costes en una empresa privada son más bajos que los de las administraciones, y es posible que así pueda ser, pero también lo son las condiciones de trabajo, lamentables con demasiada frecuencia. Lo que no son más bajas, son las liquidaciones que esas empresas privadas trasladan a las administraciones públicas, más del cuádruple del coste del mismo servicio en estas. (Los hospitales de la expresidenta Aguirre le cuestan al erario común hasta siete veces más que los costes habituales de un hospital público).
Desde hace mucho tiempo, las administraciones públicas vienen externalizando determinados servicios que no pueden o no les interesa atender: servicios médicos laborales, recaudación impositiva, asistencias letradas, gestión de multas, seguridad en edificios públicos, etc., que sumados en cada ayuntamiento, suponen una partida muy importante, pero ahora los grandes capitales no quieren conformarse con eso, lo consideran migajas, los grandes números se mueven en la sanidad, la educación, las pensiones… Y estas son las áreas (además de otras) tras las que pugnan las empresas privadas y bancos para apropiárselas, eso sí, en connivencia con los gobiernos como es en el caso de la Comunidad de Madrid.
Desde hace más de veinte años en la Comunidad de Madrid se vienen privatizando servicios sanitarios. Ya Alberto Ruíz-Gallardón a finales del siglo pasado comenzó a privatizar. Después Esperanza Aguirre intentó una venta masiva a saldo, aún recuerdo la convención para grandes grupos inversores, en el hotel Rich de Madrid, con un reclamo ‘invierte en infraestructuras sanitarias, la mejor rentabilidad del futuro’ (o algo así), pero le salió mal, los ciudadanos se revelaron y no pudo saldar la sanidad pública. Aunque en su siguiente legislatura organizó la mayor estafa de los últimos tiempos: la construcción de siete hospitales ‘públicos de gestión privada’ (los pcpi) que nos costarán a los contribuyentes, a 30 años vista, siete veces más de lo que sería su coste normal, además de las inyecciones de dinero público posteriores porque dicen ‘no ganar suficiente’. Después llegó Cristina Cifuentes con ‘la misma cantinela’, que le hubiera costado cara si su clectomanía no la hubiera jugado una mala pasada con los perfumes…
… Por último, nos ha tocado I. Díaz Ayuso, marioneta ‘graciosilla’ de Miguel Ángel Rodríguez, José Mª Aznar y todo el grupo de las FAES, con poderío suficiente para poner y quitar presidentes del PP, y empeñados en tomar por asalto ‘la Moncloa’. Ayuso, además de la desastrosa gestión de la pandemia en la Comunidad de Madrid, los cerca de diez mil fallecidos en las residencias por sentencia directa suya, el bochornoso desastre del Zendal (hoy utilizado como almacén) y que nos ha costado el triple de lo presupuestado inicialmente (que no fue poco 60 millones de euros y que ya vamos por 160 M/€), ahora ha retomado la idea inicial de su mentora E. Aguirre y se ha empeñado en desarticular la Sanidad Pública, eso sí, con una estrategia nueva: desprestigiarla, dejarla vacía de contenido y reducir al mínimo el personal sanitario. Aún se atrevió a decir que ‘cualquiera puede pagarse un seguro privado’, desde luego no se ha leído el último informe FOESSA, que dice que seis de cada diez familias españolas están bajo el umbral de la pobreza, que la precariedad en España ha aumentado un 31,6% mientras que el 80% de la riqueza se concentra en menos de 100 familias… Para quien no puede atender los pagos de gas, electricidad o incluso comida, no se le puede pedir que se haga un seguro privado y menos cuando ‘la atención sanitaria universal y gratuita es un derecho constitucional’, aunque la Presidenta Aguirre y toda la derecha ultraliberal que ella representa, quiera privatizarla. Por cierto, para que en momentos críticos, sea el dinero del Estado el que tenga que salvar la situación, como en la pandemia.
La Comunidad de Madrid es la región que menos invierte en sanidad pública de toda España. Como anécdota, hace unos días me llegó un ‘meme’ por una de las redes sociales, se trataba de una foto de la puerta de un centro de salud con un cartel pegado: ‘las urgencias están cerradas por falta de personal, pero el bar de enfrente está abierto por si quieren tomarse la cerveza que recomendaba la Presidenta Ayuso…’.
JuanM del Castillo
