Artículo de opinión de Janette Novo
Las 83 viviendas de alquiler que está construyendo con bastante retraso la EMV, se encargaron inicialmente a Tableros y Puentes, S.A. (en adelante TAPUSA). La tramitación y comienzo de las obras se dilató bastante por causas no imputables a la empresa, y durante ese proceso comenzó la guerra de Ucrania y los precios de los materiales se dispararon.
Viviendas de la EMV: retrasos en la obra y conflicto con la constructora TAPUSA
Desde los primeros meses, la empresa adjudicataria avisó a la EMV del encarecimiento de los materiales y advirtió que con las condiciones establecidas inicialmente no le salían las cuentas. En definitiva, les pidió renegociar el contrato porque no podían continuar construyendo en pérdidas.
La alcaldesa, Aída Castillejo, como presidenta de la EMV, se negó a hacerlo y prefirió contratar a un abogado la asesoría jurídica para la resolución del contrato con TAPUSA. Este abogado es, casualmente, socio solidario del despacho de abogados al que el gerente de la EMV adjudicó posteriormente un contrato negociado sin publicidad, léase a dedo, a cuya licitación no se invitó a participar a ninguna otra empresa, para la asistencia jurídica en la demanda de reclamación de cantidad a TAPUSA.
Un contrato legal adjudicado a dedo
A este despacho se le adjudicó la asistencia jurídica por importe de 72.600 euros, un encargo consistente en la redacción de la demanda por 24.200 euros, la asistencia letrada en la celebración de la audiencia previa por 24.200 euros y la asistencia letrada en la celebración del juicio por otros 24.200 euros. El referido despacho con domicilio social en Toledo, casualmente ha contratado también con la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Toledo, de la que fuera gerente durante más de 16 años el actual responsable de la EMV de Rivas Vaciamadrid.
Para la construcción de las 83 viviendas de alquiler, la EMV solicitó un préstamo en 2022 a UNICAJA por importe de 7.900.000 euros a un tipo de interés fijo del 1,43% y a 28 años (3 de carencia y 25 de amortización), con el aval del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid durante toda la vida del préstamo.
Debido a que la EMV decidió rescindir el contrato a TAPUSA y no renegociarlo, se ha perdido tiempo y dinero. La finalización de la obra se ha retrasado considerablemente, se ha licitado nuevamente el contrato, que obviamente se ha tenido que incrementar porque las cuentas no salían ni para TAPUSA ni para nadie, y las condiciones del nuevo préstamo tampoco son las mismas. En lugar de ampliar el préstamo inicial con UNICAJA, que ni les ha contestado quizás por la ruinosa situación de la empresa, han recurrido en esta ocasión a CAJAMAR, que a 25 años y a un tipo fijo del 3,75% anual, un interés muy superior al inicial, les ha concedido 1.978.352,01 euros.
Ambos préstamos tienen una carencia de 3 y 2 años respectivamente, momento en el que la EMV tendrá que comenzar a hacerse cargo de su amortización en medio de la complicada situación económica que atraviesa la empresa.
Aval ejecutado, facturas impagadas y una EMV en apuros
A día de hoy, la EMV debe facturas a TAPUSA y ha ejecutado el aval depositado por la empresa constructora por importe de 350.000 euros, que en la precaria situación en la que se encuentra la EMV, le ha venido muy bien.
TAPUSA tenía razón. El Ayuntamiento y la EMV han perdido tiempo y dinero, una decisión nefasta del gerente y la alcaldesa Aída Castillejo, que acabarán pagando los vecinos de Rivas Vaciamadrid.
Para tapar toda esta tortuosa y negligente gestión, han puesto en marcha su potente maquinaria propagandística anunciando la convocatoria para la presentación de solicitudes, entre el 8 de mayo y el 8 de junio, para participar en el sorteo de las 83 viviendas públicas de alquiler, que tendrán una renta que no es precisamente barata teniendo en cuenta que es un arrendamiento destinado a jóvenes de entre 18 y 35 años, a los que además de la comunidad se les obligará a pagar el IBI de una vivienda que no es de su propiedad sino de la EMV.
