El cierre de sucursales bancarias es un fenómeno que está asolando todo el país y tiene como víctimas, en particular, a la tercera edad y a los núcleos poblacionales más pequeños, pero, en general y por saturación, toda la sociedad se está viendo afectada. A comienzos del pasado año 2021, cerraban en España hasta 8 sucursales de media al día. Un recorte de costes que únicamente repercute positivamente en las cuentas de resultados de estas grandes entidades financieras.
El fin del trato presencial supone para muchas de las personas más mayores o con movilidad reducida la imposibilidad de acceder fácilmente a sus ahorros y pensiones. Los bancos cierran oficinas, pero se despreocupan de los miles de vecinos de avanzada edad que, o carecen de transporte propio, o desconocen unos medios digitales que nunca han tenido que utilizar.
Este fenómeno es una consecuencia más del proceso de concentración bancaria (una “tendencia al monopolio” que diría Marx) que opera hoy en día con más fuerza que nunca y no sólo en banca sino en el resto de grandes sectores económicos: automóvil, telecomunicaciones, aerolíneas, etc. En el caso de la banca encontramos como cada vez existe menos competencia, de hecho, uno de cada tres códigos postales con presencia bancaria en España sólo cuenta con sucursal de una única entidad. Esa posición de monopolio blinda esas malas prácticas de las entidades, pues difícilmente existe la posibilidad de los usuarios de migrar a otra de mejores condiciones.
En Arganda también vivimos las consecuencias de esta deriva. El barrio de Los Villares ha carecido siempre de una entidad bancaria cercana. En la Poveda, el cierre de las dos últimas sucursales ha dejado recientemente al vecindario sin acceso ni a efectivo ni al resto de servicios bancarios. Los otros cierres que han sucedido en Arganda nos llevan a un escenario en el que cada vez hay más usuarios asignados a un número menguante de sucursales.
Las entidades bancarias logran también, por esta vía, una rebaja sustancial de su carga impositiva al erario municipal. No solo a través de una reducción del Impuesto de Bienes Inmuebles que soportan (al utilizar menos espacios sujetos al pago de este impuesto) sino también en cuanto a la tasa por utilización privativa y aprovechamientos especiales del dominio público local, relativa a la ocupación de la vía pública que suponen los cajeros automáticos
Es por ello que rechazamos el anuncio hecho por Guillermo Hita en la línea de rebajar los, ya de facto reducidos, impuestos a las entidades bancarias para “fomentar” la instalación de cajeros automáticos. Un planteamiento que choca con la realidad de que en muchos otros municipios tienen tasas más altas y no por ello se han desmantelado cajeros.
Desde Izquierda Unida Arganda creemos que el Ayuntamiento debe ponerse manos a la obra para, en el margen de sus posibilidades, atajar el creciente problema que supone para tantos y tantos vecinos el acceso a los servicios bancarios que, desgraciadamente, en España se encuentran casi en exclusiva en manos privadas. En este sentido se ha manifestado también el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, quien se ha comprometido a desarrollar actuaciones de oficio en los diferentes sectores de la Administración para asegurar dicha adecuada accesibilidad. Arganda no puede quedarse atrás y tiene que tomar la iniciativa.
Por ello, hoy mismo hemos registrado en el Ayuntamiento la solicitud formal en la que le instamos a:
-Modificar la Ordenanza fiscal reguladora de las tasas por utilización privativa y aprovechamientos especiales del dominio público local (nº11): el artículo 4.3.5 debe adaptarse a la nueva realidad de concentración bancaria, en la que cada vez hay menos cajeros para más usuarios con el consiguiente aumento de la utilización de la vía pública por usuarios de los restantes. Es por ello que la tasa debe aumentarse un 50% hasta los 493,38€ por año, unidad y metro cuadrado. Una cuantía además más acorde a la que se tributa en otras ciudades del país con tasas similares. Con la idea de fomentar la instalación de cajeros, se establecería una diferenciación de zonas según la cual la instalación de cajeros en las zonas carentes de cajeros (Poveda, Villares…) estuviesen exentas de esta subida.
-Modificar la Ordenanza fiscal relativa al Impuesto de Bienes Inmuebles (nº2): en sintonía con el artículo 31 de la Constitución Española, relativo al principio de capacidad económica, necesitamos una modificación de la Ordenanza Fiscal nº2, en su artículo 11, de tal manera que se establezca un tipo diferenciado asociado al uso “Banca y seguros” del 1,1% (y que actualmente tributa como una vivienda más). De manera que la mayor digitalización y concentración bancaria no signifiquen un ahorro sustancial en tributos municipales y nos encaminemos a un sistema impositivo más justo y progresivo.
-Negociación de convenios con las principales entidades bancarias del municipio para:
1) Establecimiento de una “oficina móvil”, para que al menos una vez por semana los barrios de la Poveda y Los Villares cuenten con atención presencial. Una iniciativa que ya se está aplicando con éxito en muchos municipios de la “España vaciada”. Se trata de oficinas instaladas sobre pequeños autobuses en los cuales se pueden hacer las gestiones bancarias básicas.
2) Ampliación del horario del servicio de “caja”, actualmente limitado en varios bancos del municipio normalmente hasta las 11:00. Un horario que, ante el aumento de los usuarios por sucursal, resulta totalmente insuficiente.
3) Establecimiento de cajeros automáticos en instalaciones municipales en los barrios de la Poveda (polideportivo Virgen del Carmen) y Villares (Pista de Atletismo) para asegurar el acceso a dinero en efectivo de los vecinos de dichos barrios. Ahora bien, esta medida debe limitarse a estos espacios de manera que no se incentive que las entidades trasladen dichos dispositivos desde sus sucursales a espacios municipales para evitar el pago de tasas.
4) Realización de charlas a usuarios de la tercera edad en instalaciones municipales. El Ayuntamiento tiene que poner a disposición de las entidades bancarias la cesión de las salas municipales que sean necesarias para que estas con su personal realicen charlas formativas a los usuarios que lo requieran. Las charlas se centrarían en la instalación, uso y mantenimiento de las distintas aplicaciones para “smartphones” que existen para realizar las funciones básicas.
Asamblea Izquierda Unida Arganda
