Los datos confirman que la regulación del alquiler mejora el acceso a la vivienda en comunidades como Cataluña, mientras otras como Madrid se resisten a aplicarla
En los últimos días hemos podido conocer los resultados de la Ley por el Derecho a la Vivienda, aprobada en 2024 por el Gobierno de España, para intervenir en los precios del mercado del alquiler. Son resultados que surgen en regiones donde sí se está aplicando la ley y donde se están declarando zonas de mercado residencial tensionado, como Cataluña, donde hay un gobierno responsable y sensato, que no grita y no hace ruido, y que trata de hacer la vida más fácil a sus vecinos y vecinas.
Un año después de la entrada en vigor de la ley, en las zonas tensionadas de Cataluña se ha reducido el precio de los alquileres en un 3,7%; el conjunto de la comunidad autónoma también se ha visto favorecida por la ley estatal y la reducción ha alcanzado el 3,3%; en Barcelona capital, donde, como en Madrid, se habían disparados los precios, los alquileres se han reducido en un 6,6%. La derecha había alertado de que la intervención del Gobierno en el mercado residencial haría disminuir la oferta de viviendas, pero nada más lejos la realidad: en toda Cataluña hay ya más de 17.000 nuevas viviendas para su alquiler; en Barcelona, más de 3.000.
Resultado opuesto en Madrid ante una misma ley
¿Y qué pasa en Madrid? Pasa que el gobierno más radical de la historia de nuestra comunidad autónoma ha decidido boicotear una ley que es positiva y que sirve para aliviar uno de los principales problemas a que se enfrenta nuestra ciudadanía. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, obsesionado en buscar el choque continuo con el Gobierno de España, ha decidido que la ley no se aplica en la Comunidad de Madrid. Ni siquiera en los municipios que, como Rivas, han solicitado ser declarados como zona de mercado residencial tensionado. Esto implicaría, entre otras cosas, una prórroga extraordinaria y anual de los contratos tras la finalización de los mismos, limitar los nuevos contratos a la renta del anterior, así como limitar los precios del alquiler. Además, los propietarios que se decidieran a alquilar sus viviendas con contratos de larga duración recibirían incentivos fiscales por parte del Ayuntamiento de Rivas.
A una propuesta como esta, que entra de lleno en el problema y que lo hace bajo el paraguas de una ley que funciona allí donde se aplica, el gobierno de la Comunidad de Madrid responde con un portazo. Siempre lo hace cuando se trata de atender las necesidades de la mayoría social y de atender las demandas del Ayuntamiento de Rivas que, una vez más, se ha visto obligado a acudir a los tribunales a defender los derechos de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad. De momento, el TSJM ha admitido a trámite el recurso municipal.
Desde Rivas, seguiremos trabajando en la defensa de los intereses de nuestra ciudad, no solo en lo que tiene que ver con la aplicación de esta Ley Estatal, sino también exigiendo a la Comunidad de Madrid que cumpla con sus competencias en materia de educación, sanidad o transportes, entre otras. El Gobierno Regional debe dejar de tratar a los vecinos y vecinas de Rivas como ciudadanía de segunda y dar respuesta a las necesidades existentes y que son de competencia regional.
