Recientemente la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática, entidad caracterizada por su opacidad y sin más actividad demostrada que su oposición a la remunicipalización del agua en Valladolid y la pugna judicial que ha emprendido contra el ayuntamiento de Barcelona, ha conseguido que la alcaldesa de esta ciudad sea investigada por temas que ya fueron descartados por la Justicia al archivar otra querella similar.

También es significativo el recurso presentado por la Cámara de Concesionarios de Infraestructuras, Equipamientos y Servicios Públicos (CCIES) integrada, entre otras, por multinacionales como Abertis, Alsa, Saba o Suez, contra el acuerdo adoptado por el Concello de Arteixo el pasado mes de octubre, en el que se aprobó cambiar la modalidad de la gestión del servicio de abastecimiento, pasando de ser prestado directamente por el Ayuntamiento a que lo haga una empresa de titularidad pública. Asimismo, es relevante que, desde el pasado mes de noviembre, Aguas de Barcelona y CCIES están enviando requerimientos e, incluso, interponiendo recursos ante el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público, que afectan a numerosos ayuntamientos a los que la empresa pública Aguas de Manresa suministra agua, en los que se cuestionan las encomiendas de gestión que estas administraciones realizan con la citada empresa pública y así abrir paso a la gestión privada de este servicio.

Estos casos, que se pueden calificar de actos de intimidación contra ayuntamientos que reivindican la gestión pública del agua, no son circunstanciales ni aislados, sino que se incardinan en una práctica sistemática del lobby privado del agua en defensa de sus intereses empresariales y de las políticas en pro de la privatización de los servicios de abastecimiento y saneamiento y contrarias a su remunicipalización y a la gestión pública. Manifiestan un claro posicionamiento ideológico que reivindica las políticas neoliberales, y que no dudan en imponerlo aprovechando los desequilibrios de poder que existen entre las empresas multinacionales y las administraciones locales y los movimientos ciudadanos.

En el último informe que Leo Heller, anterior Relator especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, presentó en 2020 a la Asamblea General de Naciones Unidas, se pone en evidencia que la gestión privada conlleva riesgos relevantes para el disfrute de estos derechos humanos, como consecuencia de la combinación de tres factores: la maximización de los beneficios, el monopolio natural de los servicios y los desequilibrios de poder. A partir de la publicación de este informe, Leo Heller pasó de ser un referente para el lobby privado del agua en temas de derechos humanos, a convertirse en la diana de sus críticas más acerbas y en el objeto de una campaña infame de desprestigio tanto a nivel nacional como internacional que llegó, incluso, hasta la presidenta del Consejo de Derechos Humanos y a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

De esta forma, el lobby privado del agua puso en evidencia el poder de influencia que dispone cuando se trata de defender sus intereses económicos y sus posicionamientos ideológicos. Pero este despliegue de medios y capacidad de influencia no es nuevo, sino que se manifiesta continuamente en numerosos aspectos que abarcan los ámbitos político, económico, legislativo, judicial, académico y de los medios editoriales y de comunicación. Siempre en defensa de políticas neoliberales y de la gestión privada de los servicios de abastecimiento y saneamiento, llámese gestión indirecta, privatización o colaboración pública-privada.

Existen numerosos ejemplos de estas prácticas que significan, en los términos que Leo Heller emplea en su informe, claros desequilibrios de poder entre el lobby privado del agua y las administraciones locales y la ciudadanía, y los movimientos y organizaciones que reivindican la gestión pública del agua, y que, en lo sustancial, se concretan en:

  • Su capacidad de relacionarse con el poder judicial al más alto nivel y transmitirle, a través de cursos de formación, el marco conceptual y práctico que justifica la privatización (Convenios entre el Consejo General del Poder Judicial y la Fundación Agbar entre 2011 y 2015). Las consecuencias de estas formacionesse pueden rastrear en numerosas sentencias favorables a los intereses del lobby privado, emitidas por algunos de los magistrados asistentes a los cursos.
  • La incidencia política para influir en las políticas públicas y en el contenido de leyes estatales en su propio beneficio, como es el caso de la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que favorece la privatización de los servicios de agua y limita drásticamente su remunicipalización.
  • La sistemática judicialización de procesos de remunicipalización para obstaculizarlos, cuando no impedirlos, bien directamente, bien a través de asociaciones fantasmao de instituciones afines (Valladolid, Terrassa, Barcelona, Arteixo, Alcázar de San Juan, entre otros).
  • La aplicación de procedimientos judiciales para cuestionar la gestión democrática de aquellos ayuntamientos que defienden la gestión pública del agua. Esta práctica, conocida como lawfare, se ha aplicado singularmente en Valladolid, Terrassa, Alcázar de San Juan y recientemente, como ya se ha puesto en evidencia, en Barcelona, Arteixo y en los ayuntamientos abastecidos por Aguas de Manresa.
  • La utilización de prácticas de presión a los movimientos sociales para impedir la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones sobre el modelo de gestión de los servicios de abastecimiento y saneamiento. Al respecto, son significativos casos como los de la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II de Madrid cuando en 2012 se señaló a uno de sus dirigentes y se emprendió una campaña de descrédito hacia su persona y a la propia Plataforma. Más recientemente, fue relevante el boicot realizado entre 2017 y 2019 a través de nueve recursos contra el ejercicio del derecho a la participación en Barcelona para realizar la consulta ciudadana sobre el modelo de gestión en el Área Metropolitana de Barcelona.
  • El impulso y financiación de cátedras de agua en universidades públicas, que son un instrumento fundamental en la generación del conocimiento justificativo, entre otros temas, de las políticas, planteamientos e intereses del lobby privado del agua. Actualmente hay más de once de estas cátedras en universidades de Huelva, Granada, Málaga, Almería, Valencia, Cartagena, Murcia, Las Palmas de Gran Canaria y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
  • La utilización de medios de comunicación afines y propios para desprestigiar a la gestión pública y democrática del agua, tergiversar el alcance y contenido de los derechos humanos al agua y al saneamiento y colaborar con las campañas de desprestigio, incluso personales, de organizaciones que defienden alternativas a la privatización. Es muy relevante el caso del periódico digital Agora diario del agua, que es un medio digital sin publicidad que lo financie, pero con estrechos lazos con Suez, una de las principales multinacionales del agua. Este periódico digital tiene dos temas recurrentes: defensa numantina de las alianzas público – privadas (la privatización) y una campaña sistemática de desprestigio del actual relator especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento.

Para llevar a cabo una buena parte de estas actividades de incidencia política y empresarial, el lobby privado cuenta con la Asociación Española de Abastecimiento de Aguas y Saneamiento, otrora prestigiosa entidad dedicada a temas técnicos y profesionales, pero que ahora, junto con la organización de la patronal Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana (AGA), son la punta de lanza de la defensa y promoción de la gestión privada del agua. Precisamente AGA, en marzo de 2020, al inicio de la pandemia de la Covid-19, se opuso abiertamente a que el gobierno garantizara los servicios básicos de agua luz y gas y que se prohibieran los cortes de suministro arguyendo que estas medidas ocasionarían un déficit financiero estructural que pondría en peligro la sostenibilidad económica de las empresas. Con este posicionamiento, el lobby dejó claras sus expectativas de primar la consecución del máximo beneficio frente a la salud colectiva, incluso en una situación de crisis sanitaria. Este es, precisamente, otro de los factores identificados por Leo Heller que pueden poner en riesgo el disfrute de los derechos humanos al agua potable y al saneamiento.

Ante estas manifestaciones del lobby privado del agua de imponer sistemáticamente sus intereses y modelos de gestión privada, la Red Agua Pública (RAP) reivindica los modelos de gestión sin ánimo de lucro, públicos y democráticos basados en los principios y criterios definitorios de los derechos humanos al agua potable y al saneamiento. La RAP se solidariza con los gobiernos municipales que actualmente están sometidos a procedimientos judiciales por defender la gestión pública, y singularmente con Barcelona, Arteixo y los ayuntamientos abastecidos por Aguas de Manresa. (Fundación Espacio Público)

Notas: *Gonzalo Marín, Miriam Planas y Leandro del Moral son integrantes de la Red Agua Pública.