Artículo de opinión de Adolfo Calle Llorente, Secretario de Educación y Bienestar Social del PSOE Rivas.
«Como decíamos ayer…” Hay quien atribuye esta frase a Fray Luis de León, tras ser encarcelado durante cinco años por la Inquisición, en su regreso a las aulas de la Universidad de Salamanca en 1577. Es una frase que utilizó Miguel de Unamuno en la misma universidad, tras los años de destierro que sufrió durante los años 20 del siglo pasado. Y se trata de una expresión que se puede utilizar para reactivar la lucha frente a un largo periodo de pausa donde nada ha ocurrido.
En esa situación está actualmente la universidad pública madrileña, víctima de las políticas del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que lleva ya cinco lustros sin hacer nada por ella. La situación requiere de un cambio radical, en el marco de un amplio debate que ya se ha iniciado y que debe contar con todos los sectores de la universidad: rectorados, decanatos, profesorado, personal técnico de administración y servicios, alumnado, sindicatos o partidos políticos.
La infrafinanciación de las seis universidades públicas de Madrid (Complutense, Politécnica, Autónoma, Carlos III, Rey Juan Carlos y Alcalá), cronificada desde hace ya demasiados años, hace que sus presupuestos para 2026 presenten una cantidad similar a la que tenían en el año 2016, hace una década. Y aunque se publique que aumentan un 6,5% respecto al año anterior, la realidad es que la universidad pública agoniza con cada vez menos plazas, menos profesorado, plantillas más mermadas, menos partidas destinadas a la investigación y menos inversión.
La Comunidad de Madrid destina tan sólo el 0,43% de su PIB a sus universidades públicas, situándose por debajo de la media nacional del 0,77%. Por otro lado, conviene saber que, por cada euro que se invierte, la universidad pública nos devuelve dos euros en forma de ingresos en otros sectores como vivienda, transporte, cultura, etc… La universidad no es sólo un espacio para la divulgación esencial de la ciencia y del conocimiento, sino en un motor económico de primer orden y de desarrollo social. Por esto la Universidad no debe ser considerada como un gasto, sino como una inversión en el futuro de nuestra juventud y en el de nuestra región. Allí donde se asienta una universidad crece el tejido productivo y se revitaliza la economía, convirtiéndose en eje vertebrador del progreso regional, en espacio de libertad, conocimiento y convivencia, y no como un mero negocio. Esta es la diferencia esencial entre universidades públicas y universidades privadas.
La escasez de plazas en la universidad pública avoca a nuestros jóvenes y a nuestras familias a afrontar las costosas matrículas de la privada. La Comunidad de Madrid tiene el menor gasto por alumno de España, situándose en 7.220€ por alumno, mientras en Comunidad Valenciana o en el País Vasco el gasto se sitúa en 10.300€ y 11.400€, respectivamente. A este respecto, hay que añadir que la inversión en investigación corre a cargo fundamentalmente de las universidades públicas. El 60% de la investigación de la Comunidad es soportada por éstas, constituyéndose en un auténtico motor de la ciencia y acaparando la mayor parte de contratos de transferencia de conocimiento hacia el tejido productivo. Por otro lado, la escasez creciente de oferta de plazas públicas determina decisivamente las notas de acceso a las mismas, siempre al alza, avocando a muchos alumnos a estudiar en las numerosas universidades privadas que se han expandido en Madrid durante los últimos años.
Las plantillas tanto de personal técnico de administración y servicios como las de docentes no se renuevan y envejecen irremediablemente. Los profesores huyen de una universidad que les maltrata, y no sólo económicamente. Les maltrata, sobre todo, en perspectivas de futuro.
En cuanto a la política de becas, la Comunidad de Madrid está por debajo de la media nacional. Tan sólo un 21%, muy por debajo de otras comunidades autónomas, y éstas no llegan precisamente a las familias más necesitadas. Esta política propicia que las personas con menos ingresos tengan dificultad en acceder a la universidad. Los valores de mérito y capacidad también se ven conculcados al estar claramente favorecidos por el factor económico y familiar. Se priva así del mejor ascensor social del que dispone una sociedad: el acceso a la Universidad y al conocimiento.
La Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia de la Comunidad de Madrid (LESUC), la nueva ley que el gobierno del Partido Popular de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, nos pretende imponer llega a sus últimos borradores para perpetuar la situación de infrafinanciación, avanzar en la privatización de las seis universidades públicas de la región y retroceder en los derechos y libertades que tanto han costado conseguir en las últimas décadas por las anteriores generaciones.
Las universidades públicas de Madrid agonizan como resultado de la infrafinanciación y la comunidad más rica en producto interior bruto no apuesta por la enseñanza universitaria, destinando el menor esfuerzo en inversión pública en enseñanza superior de toda España. La nueva LESUC consolida esta situación, merma derechos y libertades, y avoca a las universidades públicas a su estrangulación económica y a su futura privatización.
Decía hace poco nuestro secretario general de PSOE Madrid, Óscar López, que el problema muchas veces es que no sabemos dónde ni a quién mirar, ¿quiénes son los responsables de todo esto? ¿La Universidad es competencia estatal? Nosotros tenemos muy claro quienes “dan a la tecla” para financiar a las universidades públicas y qué cantidad quieren destinar a la misma. Sabemos quiénes pueden revertir esta situación. El gobierno de Ayuso es el responsable de la situación decadente de la universidad pública, por inacción interesada en favor de las universidades privadas.
Por todo ello, han sido convocados por la Coordinadora de las Plataformas en Defensa de las seis Universidades Públicas Madrileñas y apoyada por sindicatos universitarios, dos días de huelga los próximos 26 y 27 de noviembre.
