La sentencia reconoce la vulneración del derecho a la libertad sindical de un trabajador municipal
El PP Rivas ha pedido al Gobierno municipal que no recurra una reciente sentencia judicial que reconoce la vulneración del derecho fundamental a la libertad sindical de un trabajador municipal. La formación sostiene que el Ejecutivo local ha optado por prolongar el proceso en los tribunales, lo que -a su juicio- supone un uso innecesario de recursos públicos.
Según la nota de prensa de los populares, la resolución da la razón al trabajador afectado, anula la sanción de suspensión de empleo y sueldo y condena al Ayuntamiento al pago de las costas procesales. Tras la sentencia judicial, sostienen desde el PP, el Consistorio ha presentado un recurso de apelación.
Críticas al recurso del Ayuntamiento
La portavoz del PP en Rivas, Janette Novo, ha solicitado información al Ejecutivo para que explique los motivos del recurso, apelando a la transparencia en la gestión pública. “Es inaceptable que, además de vulnerar derechos fundamentales, el Ayuntamiento continúe destinando recursos públicos a prolongar un proceso judicial que ya ha sido resuelto en su contra”, ha señalado.
Impacto económico y responsabilidades
El PP Rivas también pone el foco en el coste económico del proceso. La formación sostiene que mantener la vía judicial puede suponer un gasto adicional para las arcas municipales. En este sentido, reclaman que se depuren responsabilidades políticas por lo ocurrido.
Para Novo, la decisión de recurrir representa “un ataque al bolsillo de los vecinos”, critica con dureza, en referencia al coste del procedimiento judicial que continuará en instancias superiores como el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Contexto del conflicto
El origen del caso se sitúa en la sanción impuesta a un trabajador municipal por ejercer funciones como liberado sindical. La justicia ha considerado que dicha actuación vulneró derechos protegidos constitucionalmente, lo que ha derivado en la anulación de la sanción.
Con este escenario, el PP Rivas insiste en que el Ayuntamiento debe abandonar su estrategia de recurso y acatar la sentencia judicial, cerrando así el conflicto.
