Rut A. Mijarra relata en este artículo lo sucedido y cómo ha llevado a la convocatoria de movilizaciones como la que tendrá lugar esta tarde en Madrid.
El asesinato de Belén, educadora social en un centro de menores con medidas judiciales de Badajoz, la pasada noche del domingo 9 al lunes 10 de marzo, ha revelado las problemáticas de un Sistema de Servicios Sociales roto que no sostiene las vidas ni de las personas usuarias ni de las trabajadoras.
Este grave suceso ha conmocionado a todas las figuras profesionales del Tercer Sector a lo largo de los territorios del Estado que, han convocado concentraciones de repulsa del asesinato y abordan la precariedad de las condiciones laborales en las que deben desempeñar su trabajo.
Educadora Social: en primera persona
Recuerdo uno de mis primeros empleos en el Tercer Sector, como cuidadora en unas viviendas tuteladas, gestionadas por una entidad pequeña y familiar. Mientras terminaba de estudiar la Diplomatura en Educación Social empecé a trabajar atendiendo de forma asistencial a personas con discapacidades físicas, psíquicas, sensoriales, con algunas características de enfermedad mental grave y crónica; yo tenía unos 20 años, mucha vocación, breve experiencia laboral y poca formación en ese momento.
Si no hubiera sido por la solidaridad entre las compañeras creo que no hubiera aguantado ese trabajo, agotador física y emocionalmente. Sufríamos agresiones físicas casi todas las semanas y no teníamos protocolos de actuación, ni nos sentíamos seguras en el desempeño de nuestro trabajo. La entidad se lavaba las manos mientras nos pagaba 700 € al mes, muchas compañeras dejaban su puesto y buscaban un lugar mejor en el que trabajar, otras eran despedidas, yo aguanté un año.
En mi siguiente trabajo, ya como educadora social, realicé turnos nocturnos en una miniresidencia de salud mental en la sierra de Madrid, también gestionada por una asociación de familiares. Las bajas médicas de profesionales no se cubrían y era habitual ser la única profesional en el turno de noche al cargo de las 50 personas que allí tenían plaza, tanto pública como privada. La miniresidencia estaba dentro de un complejo a las afueras del pueblo, por lo que, si nevaba, el acceso, tanto para entrar como para salir, quedaba bloqueado.
Flores marchitas: miedo, burnout y otros problemas
En este trabajo supervisábamos las tomas de medicación de las personas usuarias del centro, ayudábamos a la preparación de los pastilleros y atendíamos en situaciones de crisis, era nuestra cotidianidad laboral, funciones muchas veces propias de personal sanitario. Nunca sufrí ningún tipo de agresión física pero no era un trabajo sencillo, sentí por primera vez miedo en mi trabajo al ser la única responsable en el turno de noche.
En otra experiencia laboral, en un centro de menores con medidas judiciales de régimen cerrado, mis funciones como educadora se tornaron en funciones de guardia y carcelera, reduciendo cualquier intervención emancipadora y transformadora, limitando nuestra intervención a la realización de talleres de ocio entre los muros de esa prisión y a encerrar cada noche a los chavales presos. Allí el personal educativo sufría el denominado Síndrome de Burnout, todos/as sin excepción, estaban quemados/as. La estructura de la institución y el disciplinamiento no sólo afectaba a los chavales, el equipo educativo también estaba sometido a las violencias institucionales, eran como flores marchitas, se notaba la desesperanza y la desafección.
El trabajo dentro de una institución disciplinaria de estas características acaba con la naturaleza humana de las relaciones, la arquitectura hostil y la lógica de disciplinamiento configuran los vínculos entre las personas que allí se relacionan. Las posibilidades de reeducación son mínimas, el punitivismo, en este sentido, es contrario a la llamada reinserción, que es el supuesto objetivo del cumplimiento de las penas en estos centros, junto a la privación de la libertad.
Una muerte que nos obliga a repensar nuestro trabajo
Un suceso como el acaecido con la compañera genera rabia, ira, dolor, y una regresión a discursos punitivistas, a la securitización, a la incorporación de profesionales de seguridad (vigilantes y otras figuras) en los centros, cuando no a discursos xenófobos y racistas, que buscan en el origen de los menores la explicación. Pero el debate no debe enmarcarse en estos términos, estos marcos simbólicos y de significado sólo nos llevan al racismo y al fascismo.
El debate debe centrarse en la transformación del modelo de Servicios Sociales, de este sistema mixto o híbrido, privatizado, de gestión indirecta, a su remunicipalización, porque sabemos que los servicios sociales funcionan cuando son servicios sociales de proximidad, cuando hay intervención sociocomunitaria, en definitiva, cuando generan comunidad y las personas, las familias tienen sus condiciones materiales cubiertas.
En 2020, las profesionales vimos cómo los centros de servicios sociales fueron ineficaces, pues debían haber sido los puntos de atención referentes no sólo para atender a las personas ya vulnerabilizadas sino a las que por la pandemia, entraron al sistema.
Los dispositivos que se habilitaron en Madrid, por ejemplo, para atender a población en situación de sinhogarismo, fueron gestionados por fondos buitre y allí tanto las personas usuarias como las profesionales se encontraron con situaciones marcadas por la lógica de la mercantilización y del asistencialismo, dejando desprotegidas a ambos perfiles.
Hacer negocio con la vulnerabilidad debería ser algo que nos levantara del sillón, pues todas seremos vulnerables en algún momento de nuestras vidas, es una cuestión biológica, pero también social y comunitaria.
La voluntad política, para los partidos de derecha y ultraderecha, se traduce en la asignación a dedo de los contratos de los recursos y servicios que deben sostener la vida, en el diseño de las políticas públicas, normativas y protocolos. “No se iban a morir igual” las 7291 personas mayores en las residencias, señora Ayuso, en la toma de decisiones, todas las vidas humanas deben ser tratadas con dignidad e igualdad en el acceso a los recursos.
Los Servicios Sociales están marcados por la desigualdad, también entre territorios
En la actualidad el Sistema de Servicios Sociales en España está configurado para que sean las comunidades autónomas las que ordenen e implementen programas, con financiación propia y con financiación del gobierno del Estado. La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales publica anualmente un informe sobre el estado de los Servicios Sociales en las comunidades, habiendo desarrollado el Índice DEC (Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales) que mide y evalúa el desarrollo de las estructuras y presupuestos de este sistema que atiende a más de 8 millones de personas en España, es decir, es un indicativo de la pobreza y de la desigualdad.
Una de sus conclusiones son las grandes diferencias entre las comunidades que suponen una gran desigualdad en las oportunidades reales de hacer efectivos derechos básicos, en función de su lugar de residencia. El gasto por habitante en Servicios Sociales es desigual en cada territorio, pero no sólo importa la diferencia de gasto, sino cómo se gestiona y a qué bolsillos llega.
Belén fue asesinada en un centro de menores gestionado por una empresa privada, a la que otorgaron un pliego sostenido con fondos públicos, quizá fue la entidad que presentó el presupuesto económico más barato y así ganó el concurso frente a otras entidades. Seguramente fueron las relaciones clientelares entre las administraciones públicas y las entidades privadas, entre políticos y empresarios, las que se dieron. Podemos profundizar en esta cuestión en otro artículo.
La cuestión es que tenemos un modelo de Servicios Sociales externalizado, lo que significa privatizado, hemos delegado en entidades de diversa naturaleza (fondos buitre, fundaciones y otras), el cuidado, el sostenimiento de la vida y la transformación social. Y sabemos que este modelo no funciona, este modelo de mal llamada colaboración público-privada está roto y mercantiliza la intervención social, generando una mala cala calidad en la atención a las personas vulnerables, revictimizándolas, y vulnerabilizando a las profesionales.
Dicen las mujeres que cuidan, que cuidan con “cuerpo rotos” mientras realizan actividades esenciales para la vida, cuidando a nuestros mayores, a personas dependientes, a menores, etc.
Las diferentes figuras profesionales de este sector, tan heterogéneo, deben unirse frente a las políticas neoliberales que mercantilizan la vida y que, también son necropolíticas.
Los convenios colectivos deberían recoger medidas de protección de los y las profesionales
En un sector con un convenio estatal marco de Acción e Intervención Social y con multitud de convenios colindantes (dependencia, reforma, etc) los derechos laborales de los y las profesionales están en disputa, pues las entidades en general siguen beneficiándose de la intervención social y las administraciones públicas siguen el modelo del clientelismo y el nepotismo. Tenemos el claro ejemplo de Clece, propiedad de Florentino Pérez que, lo mismo invierte en fútbol, que en servicios sociales.
No podemos dejar que el capitalismo quiebre nuestro Estado de Bienestar, debemos reconocer a los Servicios Sociales como una de las patas fundamentales que sostienen la vida, junto a la Sanidad, la Educación, la Vivienda, las Pensiones.
Belén podíamos haber sido todas, que el dolor, la rabia y la ira que sentimos nos sirvan de motor para organizarnos a construir el modelo que queremos, nos va la vida en ello.
La convocatoria en Madrid, es el jueves 13 de marzo a las 17h frente a la Consejería de Políticas Sociales y Familia.
